MÉXICO: Detienen a exgobernador de Guerrero por presunto encubrimiento en el caso Ayotzinapa

Ángel Aguirre Rivero enfrenta acusaciones de haber ocultado evidencia relacionada con la desaparición de los 43 normalistas ocurrida en 2014.

Por la Redacción de Nuestra América Magazine

CIUDAD DE MÉXICO.— Más de una década después de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural "Raúl Isidro Burgos" de Ayotzinapa, la Fiscalía General de la República (FGR) detuvo al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, acusado de presuntamente ocultar evidencia que habría contribuido al esclarecimiento del caso, considerado uno de los mayores escándalos de derechos humanos en la historia reciente de México.

La FGR informó que la captura forma parte de un nuevo modelo de investigación basado en el reanálisis de expedientes y nuevas diligencias realizadas durante los últimos meses. Según la autoridad federal, las investigaciones permitieron establecer elementos que apuntan a la posible participación del exmandatario estatal en el ocultamiento de pruebas relacionadas con el paradero de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

Aguirre Rivero gobernó Guerrero entre 2011 y 2014 y renunció al cargo pocas semanas después de la desaparición de los normalistas, en medio de una fuerte presión política y social derivada del caso Ayotzinapa. Desde entonces había negado cualquier participación en la destrucción u ocultamiento de pruebas relacionadas con la investigación.

La desaparición de los 43 estudiantes se convirtió en un símbolo internacional de la impunidad y de la presunta colusión entre autoridades gubernamentales, fuerzas de seguridad y grupos del crimen organizado. Las investigaciones posteriores han señalado la posible participación de policías municipales, integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos y la presunta intervención u omisión de diversas autoridades estatales y federales.

A pesar de múltiples investigaciones, cambios de gobierno y decenas de detenciones, el caso continúa sin resolverse plenamente. Hasta ahora, únicamente los restos de tres estudiantes han sido identificados mediante pruebas científicas, mientras persisten interrogantes sobre el destino de los demás jóvenes y el alcance de la responsabilidad de funcionarios públicos y cuerpos de seguridad.

La detención de Aguirre Rivero representa uno de los arrestos de mayor nivel político desde el procesamiento del exprocurador general Jesús Murillo Karam, acusado de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia por la llamada "verdad histórica", versión oficial que posteriormente fue desacreditada por nuevas investigaciones.

Para los familiares de los estudiantes desaparecidos, el arresto constituye un paso importante, aunque insisten en que la prioridad sigue siendo conocer el destino de los 43 jóvenes y llevar ante la justicia a todos los responsables materiales e intelectuales del caso.

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Fuentes consultadas

• Associated Press (AP) – A decade after 43 students vanished in Mexico, ex-governor arrested, accused of concealing evidence.
• El País (México) – Detenido Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero, por ocultar evidencia del caso Ayotzinapa.
• Fiscalía General de la República (FGR) – Información oficial sobre la detención y el nuevo modelo de investigación, citada en reportes periodísticos. 

PUERTO RICO: Proyecto republicano busca limitar la ciudadanía por nacimiento en los territorios de Estados Unidos

La iniciativa surge después de que la Corte Suprema rechazara el intento del presidente Donald Trump de restringir la ciudadanía por nacimiento en los estados. Sus críticos advierten que la medida profundizaría la desigualdad política y jurídica que enfrentan Puerto Rico y otros territorios.

Por la Redacción de Nuestra América Magazine

SAN JUAN, Puerto Rico.— Legisladores republicanos impulsan una nueva iniciativa para limitar la ciudadanía estadounidense por nacimiento en Puerto Rico y otros territorios, luego de que la Corte Suprema rechazara el intento del presidente Donald Trump de restringir ese derecho mediante una orden ejecutiva.

La propuesta, denominada End Birthright Citizenship for Territories Act, fue presentada por el representante republicano Morgan Griffith, de Virginia. El proyecto limitaría la ciudadanía automática en Puerto Rico, Guam, las Islas Vírgenes estadounidenses y las Islas Marianas del Norte a los niños que nazcan de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. De aprobarse, comenzaría a aplicarse a los nacimientos ocurridos a partir de enero de 2027.

Actualmente, las personas nacidas en esos cuatro territorios reciben la ciudadanía estadounidense mediante leyes aprobadas por el Congreso. American Samoa constituye la excepción: quienes nacen allí son considerados nacionales estadounidenses, pero no ciudadanos automáticos.

