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lunes, 10 de agosto de 2026

EE.UU. busca transformar Cuba desde dentro mientras intensifica la presión económica

 

Washington endurece las restricciones contra el Estado cubano, facilita combustible al sector privado y, según The New York Times, explora figuras dentro o alrededor del sistema que pudieran encabezar una futura transformación política




La Redacción de Nuestra América Magazine

WASHINGTON / LA HABANA — La política del gobierno de Donald Trump hacia Cuba parece estar entrando en una nueva fase. Ya no se trata únicamente de aumentar sanciones y restringir las fuentes de financiamiento y combustible del gobierno de La Habana. Informaciones publicadas en los últimos días apuntan a una estrategia que combina presión económica, fortalecimiento selectivo del sector privado cubano y exploración de posibles figuras capaces de desempeñar un papel en una eventual transformación política de la isla.

El elemento más novedoso fue revelado por The New York Times. Según el periódico, la administración Trump ha estado buscando entre funcionarios cubanos actuales o anteriores a alguna persona que pudiera ser persuadida para asumir un papel dirigente en La Habana en caso de producirse una modificación sustancial del sistema político.

La información debe interpretarse con cautela: no existe hasta ahora un anuncio oficial de Washington identificando a un candidato, y el reporte del Times se basa en fuentes conocedoras de las deliberaciones estadounidenses. Por ello, no puede afirmarse que exista ya una sucesión pactada o una operación definida para sustituir al actual gobierno.

El concepto que aparece detrás de esas conversaciones resulta, sin embargo, particularmente significativo: una estrategia de “alteración del régimen” más que un simple “cambio de régimen”, es decir, intentar producir una transformación desde dentro aprovechando eventualmente figuras que ya conozcan las estructuras del Estado cubano. El reporte del Times sobre esa búsqueda también fue recogido por otros medios internacionales en los últimos días.

Rubio aumenta la presión sobre La Habana

La información coincide con una investigación publicada el 7 de agosto por Axios sobre la estrategia del secretario de Estado, Marco Rubio.

Según Axios, Rubio encabeza una campaña de presión económica contra Cuba que incluye más de dos docenas de medidas, mientras funcionarios estadounidenses anticipan que pueden producirse nuevas acciones contra el gobierno cubano. El objetivo es aumentar los costos económicos para La Habana y reducir las vías mediante las cuales obtiene recursos internacionales.

La estrategia ocurre en medio de una de las crisis económicas y energéticas más profundas que ha sufrido Cuba en décadas.

La reducción del suministro de petróleo extranjero, las restricciones estadounidenses, la disminución de la producción nacional y los problemas estructurales de la economía y del sistema eléctrico han contribuido a prolongados apagones y severas dificultades para garantizar combustible.

Combustible estadounidense, pero para el sector privado

Existe, sin embargo, una aparente contradicción dentro de la política estadounidense.

Mientras Washington intenta limitar el suministro de petróleo destinado al Estado cubano, empresas estadounidenses están autorizadas a enviar combustible al sector privado de la isla.

Reuters documentó en marzo que proveedores estadounidenses habían enviado aproximadamente 30,000 barriles de combustible al sector privado cubano durante los primeros meses de 2026. La política buscaba explícitamente proporcionar mayores posibilidades a las empresas privadas frente a las compañías controladas por el Estado.

La autorización estadounidense permite determinadas operaciones destinadas a apoyar al pueblo cubano y al sector privado, mientras mantiene las restricciones sobre estructuras vinculadas al gobierno.

El resultado es una política de dos vías: presionar económicamente al Estado y, simultáneamente, permitir determinados recursos para empresarios privados cubanos.

Las exportaciones han aumentado considerablemente. Datos oficiales citados por NBC Miami indicaron que solamente en marzo los envíos de combustible autorizados alcanzaron un valor de aproximadamente 8.7 millones de dólares.

