ICE arresta un promedio de 1,000 personas por día.
El 51% de las personas arrestadas no tenía condenas ni cargos penales pendientes, según un análisis de datos gubernamentales
Por la Redacción de Nuestra América Magazine
WASHINGTON.— El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) registró 49,571 arrestos administrativos durante julio, el mayor total mensual del segundo mandato del presidente Donald Trump.
La cifra representa un aumento del 15% frente a los 43,021 arrestos registrados en junio y un incremento del 70% respecto a los 29,241 reportados en febrero, según datos gubernamentales obtenidos por el Deportation Data Project, con sede en las universidades de California en Berkeley y Los Ángeles, y analizados por The Associated Press.
El total de julio equivale a cerca de 1,600 arrestos diarios. Durante el mismo mes, aproximadamente 34,000 personas fueron expulsadas de Estados Unidos, un promedio cercano a 1,100 por día. Los arrestos y las expulsiones son indicadores diferentes y no deben interpretarse como una secuencia directa que necesariamente involucra a las mismas personas.
Cambió el perfil de las personas arrestadas
Los registros también muestran un cambio significativo en el historial penal de las personas alcanzadas por los operativos.
Durante julio, el 51% de las personas arrestadas no tenía condenas ni cargos penales pendientes. Menos de una cuarta parte había sido condenada por algún delito.
El porcentaje del 51% se refiere específicamente a las personas arrestadas durante julio. No representa una fotografía de toda la población que se encontraba bajo custodia de ICE en una fecha determinada.
Aproximadamente la mitad de los arrestos fueron clasificados como no custodiales. Esto significa que ocurrieron dentro de las comunidades y no mediante el traslado de personas que ya se encontraban bajo custodia de cárceles, prisiones u otras autoridades.
No tener una condena ni cargos penales pendientes no determina, por sí solo, la situación migratoria de una persona. Los arrestos administrativos de ICE corresponden a la aplicación de la legislación migratoria civil y no requieren necesariamente la existencia de un proceso penal.
Crece la participación de autoridades estatales y locales
Las instituciones estatales y locales que mantienen acuerdos de cooperación con ICE participaron en aproximadamente 6,500 arrestos durante julio, equivalentes al 13% del total nacional.
Un año antes, estas colaboraciones representaban menos del 5% de los arrestos mensuales. Texas y Florida concentraron conjuntamente cerca de 20,000 arrestos durante julio.
Parte de esta cooperación se realiza mediante los acuerdos conocidos como 287(g), que permiten que determinadas autoridades estatales y locales desempeñen funciones de control migratorio bajo la supervisión de ICE.
También se han reportado arrestos durante paradas de tránsito, citas obligatorias en oficinas de ICE, operativos en las cercanías de viviendas y procedimientos realizados en aeropuertos.
La posición del gobierno y los datos
La administración Trump sostiene que sus operativos tienen como propósito hacer cumplir la legislación federal y proteger la seguridad pública. En sus comunicados, ICE suele destacar los arrestos y expulsiones de personas condenadas por delitos graves.
Sin embargo, los datos de julio demuestran que la expansión de los operativos también alcanzó a un número considerable de personas sin condenas ni cargos penales registrados.
Esta diferencia entre el discurso gubernamental y la composición de los arrestos ha intensificado el debate sobre las prioridades, los métodos y el alcance de la política migratoria.
Cuestionamientos sobre las facultades legales
Un análisis jurídico independiente publicado en febrero por el American Immigration Council examina los límites de las facultades de los agentes migratorios en paradas vehiculares y peatonales, entradas a domicilios, arrestos sin orden judicial, operativos laborales y uso de la fuerza.
La organización sostiene que algunas prácticas actuales exceden las facultades concedidas por la ley o se apoyan en interpretaciones excesivamente amplias de la legislación federal.
Por ejemplo, el informe señala que los agentes federales de inmigración no poseen autoridad general para detener un vehículo únicamente por una infracción ordinaria de tránsito estatal. Una intervención federal normalmente requiere sospecha razonable de una violación de la ley federal o de la legislación migratoria civil.
Las autoridades estatales y locales, incluidas aquellas que participan en programas 287(g), pueden actuar bajo facultades diferentes.
Las conclusiones del American Immigration Council constituyen el análisis jurídico y la posición de esa organización. Determinar si un operativo específico fue ilegal depende de sus circunstancias y, cuando corresponda, de la revisión de los tribunales.
Transparencia de los datos
El Deportation Data Project obtiene registros individuales de las agencias federales principalmente mediante solicitudes y litigios amparados por la Ley de Libertad de Información.
Esta labor ha adquirido mayor importancia desde que el Departamento de Seguridad Nacional redujo la publicación regular de información detallada sobre sus operativos.
ICE mantiene páginas públicas de estadísticas, pero las definiciones, los periodos examinados y las posteriores revisiones de los datos deben considerarse al comparar arrestos, detenciones y expulsiones.
Fuentes
Associated Press: ICE arrests jumped to nearly 50,000 in July
The Guardian: ICE arrested 50,000 people in July
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