Una nueva estrategia después de una derrota judicial

El proyecto apareció semanas después de que la Corte Suprema, en una decisión de seis votos contra tres, concluyera que la orden de Trump para restringir la ciudadanía por nacimiento violaba la Decimocuarta Enmienda. La orden presidencial pretendía negar el reconocimiento de ciudadanía a niños nacidos en los estados cuando ninguno de sus padres fuera ciudadano estadounidense o residente permanente.

Sin embargo, esa decisión se refería al alcance constitucional de la ciudadanía en los 50 estados y Washington, D.C. Los promotores de la nueva legislación argumentan que la situación jurídica de los territorios es diferente porque allí la ciudadanía fue concedida por estatuto federal y, por lo tanto, podría ser modificada por el Congreso mediante una ley ordinaria.

Griffith afirma que su propuesta pretende combatir el llamado “turismo de nacimiento”, mediante el cual algunas personas viajarían a territorio estadounidense para que sus hijos obtengan la ciudadanía al nacer. No obstante, especialistas y defensores de los derechos civiles cuestionan que el proyecto pueda crear una categoría inferior de personas nacidas bajo soberanía estadounidense.

El peso de los Casos Insulares

La distinción legal entre los estados y los territorios se remonta a los controvertidos Casos Insulares, una serie de decisiones de la Corte Suprema de comienzos del siglo XX que establecieron que no todas las protecciones de la Constitución se aplican plenamente en los territorios no incorporados.

Los críticos de esas decisiones sostienen que fueron construidas sobre conceptos coloniales y raciales propios de la época, y que todavía permiten al Congreso ejercer poderes extraordinarios sobre millones de personas que viven bajo la soberanía estadounidense, pero sin representación plena en el gobierno federal. El proyecto sobre ciudadanía vuelve a colocar ese legado en el centro del debate.

Diez años de PROMESA

La controversia coincide con el décimo aniversario de la Ley PROMESA, aprobada por el Congreso y firmada el 30 de junio de 2016 durante la presidencia de Barack Obama.

PROMESA creó una Junta de Supervisión Fiscal designada a nivel federal para controlar las finanzas públicas de Puerto Rico y dirigir la reestructuración de su deuda. La Junta posee autoridad para revisar presupuestos, contratos, legislación y transacciones financieras del gobierno puertorriqueño.

La ley fue aprobada como respuesta a la crisis fiscal de la isla, pero ha generado una fuerte oposición por sus efectos sobre la autonomía democrática y por las medidas de austeridad relacionadas con su aplicación. Para sus críticos, la existencia de una junta no elegida por los puertorriqueños constituye una demostración de la condición colonial o territorial subordinada de Puerto Rico.

Ciudadanía sin igualdad política

Las personas nacidas en Puerto Rico son ciudadanos estadounidenses, pueden servir en las Fuerzas Armadas y trasladarse libremente a los estados. Sin embargo, mientras residen en la isla no pueden votar por el presidente en las elecciones generales y solo cuentan en el Congreso con un comisionado residente sin voto final en la Cámara de Representantes.

El nuevo debate sobre la ciudadanía pone de manifiesto una contradicción histórica: el Congreso que concedió por ley la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños también reclama la facultad de modificar las condiciones bajo las cuales se adquiere ese derecho en la isla.

La discusión trasciende, por tanto, el llamado turismo de nacimiento. Plantea una pregunta más profunda sobre Puerto Rico y los demás territorios: ¿puede una ciudadanía depender de decisiones tomadas por un Congreso en el que sus habitantes carecen de representación política plena?

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Fuentes consultadas

• Oficina del representante Morgan Griffith: texto y explicación oficial de la End Birthright Citizenship for Territories Act.
• Reuters: decisión de la Corte Suprema sobre ciudadanía por nacimiento.
• Oficina del Inspector General de Puerto Rico: alcance y facultades de la Ley PROMESA.
• Democracy Now!: entrevista y análisis sobre el proyecto y el décimo aniversario de PROMESA. 

EE.UU. enfrenta demanda por presunta aceleración de deportaciones de menores migrantes

Una organización de asistencia legal acusa a la administración Trump de priorizar la expulsión de niños que llegaron solos a Estados Unidos y de limitar sus oportunidades de solicitar protección migratoria.