Nuestra América no ha podido confirmar independientemente, sin embargo, la cifra de 96 millones de dólares durante el primer semestre de 2026 mencionada en algunos reportes. Por esa razón, no la presentamos como un dato confirmado.

Una economía cubana obligada a cambiar

La presión externa coincide con transformaciones económicas dentro de Cuba.

El gobierno cubano ha tenido que ampliar determinados espacios para las empresas privadas y buscar nuevas fórmulas para importar combustible y mantener funcionando sectores esenciales de la economía.

El problema energético ha llegado directamente a las estaciones de servicio. En mayo, Cuba anunció un sistema de precios variables para determinados combustibles con el propósito de reflejar mejor los crecientes costos de importación, en momentos en que la escasez había reducido drásticamente la disponibilidad de gasolina y diésel en las estaciones estatales.

Washington parece considerar que estas dificultades pueden acelerar cambios económicos y eventualmente políticos.

Pero existe una diferencia fundamental entre debilitar económicamente a un gobierno y conseguir una transición política estable.

¿Una transformación al estilo venezolano?

El interés estadounidense en encontrar una figura procedente del propio sistema cubano adquiere mayor importancia cuando se observa lo ocurrido recientemente en Venezuela.

La experiencia venezolana parece haber reforzado dentro de Washington la idea de que una transformación política no necesariamente tiene que comenzar con la desaparición inmediata de todas las estructuras existentes, sino que podría negociarse con sectores internos capaces de conducir gradualmente un proceso diferente.

Esa posibilidad explicaría el interés atribuido por The New York Times a funcionarios estadounidenses en identificar posibles interlocutores dentro o alrededor de las actuales estructuras cubanas.

Sin embargo, Cuba y Venezuela presentan realidades políticas, militares, históricas e institucionales muy distintas, por lo que no existe garantía alguna de que un modelo aplicado en un país pueda reproducirse en el otro.

La posición cubana

Desde La Habana, el gobierno de Miguel Díaz-Canel ha responsabilizado repetidamente a las sanciones y a la política estadounidense de una parte sustancial de las dificultades económicas y energéticas que enfrenta la población.

Las autoridades cubanas califican las medidas de Washington como una política destinada a provocar asfixia económica y descontento social para forzar cambios políticos.

Estados Unidos, por su parte, atribuye también la crisis a décadas de mala administración económica del sistema cubano y sostiene que sus medidas buscan presionar al gobierno, no perjudicar directamente a la población. Incluso Axios, al describir la ofensiva económica de Rubio, señala tanto las sanciones estadounidenses como los problemas internos de administración económica de Cuba entre los factores que explican la situación actual.

Cuba entra en una etapa decisiva

Lo que comienza a perfilarse es una estrategia estadounidense más compleja que el embargo tradicional.

Washington está intentando simultáneamente reducir los recursos disponibles para el Estado cubano, favorecer determinadas actividades privadas, aumentar la presión diplomática y explorar posibles interlocutores capaces de participar en una futura transformación política.

Todavía resulta imposible saber si esa estrategia desembocará en negociaciones, reformas internas, una transición política o simplemente en una profundización de la crisis.

Lo que sí parece evidente es que Cuba ha vuelto a ocupar un lugar prioritario en la política latinoamericana de Washington, y Marco Rubio se ha convertido en una de las figuras centrales de esa estrategia.

La verdadera incógnita no es solamente cuánto tiempo puede resistir el gobierno cubano bajo esta presión.

La pregunta fundamental es qué clase de Cuba intenta construir Washington después de ella y, sobre todo, qué papel tendrán los propios cubanos en decidir el futuro de su país.

Fuentes informativas: The New York Times; Axios; Reuters; Miami Herald; datos estadounidenses sobre exportaciones y reportes públicos relacionados con la crisis energética y las políticas de Estados Unidos hacia Cuba. 

