La iniciativa surge después de que la Corte Suprema rechazara el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento en los estados. Sus críticos advierten que la medida profundizaría la desigualdad política y jurídica que enfrentan Puerto Rico y otros territorios.
Por la Redacción de Nuestra América Magazine
SAN JUAN, Puerto Rico.— Legisladores republicanos impulsan una nueva iniciativa para limitar la ciudadanía estadounidense por nacimiento en Puerto Rico y otros territorios, luego de que la Corte Suprema rechazara el intento del presidente Donald Trump de restringir ese derecho mediante una orden ejecutiva.
La propuesta, denominada End Birthright Citizenship for Territories Act, fue presentada por el representante republicano Morgan Griffith, de Virginia. El proyecto limitaría la ciudadanía automática en Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes estadounidenses y las Islas Marianas del Norte a los niños que nazcan de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. De aprobarse, comenzaría a aplicarse a los nacimientos ocurridos a partir de enero de 2027.
Actualmente, las personas nacidas en esos cuatro territorios reciben la ciudadanía estadounidense mediante leyes aprobadas por el Congreso. American Samoa constituye la excepción: quienes nacen allí son considerados nacionales estadounidenses, pero no ciudadanos automáticos.
Una nueva estrategia después de una derrota judicial
El proyecto apareció semanas después de que la Corte Suprema, en una decisión de seis votos contra tres, concluyera que la orden de Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento violaba la Decimocuarta Enmienda. La orden presidencial pretendía negar el reconocimiento de ciudadanía a niños nacidos en los estados cuando ninguno de sus padres fuera ciudadano estadounidense o residente permanente.
Sin embargo, esa decisión se refería al alcance constitucional de la ciudadanía en los 50 estados y Washington, D.C. Los promotores de la nueva legislación argumentan que la situación jurídica de los territorios es diferente porque allí la ciudadanía fue concedida por estatuto federal y, por lo tanto, podría ser modificada por el Congreso mediante una ley ordinaria.
Griffith afirma que su propuesta pretende combatir el llamado “turismo de nacimiento”, mediante el cual algunas personas viajarían a territorio estadounidense para que sus hijos obtengan la ciudadanía al nacer. No obstante, especialistas y defensores de los derechos civiles cuestionan que el proyecto pueda crear una categoría inferior de personas nacidas bajo soberanía estadounidense.
El peso de los Casos Insulares
La distinción legal entre los estados y los territorios se remonta a los controvertidos Casos Insulares, una serie de decisiones de la Corte Suprema de comienzos del siglo XX que establecieron que no todas las protecciones de la Constitución se aplican plenamente en los territorios no incorporados.
Los críticos de esas decisiones sostienen que fueron construidas sobre conceptos coloniales y raciales propios de la época, y que todavía permiten al Congreso ejercer poderes extraordinarios sobre millones de personas que viven bajo la soberanía estadounidense, pero sin representación plena en el gobierno federal. El proyecto sobre ciudadanía vuelve a colocar ese legado en el centro del debate.
Diez años de PROMESA
La controversia coincide con el décimo aniversario de la Ley PROMESA, aprobada por el Congreso y firmada el 30 de junio de 2016 durante la presidencia de Barack Obama.
PROMESA creó una Junta de Supervisión Fiscal designada a nivel federal para controlar las finanzas públicas de Puerto Rico y dirigir la reestructuración de su deuda. La Junta posee autoridad para revisar presupuestos, contratos, legislación y transacciones financieras del gobierno puertorriqueño.
La ley fue aprobada como respuesta a la crisis fiscal de la isla, pero ha generado una fuerte oposición por sus efectos sobre la autonomía democrática y por las medidas de austeridad relacionadas con su aplicación. Para sus críticos, la existencia de una junta no elegida por los puertorriqueños constituye una demostración de la condición colonial o territorial subordinada de Puerto Rico.
Ciudadanía sin igualdad política
Las personas nacidas en Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses, pueden servir en las Fuerzas Armadas y trasladarse libremente a los estados. Sin embargo, mientras residen en la isla no pueden votar por el presidente en las elecciones generales y solo cuentan en el Congreso con un comisionado residente sin voto final en la Cámara de Representantes.
El nuevo debate sobre la ciudadanía pone de manifiesto una contradicción histórica: el Congreso que concedió por ley la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños también reclama la facultad de modificar las condiciones bajo las cuales se adquiere ese derecho en la isla.
La discusión trasciende, por tanto, el llamado turismo de nacimiento. Plantea una pregunta más profunda sobre Puerto Rico y los demás territorios: ¿puede una ciudadanía depender de decisiones tomadas por un Congreso en el que sus habitantes carecen de representación política plena?
Fuentes consultadas
- Oficina del representante Morgan Griffith: texto y explicación oficial de la End Birthright Citizenship for Territories Act.
- Reuters: decisión de la Corte Suprema sobre ciudadanía por nacimiento.
- Oficina del Inspector General de Puerto Rico: alcance y facultades de la Ley PROMESA.
- Democracy Now!: entrevista y análisis sobre el proyecto y el décimo aniversario de PROMESA.
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