Por la Redacción de Nuestra América Magazine

WASHINGTON, D.C.— Una organización de asistencia legal para inmigrantes presentó una demanda federal contra la administración del presidente Donald Trump, acusándola de impulsar una política de "deportación a toda costa" que estaría afectando especialmente a menores migrantes que ingresaron solos a Estados Unidos.

La demanda fue presentada por Jewish Family and Community Services of Pittsburgh (JFCS) en representación de seis menores inmigrantes y sostiene que los recientes cambios en el funcionamiento de los tribunales de inmigración están acelerando los procesos de deportación de niños y adolescentes que llegaron al país sin la compañía de sus padres o tutores legales.

Según los demandantes, muchos de estos menores son víctimas de abuso, abandono, negligencia o trata de personas y, bajo la legislación estadounidense, podrían reunir los requisitos para obtener protecciones migratorias especiales. Sin embargo, la demanda afirma que los nuevos procedimientos judiciales reducen considerablemente el tiempo disponible para presentar esas solicitudes y defender sus casos ante un juez.

El documento judicial señala:

"Este caso trata sobre las personas más vulnerables de nuestro sistema de inmigración: menores que han sido abusados, abandonados, descuidados y víctimas de la trata de personas. Uno supondría que una prioridad de nuestro sistema de inmigración sería, al menos, proteger a estos menores. Sin embargo, proteger a los menores vulnerables entra en conflicto con una agenda que promueve la 'deportación a toda costa'".

Los demandantes sostienen que las audiencias judiciales están siendo programadas con muy poca anticipación y que las solicitudes de prórroga para reunir pruebas o completar trámites migratorios son rechazadas con mayor frecuencia. Como consecuencia, algunos menores enfrentarían órdenes de deportación antes de que puedan acceder a beneficios previstos por la ley, como el Estatus Especial para Inmigrantes Juveniles (SIJ) o visas destinadas a víctimas de trata de personas.

La demanda surge en un momento en que diversas organizaciones también han expresado preocupación por la reducción de los servicios legales financiados por el gobierno para menores migrantes no acompañados. El vencimiento de contratos federales con organizaciones que brindaban representación jurídica podría dejar a decenas de miles de niños enfrentando procedimientos migratorios sin asistencia legal especializada.

Hasta el momento, el gobierno federal no ha respondido formalmente a las acusaciones contenidas en la demanda. Las autoridades han defendido en otras ocasiones sus políticas migratorias argumentando que buscan aplicar la ley de manera uniforme y reforzar el control de la inmigración irregular.

El caso será ahora analizado por un tribunal federal, que deberá determinar si las políticas impugnadas vulneran las garantías procesales y los derechos reconocidos por la legislación estadounidense a los menores migrantes que llegan solos al país.

ESTADOS UNIDOS – CUBA La CIA crea una nueva fuerza de tarea para Cuba en medio del endurecimiento de la política de Washington

Reportes de prensa señalan que la agencia de inteligencia busca aumentar la presión sobre el gobierno cubano mediante una estrategia de inteligencia y operaciones encubiertas.

Por la Redacción de Nuestra América Magazine

WASHINGTON, D.C.— La Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) ha creado una nueva fuerza de tarea dedicada exclusivamente a Cuba, una decisión que refleja el renovado interés de la administración del presidente Donald Trump por intensificar la presión sobre el gobierno de La Habana.

De acuerdo con un reportaje publicado por The New York Times, la nueva unidad tendría como objetivo concentrar recursos de inteligencia para analizar y explotar posibles divisiones dentro de la dirigencia política cubana, con la expectativa de favorecer el surgimiento de líderes considerados más pragmáticos y abiertos a una eventual negociación con Washington. El periódico señala que la estrategia busca ejercer presión sobre los sectores más duros del gobierno cubano mediante operaciones de inteligencia y otras herramientas propias de la agencia.

Por su parte, Politico informó recientemente que Estados Unidos ha incrementado sus recursos de inteligencia relacionados con Cuba en los últimos meses. Citando a personas familiarizadas con la estrategia, la publicación sostiene que Washington habría reforzado la presencia de activos de inteligencia en la isla como parte de una política dirigida a promover cambios dentro del régimen comunista.

Ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada oficialmente por la CIA, que tradicionalmente evita comentar sobre operaciones de inteligencia. Tampoco el gobierno cubano ha respondido públicamente a los detalles de los reportes periodísticos.

Una larga historia de confrontación

La relación entre la CIA y Cuba ha estado marcada por más de seis décadas de confrontación desde el triunfo de la Revolución Cubana en 1959.