VENEZUELA: Gobierno y oposición negocian una nueva ruta política bajo la influencia de Estados Unidos

 Las conversaciones buscan reformas electorales y judiciales y la recuperación de derechos políticos, pero el historial de diálogos fallidos mantiene abiertas las dudas sobre una verdadera transición



La Redacción de Nuestra América Magazine

CARACAS — Venezuela atraviesa nuevamente uno de esos momentos en los que una mesa de negociación podría convertirse en el comienzo de una transformación política o terminar incorporándose a la larga lista de intentos de diálogo que no consiguieron resolver la crisis institucional del país.

Representantes del gobierno encabezado por Delcy Rodríguez y una delegación de la oposición mantienen conversaciones presenciales en Caracas desde el jueves 6 de agosto, en un proceso que cuenta con un importante respaldo de Estados Unidos.

El primer encuentro se realizó en el Centro de Convenciones de La Carlota, ubicado dentro de una instalación militar. Posteriormente, las conversaciones continuaron en el Hotel Meliá de Caracas. Está previsto que las sesiones de esta ronda se prolonguen hasta el miércoles 12 de agosto.

La delegación opositora está encabezada por Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015. Por el oficialismo participa, entre otras figuras, Jorge Rodríguez.

No todos los sectores opositores forman parte directamente de la negociación. María Corina Machado permanece fuera de la mesa, circunstancia que ha generado cuestionamientos sobre la representatividad del proceso.

Una agenda con fechas concretas

Uno de los elementos que distingue estas conversaciones es la intención de establecer un calendario para reconstruir instituciones consideradas fundamentales para unas futuras elecciones.

Según El País, entre las aspiraciones de la delegación opositora figura conseguir para octubre avances en la restitución de partidos políticos que quedaron intervenidos judicialmente y en la recuperación de derechos políticos.

Posteriormente se buscaría avanzar en la conformación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia en noviembre y en la renovación del Consejo Nacional Electoral en diciembre.

Las reformas del sistema electoral y judicial forman parte desde hace meses de las principales demandas opositoras. Sectores de la oposición consideran que sin un CNE independiente, partidos plenamente habilitados y garantías de participación política difícilmente podrían celebrarse elecciones competitivas.

Washington, actor fundamental

Estados Unidos ocupa una posición extraordinariamente importante en esta nueva negociación.

La administración del presidente Donald Trump ha impulsado el proceso y Washington mantiene una influencia directa sobre las conversaciones. El objetivo declarado es avanzar hacia una estabilización institucional que eventualmente permita la realización de elecciones y una normalización política del país.

Pero la presencia estadounidense no garantiza por sí misma que Venezuela vaya a experimentar una transición democrática.

Esa cautela tiene fundamento histórico. Durante las últimas dos décadas se han realizado numerosos procesos de negociación entre el chavismo y diferentes sectores opositores, algunos también acompañados internacionalmente, sin conseguir una solución definitiva a la crisis política.

También existe otra interrogante: qué busca prioritariamente Washington en Venezuela.

Además de las reformas políticas, Estados Unidos tiene intereses relacionados con la estabilidad económica venezolana, la recuperación de su industria petrolera y las condiciones necesarias para atraer nuevamente inversiones internacionales.

Por ello, el resultado de las conversaciones deberá evaluarse por los acuerdos concretos que produzcan y no simplemente por la presencia estadounidense alrededor de la mesa.

María Lourdes Afiuni recibe libertad plena

En medio de las negociaciones ocurrió además un acontecimiento de fuerte significado político.

La jueza venezolana María Lourdes Afiuni recibió libertad plena después de más de 16 años de proceso judicial.

Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 después de ordenar la libertad condicional del empresario Eligio Cedeño, quien llevaba años encarcelado sin sentencia.

Su detención se convirtió internacionalmente en uno de los casos emblemáticos sobre la pérdida de independencia judicial durante el gobierno de Hugo Chávez.

