Por Armando García Álvarez
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) enfrenta nuevamente críticas por lo que defensores de los derechos civiles, legisladores y organizaciones comunitarias describen como una estrategia deliberada de secretismo destinada a proteger a la agencia de la rendición de cuentas. La controversia más reciente estalló esta semana en Delaney Hall, un centro de detención migratoria ubicado en Newark, Nueva Jersey, donde autoridades federales bloquearon el acceso de funcionarios electos mientras continuaba una huelga de hambre protagonizada por personas detenidas que protestaban por las condiciones dentro del lugar.
La confrontación se intensificó cuando agentes de ICE rechazaron la entrada a funcionarios estatales de Nueva Jersey, incluidos representantes del gobernador Phil Murphy y miembros del Congreso que buscaban realizar labores de supervisión. Afuera del centro, las tensiones aumentaron cuando oficiales federales utilizaron gas pimienta contra cientos de manifestantes que exigían transparencia y un trato humano para las personas detenidas.
Para los defensores de los derechos de los inmigrantes, lo ocurrido en Delaney Hall no es un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio que se ha acelerado bajo la administración Trump. Desde su regreso al poder, la administración ha ampliado agresivamente las operaciones de control migratorio mientras intenta limitar el escrutinio público y congresional sobre los centros de detención en todo el país.
Los críticos sostienen que las nuevas políticas buscan debilitar uno de los pocos mecanismos de control que aún existen sobre el creciente poder de ICE: la supervisión del Congreso.
El pasado 11 de mayo, ICE emitió un nuevo memorando interno estableciendo restricciones adicionales para las visitas de miembros del Congreso y sus equipos a instalaciones de detención migratoria. Según el documento, los legisladores que deseen reunirse con personas detenidas deberán proporcionar previamente los nombres específicos de los inmigrantes, presentar pruebas válidas de consentimiento firmadas por ellos y notificar con al menos dos días de anticipación cualquier visita.
Organizaciones defensoras de inmigrantes afirman que esos requisitos crean obstáculos casi imposibles para la supervisión. Muchas personas detenidas no tienen acceso regular a abogados, familiares o medios de comunicación necesarios para coordinar reuniones con oficinas congresionales. En algunos casos, los legisladores ni siquiera saben quiénes han sido detenidos o trasladados hasta que surgen denuncias de abusos.
Expertos legales recuerdan que la ley federal tradicionalmente ha otorgado a los miembros del Congreso amplia autoridad para inspeccionar centros de detención sin previo aviso. Organizaciones civiles acusan a ICE de intentar reinterpretar esas normas de manera administrativa para evitar que salgan a la luz denuncias sobre hacinamiento, negligencia médica y abusos dentro de las instalaciones.
“Esto no tiene que ver con seguridad”, declaró un abogado defensor de inmigrantes en Newark. “Se trata de controlar la información y ocultar lo que ocurre detrás de las puertas cerradas”.
La huelga de hambre en Delaney Hall, según reportes, involucra a personas detenidas que protestan por condiciones que incluyen atención médica insuficiente, detenciones prolongadas y falta de comunicación con sus familias. Activistas aseguran que los inmigrantes han denunciado problemas de saneamiento, acceso limitado a representación legal y un fuerte desgaste psicológico provocado por la incertidumbre sobre sus casos migratorios.
Organizaciones de libertades civiles también han expresado preocupación por la creciente militarización en la respuesta de ICE frente a las protestas alrededor de centros de detención. Videos difundidos en redes sociales mostraron esta semana a oficiales con equipo antimotines enfrentándose a manifestantes frente a Delaney Hall, alimentando las acusaciones de que el sistema de control migratorio se está volviendo más agresivo y menos transparente.
La controversia surge en medio de un debate nacional más amplio sobre la expansión de las operaciones de detención migratoria. La administración Trump ha impulsado más arrestos, deportaciones aceleradas y un aumento en la capacidad de detención en todo el país. Al mismo tiempo, organizaciones comunitarias denuncian que los mecanismos de supervisión están siendo debilitados sistemáticamente.
Para muchos críticos, lo ocurrido en Delaney Hall representa más que un conflicto local en Nueva Jersey. Lo consideran una señal de advertencia sobre la creciente opacidad del sistema de detención migratoria en Estados Unidos.
Mientras continúan las protestas y las disputas legales, organizaciones defensoras de inmigrantes exigen acceso irrestricto del Congreso a los centros de detención, inspecciones independientes y mayor transparencia pública sobre el trato que reciben los migrantes bajo custodia federal.
El conflicto pone sobre la mesa una pregunta fundamental para el sistema migratorio estadounidense: ¿quién vigila a la agencia encargada de detener a cientos de miles de migrantes cada año cuando esa misma agencia intenta evitar ser vigilada?






