Por Armando García Álvarez E l 11 de septiembre de 1973 no es una fecha lejana ni un capítulo cerrado en la historia de Chile y América Latina. Es el día en que fue derrocado el gobierno constitucional de Salvador Allende, el Palacio de La Moneda fue bombardeado y comenzó una dictadura militar que se prolongaría durante diecisiete años. Han pasado 53 años. Sin embargo, para miles de familias chilenas, el tiempo no ha borrado la ausencia de quienes fueron ejecutados, desaparecidos, encarcelados, torturados o forzados al exilio. La memoria no es una ceremonia anual ni un recurso político de ocasión: es una obligación con las víctimas y una condición necesaria para que la democracia no vuelva a ser destruida por la fuerza. Ninguna diferencia ideológica, crisis económica o confrontación política puede justificar el bombardeo de la casa de gobierno, la clausura del Congreso, la persecución de ciudadanos, la censura ni la eliminación física de los adversarios. Cuando un Estado conviert...