Afiuni denunció haber sufrido graves abusos durante su encarcelamiento. Organizaciones defensoras de derechos humanos siguieron durante años su caso y cuestionaron el proceso judicial abierto en su contra. Su libertad plena, anunciada en momentos en que gobierno y oposición vuelven a negociar, adquiere inevitablemente una dimensión política.

Sin embargo, organizaciones civiles sostienen que todavía permanecen centenares de presos políticos en Venezuela y reclaman que cualquier proceso de apertura incluya garantías de derechos humanos y nuevas liberaciones.

¿Negociación o transición?

La pregunta fundamental permanece abierta.

Una mesa de diálogo puede producir acuerdos, pero una transición democrática requiere instituciones capaces de cumplirlos.

La restauración de los partidos políticos, la recuperación de derechos políticos, la independencia judicial, un Consejo Nacional Electoral confiable y eventualmente unas elecciones con garantías constituirán las verdaderas pruebas del proceso.

Venezuela ha llegado anteriormente a mesas de negociación cargadas de expectativas que posteriormente terminaron frustradas.

Esta vez existe una diferencia importante: Estados Unidos no aparece simplemente como observador, sino como uno de los principales impulsores y garantes políticos del proceso.

Todavía es demasiado pronto para saber si esa circunstancia permitirá alcanzar resultados diferentes.

Las conversaciones que continúan esta semana pueden comenzar a ofrecer la respuesta.

Fuentes informativas: El País; información pública sobre las negociaciones entre el gobierno venezolano y la oposición; reportes sobre el proceso de reinstitucionalización de Venezuela y el caso de María Lourdes Afiuni.

Para esta nota haría una gráfica vertical bastante sobria, porque el tema es político: Venezuela al centro, una mesa de negociación, las dos partes frente a frente y la presencia de Estados Unidos en segundo plano. Evitaría una gráfica que sugiera que la transición ya está asegurada, porque precisamente esa es todavía la gran incógnita.

ESTADOS UNIDOS: Departamento de Estado asegura haber revocado más de 175,000 visas bajo el gobierno de Trump

Washington atribuye la mayoría de las cancelaciones a delitos y encuentros con autoridades; la política de revisión continua también alcanza conductas y expresiones consideradas amenazas a la seguridad



La Redacción de Nuestra América Magazine

WASHINGTON — El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que ha revocado más de 175,000 visas a ciudadanos extranjeros durante la administración del presidente Donald Trump, como resultado de una política de revisión continua de quienes reciben autorización para ingresar al país.

Según la información difundida por el propio Departamento de Estado, las revocaciones comprenden casos relacionados con delitos, incumplimiento de las condiciones de las visas, fraude, abuso del sistema migratorio y situaciones que el gobierno considera amenazas para la seguridad nacional o para ciudadanos estadounidenses.

La administración sostiene que la mayoría de las cancelaciones estuvieron vinculadas con encuentros de los titulares de visas con autoridades policiales por diferentes actividades delictivas.

Entre las principales causas señaladas por el Departamento aparecen agresión, conducción bajo los efectos del alcohol, robo y delitos relacionados con drogas. La dependencia también menciona conducción temeraria, agresiones sexuales, abuso infantil, fraude y malversación.

Es importante precisar que una revocación de visa no equivale necesariamente a una condena penal. Algunos de los ejemplos presentados por el Departamento de Estado corresponden a personas acusadas o arrestadas, por lo que Nuestra América distingue entre los cargos formulados por las autoridades y una determinación judicial definitiva.

Revisión continua de extranjeros con visa

La política forma parte de lo que Washington denomina “continuous vetting”, o revisión continua.

El principio significa que el análisis de una persona no necesariamente termina cuando recibe una visa. Las autoridades pueden continuar examinando información posterior y, si consideran que existen motivos legales, cancelar la visa.

Esta política ha adquirido mayor relevancia durante el segundo gobierno de Trump. El Departamento de Estado también ha ampliado el análisis de la presencia de determinados solicitantes de visas en las redes sociales. Reuters informó recientemente sobre una expansión de este tipo de controles, mientras organizaciones defensoras de las libertades civiles han planteado interrogantes sobre sus posibles implicaciones para la libertad de expresión.