Uno de los episodios más conocidos ocurrió en abril de 1961, cuando la agencia respaldó la fallida invasión de Bahía de Cochinos, organizada con exiliados cubanos entrenados por Estados Unidos con el propósito de derrocar al gobierno de Fidel Castro.

Posteriormente, documentos desclasificados revelaron numerosos intentos de operaciones encubiertas dirigidas contra el liderazgo cubano, incluidos diversos planes para asesinar a Fidel Castro, ninguno de los cuales logró su objetivo.

Durante la Guerra Fría, Cuba se convirtió en uno de los principales escenarios de confrontación entre Washington y Moscú, situación que dio origen a décadas de espionaje, contrainteligencia y sanciones económicas que aún marcan la relación bilateral.

Un nuevo capítulo

Para analistas internacionales, la creación de esta nueva fuerza de tarea sugiere que Washington considera a Cuba nuevamente como una prioridad dentro de su estrategia hemisférica.

Según The New York Times, la conformación de esta unidad refleja la preparación de la CIA para una campaña de inteligencia que podría prolongarse durante varios años, orientada a incrementar la presión política sobre el gobierno cubano.

Sin embargo, especialistas advierten que la historia demuestra que las operaciones encubiertas desarrolladas contra La Habana durante las últimas seis décadas no lograron provocar un cambio de régimen y, en muchos casos, fortalecieron el discurso de resistencia del gobierno cubano frente a Estados Unidos.

Mientras la administración Trump mantiene su política de máxima presión sobre Cuba, los nuevos movimientos de la CIA abren un nuevo capítulo en una de las rivalidades políticas e ideológicas más prolongadas del continente americano.

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Fuentes consultadas

• The New York Times – Reporte sobre la creación de una nueva fuerza de tarea de la CIA para Cuba.
• Politico – Información sobre el incremento de recursos de inteligencia de Estados Unidos relacionados con Cuba.
• Office of the Historian, U.S. Department of State – Documentación histórica sobre la invasión de Bahía de Cochinos y las operaciones encubiertas de la CIA contra Cuba. 

Estados Unidos debate una ley que despierta temores sobre un mayor Estado de vigilancia

 

La iniciativa CORCA busca combatir el robo organizado, pero organizaciones civiles advierten que podría ampliar las capacidades de vigilancia e intercambio de información del Departamento de Seguridad Nacional y de ICE.

Por Redacción de Nuestra América Magazine

WASHINGTON, D.C.— Un proyecto de ley que avanza en el Congreso de Estados Unidos ha reavivado el debate sobre el delicado equilibrio entre la seguridad pública y las libertades civiles. La iniciativa, conocida como Combating Organized Retail Crime Act (CORCA), fue aprobada por la Cámara de Representantes por una amplia mayoría y ahora continúa su proceso legislativo en el Senado. Sus promotores aseguran que permitirá combatir con mayor eficacia las redes de robo organizado que afectan al comercio minorista y a las cadenas de suministro, mientras que sus críticos consideran que podría ampliar significativamente las facultades de vigilancia del gobierno federal.

El proyecto contempla la creación de un Centro de Coordinación contra el Crimen Organizado en el Comercio Minorista y la Cadena de Suministro dentro del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), bajo la estructura de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), una división del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con sus patrocinadores, el objetivo es fortalecer la cooperación entre agencias federales, estatales y locales, mejorar el intercambio de información y dotar a las autoridades de nuevas herramientas para desmantelar organizaciones criminales que operan a través de múltiples estados o incluso a nivel internacional.

Los defensores de la iniciativa sostienen que el robo organizado ya no consiste en simples casos de hurto en tiendas, sino en redes altamente estructuradas que generan pérdidas millonarias para empresas y consumidores, afectan las cadenas de suministro y, en algunos casos, financian otras actividades delictivas. Por ello, importantes asociaciones empresariales, comercios, empresas de transporte y organizaciones policiales han manifestado públicamente su respaldo a la legislación.

Sin embargo, organizaciones dedicadas a la defensa de las libertades civiles y de los derechos de los inmigrantes sostienen que la propuesta podría ir mucho más allá del combate al robo organizado. Advierten que el fortalecimiento de los mecanismos de intercambio de información entre empresas privadas y agencias federales, junto con el papel central que tendría ICE en el nuevo centro de coordinación, podría incrementar la capacidad del gobierno para recopilar, compartir y analizar datos personales de millones de personas. Estas organizaciones temen que dichas herramientas terminen utilizándose en operaciones de control migratorio o en programas de vigilancia más amplios, especialmente en el contexto de las políticas migratorias impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.

