Colombia endurece su política migratoria y abre un debate sobre seguridad y derechos
La Redacción de Nuestra América Magazine
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó iniciar operativos para identificar a extranjeros presuntamente relacionados con actividades delictivas y revisar la situación de quienes permanezcan en el país sin haber regularizado su condición migratoria.
La estrategia comenzará en Barranquilla y podría representar un giro más restrictivo en la política colombiana hacia la migración, particularmente la procedente de Venezuela.
El anuncio se produjo durante un consejo de seguridad celebrado en la capital del departamento del Atlántico. De la Espriella instruyó a Migración Colombia y a la Policía Nacional para comenzar los procedimientos esta misma semana.
Según explicó el mandatario, la primera prioridad serán los extranjeros presuntamente involucrados en delitos. Posteriormente, las autoridades verificarán la situación de las personas que carezcan de autorización para permanecer en Colombia.
El plan forma parte de una estrategia de seguridad más amplia para Barranquilla, que también contempla acciones contra la extorsión, el microtráfico, el hurto y el homicidio. El Gobierno busca utilizar la ciudad como escenario inicial antes de considerar la aplicación de estas medidas en otras regiones.
Una población mayoritariamente regularizada
Colombia alberga la mayor población venezolana fuera de Venezuela. La agencia Associated Press informó que alrededor de 2,8 millones de venezolanos residían en territorio colombiano y que cerca de 2,3 millones habían recibido permisos temporales de residencia mediante el programa de protección establecido en 2021.
Una medición citada por El Colombiano, con corte a enero de 2026, situó la población venezolana en 2,84 millones de personas. Según ese registro, aproximadamente el 82 por ciento tenía una condición migratoria regular y cerca de 500,000 permanecían en situación irregular.
Otra estimación, atribuida por medios colombianos al investigador Ronal Rodríguez, del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, elevó a 847,000 el número de venezolanos en situación irregular con corte a junio de 2026. Dentro de esa población habría aproximadamente 193,000 niños, niñas y adolescentes.
Las dos cantidades no deben presentarse como cifras directamente equivalentes ni utilizarse para afirmar que la irregularidad aumentó en una proporción determinada. Provienen de fuentes distintas, corresponden a fechas de corte diferentes y no se ha publicado una metodología común que permita compararlas.
La diferencia podría estar relacionada con actualizaciones de los registros, permisos vencidos, solicitudes pendientes o distintas formas de clasificar la situación migratoria. Sin información metodológica completa, no es posible determinar cuánto corresponde a cada factor.
Las cifras disponibles sí permiten concluir que una parte mayoritaria de la población venezolana ha obtenido algún mecanismo de regularización. También obligan a diferenciar entre irregularidad migratoria y delincuencia.
Permanecer en Colombia sin una autorización vigente constituye una situación administrativa que puede dar lugar a sanciones migratorias, pero no demuestra por sí sola que una persona haya cometido un delito.
Deportaciones y expulsiones no son automáticas
Migración Colombia informó que entre agosto de 2022 y el 30 de junio de 2026 se efectuaron 3,389 deportaciones y 2,576 expulsiones de ciudadanos extranjeros.
Las principales causas de deportación fueron la permanencia irregular, el ingreso o salida del país sin cumplir los controles establecidos y la utilización de documentación fraudulenta. Las expulsiones estuvieron relacionadas principalmente con riesgos para la seguridad nacional o el orden público, requerimientos de autoridades extranjeras, documentación falsa y condenas penales.
Aunque ambos procedimientos pueden terminar con la salida de una persona del territorio colombiano, no son jurídicamente idénticos. La deportación es una sanción administrativa que generalmente admite recursos y puede impedir el reingreso durante un periodo de seis meses a diez años. La expulsión es una medida más grave y puede prohibir el regreso durante un mínimo de cinco años.
La Corte Constitucional colombiana ha establecido que las autoridades migratorias deben estudiar individualmente las circunstancias de cada persona y respetar los derechos de defensa y contradicción. También deben evaluar la proporcionalidad de la medida, los vínculos familiares, el interés superior de los menores y las posibilidades legales de regularización.
Por tanto, una orden política general no autoriza deportaciones colectivas o automáticas. Migración Colombia debe iniciar el procedimiento administrativo correspondiente, identificar la causal aplicable y permitir que la persona conozca y responda a la decisión de la autoridad.
En los casos relacionados con solicitantes de refugio también debe respetarse el principio de no devolución, que prohíbe enviar a una persona a un país donde pueda enfrentar persecución u otros peligros graves.
Un desafío operativo
La magnitud anunciada representa además un desafío para Migración Colombia. Especialistas consultados por medios nacionales advirtieron que la institución podría no disponer del personal, la infraestructura ni los espacios transitorios necesarios para realizar procedimientos masivos.
Colombia comparte una frontera de más de 2,200 kilómetros con Venezuela, lo que hace especialmente compleja la vigilancia y administración de los desplazamientos entre ambos países.
Las autoridades también deberán definir cómo protegerán a las personas que requieren atención especial, particularmente menores de edad, familias con integrantes colombianos, solicitantes de refugio y víctimas de violencia o persecución.
Seguridad sin estigmatización
El debate no gira alrededor de si Colombia puede hacer cumplir sus normas migratorias. El Estado ya cuenta con facultades para sancionar, deportar o expulsar extranjeros cuando se configuran las causas previstas por la legislación.
La discusión se concentra en el alcance de los operativos, las garantías que recibirán las personas afectadas y el riesgo de asociar públicamente a toda una comunidad migrante con la criminalidad.
Una política de seguridad puede investigar y perseguir conductas delictivas sin formular generalizaciones basadas en la nacionalidad o el estatus migratorio. Para evaluar los resultados será necesario conocer cuántas personas son detenidas, cuáles son los fundamentos jurídicos de cada procedimiento y cuántas decisiones concluyen efectivamente en deportación o expulsión.
Por ahora, el anuncio constituye una directriz política cuyo alcance práctico todavía debe demostrarse. Su legitimidad dependerá no solamente de los resultados en materia de seguridad, sino también de la transparencia de los procedimientos y del respeto a las garantías individuales.
Fuentes informativas
- Associated Press: anuncio de operativos y deportaciones
- El Colombiano: operativos inicialmente en Barranquilla y cifras de enero
- El Tiempo: capacidad institucional y estimación correspondiente a junio
- Migración Colombia: balance oficial de deportaciones y expulsiones
- Corte Constitucional: debido proceso en procedimientos migratorios
- Corte Constitucional: garantías para solicitantes de refugio
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