Delitos graves entre los ejemplos divulgados

El Departamento de Estado presentó una serie de casos para justificar la política.

Entre ellos menciona a un extranjero acusado de violación y agresión sexual; otro acusado de secuestro, tráfico de personas y explotación sexual de un menor; y otro detenido por diferentes cargos que incluían violencia doméstica y conducir bajo los efectos del alcohol.

También señala el caso de una persona acusada de numerosos cargos por posesión de material de abuso sexual infantil y el de un extranjero acusado de agredir sexualmente a un estudiante después de haber llegado a Estados Unidos para trabajar como maestro.

El Departamento asegura además haber actuado contra personas involucradas en fraudes financieros y contra quienes presuntamente utilizaron información falsa para conseguir visas estadounidenses.

El controvertido tema de las opiniones políticas

Sin embargo, no todas las revocaciones mencionadas por el gobierno están relacionadas con delitos comunes.

El Departamento de Estado también ha cancelado visas por determinadas expresiones públicas.

Uno de los ejemplos más conocidos ocurrió después del asesinato del activista conservador Charlie Kirk. En octubre de 2025, el Departamento anunció la revocación de visas de seis extranjeros procedentes de Argentina, Sudáfrica, México, Brasil, Alemania y Paraguay debido a comentarios publicados después del asesinato.

El gobierno sostuvo que algunas de esas expresiones celebraban o justificaban la muerte de Kirk. Reuters confirmó entonces las revocaciones y señaló que la administración había advertido que continuaría identificando a extranjeros que, a juicio del gobierno, celebraran el asesinato.

La decisión generó un debate distinto al de las revocaciones derivadas de delitos. Defensores de la libertad de expresión han cuestionado hasta dónde puede llegar el gobierno al utilizar declaraciones políticas o publicaciones en redes sociales para adoptar decisiones migratorias.

Casos relacionados con el llamado “turismo de nacimiento”

El Departamento de Estado afirma igualmente haber utilizado las revocaciones para combatir esquemas destinados a obtener visas con el propósito principal de que mujeres extranjeras den a luz en territorio estadounidense.

De acuerdo con la dependencia, una embajada estadounidense en el norte de África revocó más de un centenar de visas vinculadas con este tipo de casos.

El gobierno considera que proporcionar información falsa sobre el verdadero propósito del viaje puede constituir fraude migratorio.

Rubio amplía el uso de las facultades migratorias

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha defendido una interpretación amplia de las facultades gubernamentales para negar o revocar visas cuando Washington considere que la presencia de un extranjero puede perjudicar intereses de política exterior o seguridad nacional.

El Departamento de Estado sostiene que una visa estadounidense constituye un privilegio y no un derecho, y que continuará investigando a sus titulares incluso después de haber sido expedida.

Esta posición representa uno de los componentes centrales de la política migratoria del segundo gobierno de Trump.

Pero las 175,000 revocaciones reúnen situaciones jurídicamente muy diferentes: desde personas acusadas de delitos violentos y fraude hasta extranjeros cuestionados por declaraciones políticas.

Precisamente esa diferencia será fundamental para evaluar el alcance de esta política.

Nuestra América Magazine continuará investigando tanto las acciones del Departamento de Estado como los cuestionamientos jurídicos y constitucionales que puedan surgir de la política de revisión continua de extranjeros.

Fuentes informativas: Departamento de Estado de Estados Unidos; Reuters; CBS News; información pública sobre las políticas de revisión y revocación de visas de Estados Unidos. 