El debate ha llevado a algunos analistas y defensores de la privacidad a recordar la célebre novela 1984, del escritor británico George Orwell. En esa obra, publicada en 1949, el personaje del "Gran Hermano" (Big Brother) representa a un Estado que observa permanentemente a sus ciudadanos bajo la advertencia: "Big Brother is watching you" ("El Gran Hermano te está observando").

La analogía no implica que la legislación reproduzca el mundo imaginado por Orwell. Sin embargo, vuelve a plantear una pregunta que ha acompañado durante décadas a las democracias modernas: ¿hasta dónde puede ampliarse el poder del Estado en nombre de la seguridad sin poner en riesgo el derecho a la privacidad y las libertades individuales?

Mientras el Senado decide el futuro de CORCA, la discusión ha dejado de centrarse únicamente en el combate al robo organizado. Para muchos legisladores y organizaciones civiles, el verdadero debate consiste en determinar si las nuevas herramientas tecnológicas y de inteligencia otorgadas al gobierno podrían terminar ampliando el aparato de vigilancia federal más allá del propósito para el que fueron concebidas.

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Fuentes consultadas

• Cámara de Representantes de Estados Unidos – Aprobación de la Combating Organized Retail Crime Act (CORCA).
• Comité Judicial del Senado de Estados Unidos – Información oficial sobre la iniciativa y su avance legislativo.
• Oficina del senador Chuck Grassley – Respaldo de organizaciones empresariales y cuerpos policiales a la legislación.
• Vera Action – Posición crítica de organizaciones de derechos civiles respecto al proyecto.

La llamada Cuarta Transformación, es en realidad la cuarta etapa de una larga tiranía

 Joel Ortega Juárez

Es necesario ver más lejos: de dónde venimos, hasta dónde llegamos en la transición y cómo se ha restaurado la dictadura perfecta. Estos apuntes intentan salir de la rutina, del coro cotidiano al que nos someten las trapacerías diarias del régimen autoritario de la llamada Cuarta Transformación, que es en realidad la cuarta etapa de una larga tiranía de más de un siglo, que llevó al país al desastre.

El insomnio es un placer y una tortura. El lugar común de los políticos: “yo duermo a pierna suelta, no tengo cargos de conciencia”, es una coartada. Yo sí tengo insomnio: padezco la derrota de no haber asaltado el cielo. Eso me atormenta. Perdimos cuando Pablo Neruda hablaba de los barbudos de la Sierra Maestra y decía que no tenían más armas que la aurora; yo me lo creía. La historia vil y mezquina lo desmintió, nos desmintió. Claro que tenían armas, las utilizaron para aplastar a sus pueblos, para intentar extender sus dominios a nombre de la libertad, la igualdad y la justicia. Encarcelaron a sus pueblos, construyeron aparatos de dominación en todos los ámbitos. De la vida política, cancelando derechos; la económica, erigiendo poderes insultantes para los desposeídos. La cultural, cancelando opciones ajenas a sus doctrinas. La planetaria, encerrando sus sociedades en la aldea, la isla paradisíaca, inmune a la contaminación imperial. La hambruna para los jodidos, a nombre de la equidad; la impunidad para los mafiosos, protegidos para operar las peores inmundicias si estas reportaban ganancias para el Estado revolucionario. Todo a nombre de la revolución.

Cuando cayó el muro me alegré. En nuestra aldea había una deuda anacrónica: construir la democracia, terminar con el reino de la dictadura perfecta. Nada para el sueño sesentayochista de exigir lo imposible. Minucias ante la aspiración de acabar con la alienación y la explotación capitalistas. Poco, muy poco, para resarcir los sacrificios de una generación que soñó con asaltar el cielo. Un gran salto adelante para cimentar las bases de una República de ciudadanos. Libre de la opresión estatista y del ogro filantrópico. Miseria ante la disyuntiva socialismo o barbarie. Insignificante para superar la miseria. Había que atreverse a enlodar las banderas libertarias a cambio de reformas burguesas. Apostar a lo viable, sumarse a los hijos dinásticos del poder que ofrecían la posibilidad de vencer a los detentadores de un poder basado en el engaño, la corrupción y la hipocresía. Guardar por un rato las aspiraciones libertarias a cambio de una escala democrática. Poco, casi nada, para las ensoñaciones libertarias. Mancharse con lo posible, postergar lo utópico.