COLOMBIA: Potente terremoto de magnitud 7.4 sacude el occidente del país

 El sismo tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar, en Chocó, y fue sentido en Bogotá y Ecuador; autoridades evalúan daños y víctimas



La Redacción de Nuestra América Magazine

BOGOTÁ, Colombia — Un potente terremoto de magnitud 7.4 sacudió este lunes 10 de agosto el occidente de Colombia, provocando daños en edificios, evacuaciones en varias ciudades y una amplia movilización de los organismos de emergencia. El movimiento telúrico también fue sentido en el vecino Ecuador.

El epicentro se localizó en las proximidades de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, una comunidad situada al oeste de Bogotá. Los primeros datos internacionales situaron el movimiento a considerable profundidad, circunstancia que contribuyó a que pudiera sentirse a grandes distancias.

En Bogotá, a cientos de kilómetros de la zona epicentral, las alarmas se activaron y numerosas personas abandonaron edificios y salieron a las calles como medida preventiva. El alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, informó inicialmente que no se habían registrado víctimas ni daños estructurales graves en la ciudad, aunque sí algunas grietas en edificaciones.

La situación más preocupante se concentraba en el occidente colombiano. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, informó inicialmente sobre personas heridas y daños importantes en edificaciones de la región.

Sin embargo, conforme los equipos de emergencia comenzaron a llegar a las zonas afectadas, los reportes de víctimas aumentaron. Informaciones publicadas durante la mañana ya daban cuenta de fallecidos y del colapso de numerosos edificios. Al tratarse de una emergencia en pleno desarrollo, el balance puede cambiar durante las próximas horas.

El terremoto también se sintió en Ecuador, donde el movimiento llevó a habitantes de distintas localidades a abandonar preventivamente viviendas y edificios.

Las autoridades colombianas mantienen activos los protocolos de emergencia mientras se revisan estructuras, carreteras y servicios básicos y se intenta establecer la magnitud completa de los daños.

La prioridad durante las próximas horas será localizar posibles personas atrapadas, atender a los heridos y determinar las condiciones en las comunidades más próximas al epicentro.

Nuestra América Magazine continuará actualizando esta información conforme las autoridades colombianas proporcionen cifras oficiales.

Fuentes informativas: Servicio Geológico Colombiano (SGC); U.S. Geological Survey (USGS); autoridades de Colombia; Associated Press y reportes periodísticos internacionales.

ACLU presenta 54 reclamaciones por presuntos abusos de agentes federales de inmigración

Las acciones legales abarcan 17 estados y Washington, D.C.; entre los representados hay inmigrantes y ciudadanos estadounidenses







Por La Redacción de Nuestra América Magazine

WASHINGTON — La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y sus organizaciones afiliadas han presentado 54 reclamaciones legales en 17 estados y Washington, D.C., en una acción coordinada que acusa a agentes federales de inmigración y otros funcionarios federales de violencia, detenciones indebidas, negligencia y violaciones de derechos civiles.

Las reclamaciones fueron presentadas bajo la Federal Tort Claims Act (FTCA), legislación que permite, bajo determinadas circunstancias, reclamar compensación al gobierno federal por daños atribuidos a empleados federales en el desempeño de sus funciones. Las reclamaciones constituyen un paso administrativo para buscar responsabilidad y compensación; las acusaciones todavía deben ser evaluadas y, si avanzan a litigio, probadas mediante el correspondiente proceso legal.

La ACLU sostiene que los expedientes, considerados en conjunto, muestran un patrón de abusos durante operaciones federales de inmigración. Entre las personas representadas se encuentran inmigrantes, residentes legales y ciudadanos estadounidenses.

Según datos divulgados por la organización, 29 de las personas representadas son ciudadanos estadounidenses. Doce de ellas alegan haber sido objeto de perfilamiento racial o detenciones ilegales; 14 clientes denunciaron abusos mientras permanecían bajo custodia migratoria y otros 13 sostienen haber sufrido represalias relacionadas con el ejercicio de derechos protegidos por la Primera Enmienda.

Una enfermera y profesora denuncia agresión

Uno de los casos corresponde a Norma Bowe, de 68 años, enfermera registrada y profesora de salud pública de Kean University, en Nueva Jersey.

De acuerdo con la reclamación presentada en su nombre, Bowe operaba una clínica móvil cerca del centro de detención Delaney Hall cuando agentes de ICE la derribaron durante un incidente ocurrido el 25 de mayo. La ACLU de Nueva Jersey sostiene que se encontraba allí proporcionando servicios médicos y que resultó agredida por agentes federales.

La reclamación es una de las 54 que forman parte de la campaña nacional.

Ciudadanos estadounidenses entre los denunciantes

Otro expediente corresponde a Willy Wender Aceituno, ciudadano estadounidense que, según la reclamación presentada ante ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), fue detenido en dos ocasiones por agentes migratorios.

En uno de esos encuentros, los agentes presuntamente rompieron la ventana de su automóvil, provocándole cortaduras, y lo trasladaron en un vehículo antes de liberarlo tras confirmar que era ciudadano estadounidense.

Los casos no se limitan a operaciones de ICE. En Washington, D.C., la ACLU presentó también una reclamación en representación de Anna King, veterana de combate condecorada con el Corazón Púrpura.

Según la reclamación, tres miembros de la Guardia Nacional entraron a la propiedad donde King se encontraba el 8 de mayo, la inmovilizaron contra el suelo y la esposaron. La acción forma parte del mismo esfuerzo coordinado de 54 reclamaciones.

Denuncias de condiciones de detención

Entre los relatos divulgados por la ACLU figura también el de una mujer que estaba embarazada de cinco meses cuando, según la organización, ella, su esposo y sus cuatro hijos fueron mantenidos durante casi un mes bajo custodia federal.

La ACLU afirma que permanecieron en una celda sin luz solar y con acceso limitado al agua corriente. Por razones relacionadas con su situación migratoria, la organización no identificó públicamente a la mujer en la información consultada.

Ese testimonio forma parte de las denuncias con las que la organización pretende demostrar que los casos no constituyen incidentes aislados.

Una ofensiva legal nacional

La ACLU sostiene que el conjunto de reclamaciones refleja problemas más amplios en las operaciones federales de inmigración y afirma que continuará utilizando mecanismos legales para exigir responsabilidades.

Sin embargo, desde un punto de vista jurídico, es importante distinguir entre una reclamación presentada contra el gobierno y una sentencia que determine responsabilidad. Las 54 acciones contienen acusaciones que deberán ser examinadas individualmente.

En la cobertura periodística consultada sobre la presentación nacional, representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y de ICE no habían respondido a solicitudes de comentarios antes de la publicación.

Nuestra América continuará dando seguimiento a las respuestas de las autoridades federales y al desarrollo de estas reclamaciones.

Fuentes informativas: ACLU y ACLU de Washington, D.C.; ACLU de Nueva Jersey; información sobre las reclamaciones presentadas bajo la Federal Tort Claims Act; cobertura de The Washington Informer y NOTUS. 

sábado, 8 de agosto de 2026

Columna Rosa, sólo para Mujeres: Jornada migrante entre Fundación MOM y Sindicato IMWU

 

Foto Salinas




Por: Lic. Bárbara Lera Castellanos

América Sin Muros, ONG

La “Jornada de Capacitación y Servicios para la Comunidad Migrante de Reynosa”, organizada por la Fundación Lic. Marcelo Olán Mendoza (MOM), en coordinación con la International Migrant Workers Union (IMWU) de Washington, representó un hito inmediato para la ciudad y su entorno, al reunir información, orientación y servicios de alto valor para quienes buscan desarrollar un proyecto laboral en Estados Unidos de manera legal y segura.

Realizada este sábado 8 de agosto, a las 2 p. m., en la Escuela Primaria Lauro Aguirre, la jornada contextualizó la labor preventiva como una herramienta clave para acercar asesoría especializada a la población que desea emprender, trabajar y vivir lejos de fronteras, con opciones claras y procesos transparentes.