Órale, no se podía escatimar nada a nombre de la fantasía, solo una exigencia: coherencia. Peleamos y, perdiendo, ganamos. Exhibimos al sistema autoritario, juntamos a los locos con los que se sentían despojados del poder y querían perpetuar su dinastía revolucionaria, la depositaria de la tradición revolucionaria. Nos envolvimos en la bandera de la soberanía: fuera la expansión imperial, nada con los destructores de la arcadia mexicana. La democracia era una coartada para perpetuar nuestra aldea inmaculada, tirar como los aztecas los trastos viejos de una identidad de barro. Todo por la dignidad nacional. Nos enfrascamos en mil y una escaramuzas por ganar y derrotar los procedimientos antidemocráticos, sumando aliados y combinando procesos. Los arrinconamos, conseguimos lo impensable en reglas democráticas: les quitamos el control de las elecciones, construimos órganos ciudadanos e independientes, volteamos la tortilla electoral. Cuando teníamos todo a nuestro favor, no pudimos ser hegemónicos. Se nos atravesó un ranchero simpático y dicharachero, con su hazaña, sacó al PRI de Los Pinos. Algunos vencimos el miedo a la inquisición y lo apoyamos. Ganamos. Pagamos cara nuestra herejía: “idiotas útiles, cómplices de la derecha”, fue lo menos que nos dijeron. Fue el peor negocio político.

Ganamos y no disfrutamos la victoria. El ganador se arrugó: sacó al PRI de Los Pinos y lo metió por la ventana. Escuchó el canto de las sirenas medrosas y no se atrevió a cortar las cabezas de las víboras negras y las tepocatas. Pactó con el dinosaurio, en lugar de aplastarlo, irritó a los eternos dueños del poder de manera gratuita. Frustró la esperanza del cambio. Los frutos podridos heredados del poder autoritario se sublevaron. Los capos de los medios armaron su coro para catalizarlo, los charros sindicales gozaron su apología y fortalecieron cadenas de control, los jueces aceptaron puñalada tras puñalada contra la aplicación de la justicia y eximieron a los criminales de todo tipo. Los genocidas cantaron victoria. Todo mundo olvidó de dónde veníamos. La democracia sin demócratas mostró su pequeñez. Los chavos mandaron a la goma los logros alcanzados, encabronados, confundidos y emputados, nos mandaron al averno, por ingenuos y culeros. Renació la nostalgia por el Estado de mano firme, contra la impericia y falta de oficio de los intrusos derechistas y mochos. La restauración se convirtió en un animal de dos cabezas, los viejos credos estatistas renacieron y se adueñaron de la escena.

El PRI se transfiguró en dos partidos. Primero el PRD y, más vulgarmente, en MORENA. Sacaron a patadas o con canonjías a la vieja izquierda. El partido del matrimonio imposible: ni revolución ni democracia, todo para los caciques del México precarista. Democracia ya, chamba para todos, el lema de los círculos infernales del poder. Basado en la dádiva, la propina, las limosnas del bienestar, a cambio de poner a su 4T al servicio del gran capital, los militares, los narcos y Trump. No asaltamos el cielo. Brotaron a chorros nuevas preguntas, nos quedamos sin respuestas. El camino largo, sinuoso, trágico y poblado de trampas y decepciones sigue desafiándonos. No hay certidumbres, los dogmas y teorías se hicieron añicos. Territorio fértil para la impostura. Viejos soñadores trocaron sus esperanzas libertarias por el hueso, la casa de campo, la residencia en Coyoacán; algunos se convirtieron en engranes de la maquinaria del narcoestado. Se convirtieron en emblemas del nuevo credo: millonarios redentores. Sustituyendo los viejos códigos de la lucha por el desenfreno del poder y el dinero. Total, ¿qué tanto es tantito? Seguirán entonando La Internacional, llorando con la nueva trova, siempre y cuando el cheque de la dieta llegue puntual y sin descuentos fiscales. Protegidos por la propia presidenta, los narcopolíticos se escudan en la “soberanía”: si extraditamos a uno, vendrán por todos, dice sin pudor la presidenta.