Este enfoque refuerza el compromiso de MOM con la defensa de derechos y la promoción de prácticas informadas que favorezcan el desarrollo humano y familiar.

Entre los asistentes destacó la presencia de figuras relevantes: el propio Lic. Marcelo Olán Mendoza, creador de la Fundación MOM; el Lic. Humberto Salinas, vicepresidente de la IMWU; el Lic. Ángel Baeza Hernández y el Gobernador de Pueblos Indígenas de Monterrey.

De forma remota, vía Zoom, participaron Don Jesús Sánchez-Cañete, presidente de IMWU; Jorge Lera, académico de la UAT; Benita Ortiz, representante de la organización SSS de Veracruz; Marta Rodríguez, especialista fiscal en temas migratorios; César Aldo Kdavid, integrante de la ACCC de Monterrey; la Lic. Bárbara Lera, representante de América Sin Muros, ONG; así como representantes de los consulados de Matamoros, Nuevo Laredo y McAllen.

A lo anterior se sumó un nutrido grupo de personas interesadas en recibir asesoría migratoria para la región de Reynosa.

Esta diversidad de actores subraya la naturaleza multisectorial del esfuerzo y la voluntad de crear puentes entre academia, autoridades, consulados y la comunidad.

La jornada abordó cuatro áreas estratégicas, con un claro énfasis en la calidad de la información y la utilidad práctica para los asistentes.

Se ofreció orientación sobre visas de turismo y trabajo temporal H-2A y H-2B; asesoría laboral y fiscal para la recuperación de impuestos y la vinculación con oportunidades de empleo internacional; apoyo en asuntos migratorios y de doble nacionalidad; y, finalmente, información sobre Seguro Social, pensiones y jubilación en Estados Unidos.

Estos temas fueron presentados como componentes interconectados de un camino legal y seguro hacia la posibilidad de laborar en el extranjero, con beneficios directos para las familias y para la estabilidad económica de la comunidad.

En un contexto en el que miles de migrantes deben navegar entre desinformación, fraudes y ofertas laborales engañosas, estas acciones adquieren un valor especial.

La capacitación actúa como primer mecanismo de protección, fortaleciendo la cultura de la legalidad y empoderando a los trabajadores para identificar trámites, derechos y procedimientos.

La colaboración entre MOM y la IMWU, con el respaldo de actores regionales y nacionales, amplía el alcance y la legitimidad de la iniciativa, al tiempo que promueve una visión de la migración como motor económico y social legítimo.

El liderazgo social del Lic. Marcelo Olán Mendoza se materializó en esta jornada como una oportunidad real de crecimiento para la comunidad.

La apuesta es clara: generar oportunidades mediante el conocimiento, acompañar a los trabajadores en procesos complejos y fortalecer la cultura de la legalidad.

En esa línea, la cooperación con la IMWU desde Washington, D.C., y el acompañamiento en Monterrey amplían las herramientas disponibles para quienes buscan construir un futuro más digno para sus familias, reafirmando que la inversión en capacitación es, en última instancia, una inversión en desarrollo humano y en el bienestar de comunidades enteras.

Este compromiso protocolizado entre la Fundación MOM y la International Migrant Workers Union (IMWU) se mantiene como promesa firme de garantizar a los migrantes potenciales de Reynosa, Tamaulipas, y el noreste del país acceso a información veraz, asesoría legal y acompañamiento para oportunidades laborales dignas y procesos migratorios plenamente legales.

Fuentes informativas:
Artículo y datos proporcionados por Lic. Bárbara Lera Castellanos, América Sin Muros, ONG. Información de la Jornada de Capacitación y Servicios para la Comunidad Migrante de Reynosa, Fundación MOM e International Migrant Workers Union (IMWU).


Detiene Inmigración a periodista venezolano en la Florida

 


EE.UU. busca transformar Cuba desde dentro mientras intensifica la presión económica

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