No hay que desanimarse, vamos a ganar. El viejo topo terminará su labor de zapa y el viejo régimen se desplomará. Cada paso a favor de la libertad se convertirá en trinchera portentosa y la historia no tendrá final. El rancio menú de la partidocracia no podrá vencer la presencia insaciable de LA LIBERTAD, LA IGUALDAD Y LA FRATERNIDAD.

Marcelo Olán: un liderazgo con rostro humano para Reynosa

  Columna Rosa | Solo para Mujeres

Por: Lic. Bárbara Lera Castellanos

Hablar del futuro de Reynosa es hablar de las mujeres que cada día sostienen a sus familias con esfuerzo y determinación, de las madres trabajadoras que luchan por ofrecer un mejor porvenir a sus hijos y de miles de niñas y niños que merecen crecer en una ciudad con oportunidades, seguridad y esperanza. Desde esa perspectiva, el liderazgo público no debe medirse únicamente por su capacidad administrativa, sino también por su sensibilidad para transformar la vida de las personas.

Como mujer comprometida con la defensa de nuestros derechos, considero que el verdadero desarrollo de Reynosa solo será posible mediante un gobierno que coloque a las familias en el centro de sus decisiones. Un gobierno que escuche, dialogue y convierta la justicia social en una realidad cotidiana.

En ese contexto, Marcelo Olán Mendoza ha construido una trayectoria vinculada al servicio público y al trabajo comunitario. Como abogado, emprendedor y servidor público, impulsó desde 2016 una fundación que brinda apoyo a familias en situación vulnerable mediante la entrega de despensas, medicamentos, útiles escolares, asesoría jurídica y programas de mejoramiento de vivienda. Estas acciones han representado un respaldo para cientos de hogares que enfrentan dificultades económicas.

Sin embargo, el desafío para cualquier liderazgo va más allá de la asistencia social. Reynosa requiere políticas públicas permanentes que fortalezcan a las mujeres jefas de familia, amplíen las oportunidades para la infancia y la juventud, impulsen el empleo digno, la capacitación laboral, el acceso a guarderías, la atención integral de la salud y mecanismos eficaces para prevenir y atender la violencia de género.

La experiencia de Marcelo Olán al frente de la Oficina Fiscal de Reynosa y su actual responsabilidad como Director de Oficinas Fiscales del Estado y Establecimientos de Bebidas Alcohólicas en Tamaulipas reflejan conocimiento de la administración pública y manejo institucional. Esa experiencia puede convertirse en una plataforma para impulsar una gestión moderna, transparente y cercana a la ciudadanía.

También resulta relevante el trabajo que ha desarrollado en la promoción de visas temporales H-2A para trabajadores de Reynosa, Matamoros y Río Bravo. Facilitar alternativas legales de empleo representa una oportunidad para miles de familias fronterizas, especialmente para aquellas donde las mujeres desempeñan un papel fundamental como sostén económico y emocional.

Diversas opiniones ciudadanas y sondeos internos lo ubican entre los perfiles con posibilidades de asumir mayores responsabilidades públicas en Reynosa. Más allá de cualquier aspiración política, el verdadero reto será demostrar que esa cercanía con la ciudadanía puede traducirse en resultados concretos en materia de seguridad, educación, salud, desarrollo económico y bienestar social.

Reynosa no puede construir su futuro dejando atrás a sus mujeres ni a su infancia. La cercanía con Texas representa una oportunidad estratégica para impulsar inversión, empleo y desarrollo regional, siempre bajo una visión donde el crecimiento económico vaya acompañado de justicia social, inclusión y respeto a la dignidad humana.

Las mujeres de Reynosa no piden privilegios; exigen oportunidades, seguridad, respeto y mejores condiciones de vida para sus familias. Quien aspire a conducir el destino de esta ciudad deberá comprender que el verdadero liderazgo se demuestra escuchando, sirviendo y construyendo una comunidad donde cada niña y cada niño puedan desarrollarse plenamente y donde cada mujer encuentre respaldo para alcanzar su proyecto de vida.

El futuro de Reynosa dependerá de la capacidad de sumar esfuerzos entre gobierno y sociedad. La construcción de una ciudad más próspera exige servidores públicos cercanos a la gente, instituciones eficientes y ciudadanos comprometidos con el bienestar colectivo.

Ese es el Reynosa que vale la pena construir: una ciudad con liderazgo, sensibilidad social y un compromiso permanente con las familias que representan el corazón de nuestra frontera.