Nuestra América Magazine publica artículos sobre los acontecimientos noticiosos que ocurren en Aztlán – EE. UU. hasta la Patagonia. Cada artículo no está sujeto a ninguna censura. El contenido de cada historia es responsabilidad exclusiva de su autor.
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El PAN fue fundado por don Manuel Gómez
Morín, uno de los Siete Sabios de México, con un objetivo muy concreto.
Oponerse a la política progresista del general Lázaro Cárdenas del Río,
concretada fundamentalmente por la expropiación petrolera. No le cabía en la
cabeza al fundador del Banco de México que el propietario de la institución
fundamental del sistema bancario mexicano fuera propiedad del Estado, no
obstante que instituciones bancarias similares del mundo si lo fueran, como el
Banco de la Reserva Federal del imperio estadounidense.
Ese fue el objetivo del fundador del PAN.
Descalificar al Estado mexicano como dueño y señor del subsuelo y de las
riquezas que éste albergaba como la toda clase de minerales, entre ellos el
petróleo, fueran su propiedad absoluta. La gente bien nacida obviamente que no
podía estar de acuerdo con Gómez Morín y sus compinches. Y menos con un partido
que se opusiera a los padres de la Patria que, siguiendo los principios y
objetivos de la Revolución, los promulgaran y defendieran del asalto
ultraconservador a la razón de Estado: la defensa de los principios promulgados
por revolucionarios como Emiliano Zapata, Francisco Villa, Francisco Indalecio
Madero, Venustiano Carranza, entre otros.
En los primeros años posrevolucionarios,
una vez que la derecha agarró confianza en que los conservadores tenían
libertades para oponerse a todo lo que saliera de los labios de los
revolucionarios, concretamente del general Cárdenas del Río, se desató su furia.
El PAN se presentó ante el mundo como una oposición fuerte que no ganó el poder
sólo porque la Revolución estaba muy fuerte. Sin embargo, en tanto los
gobiernos emanados del proceso revolucionario fueron deviniendo en movimientos
conservadores el panismo fue tomando fuerza, fuerza que se consagró gracias a
las políticas liberales del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que le
dieron vida al pensamiento moralista del presidente Miguel de la Madrid
Hurtado.
El panismo fue invadido política e
ideológicamente por el empresariado de los estados del norte, Baja California,
Nuevo León, Chihuahua etc. Maquío, en un acto de rebeldía frente al priismo,
apadrinó la ideología conservadora de aquellos que fueron llamados los Barbaros
del Norte, con quienes se confabuló el presidente priista Carlos Salinas de
Gortari.
El PAN, con todo, evolucionó como un
partido político en busca de convertirse en el autor del nuevo México, pero el
cardenismo no lo iba a permitir y los movimientos políticos cardenistas no lo
permitieron, no obstante que el priismo de Salinas de Gortari se confabuló con
las fuerzas más oscuras de la derecha, personajes como el llamado Jefe Diego,
por poner un caso, que desnaturalizaron
al PAN, pero muy pronto las fuerzas revolucionarias del viejo priismo, del nacionalismo
del general Cárdenas, devendrían en movimientos políticos de auténtica cepa
revolucionaria, que fue conformando un movimiento político que desplazó a las
fuerzas de la derecha, empotradas en el PAN y en las nuevas corrientes del PRI,
marcadas por la corrupción.
El PAN se fundió con los restos del PRI que
se aglutinaron para mostrarse en el impresentable pripanismo que desbarató al
PRI, dejando sus restos en personajes tan impresentables como Alejandro Moreno
Cárdenas, Alito, El panismo a su vez se mimetizó con los restos del PRI y en
una simbiosis desencajada de la realidad terminó siendo algo amorfo. Tanto es
que en la actualidad nadie que tenga medio dedo de cerebro creerá que el país
volverá a manos del pripanismo, y menos del panismo, no obstante que el dirigente
del pan, prominente líder del cartel inmobiliario, Jorge Romero Herrera,
manifieste que el PAN volverá por sus fueros sin el apoyo del PRI y menos del
Movimiento Ciudadano, no obstante que éste último es conocido como el PAN
naranja… O el nuevo pan hecho migajas…
La implementación de estados de excepción o regímenes
similares en países latinoamericanos como El Salvador, Ecuador y Perú ha
despertado serias preocupaciones sobre su verdadero propósito. Existe un patrón
emergente donde la violencia programada o inducida parece ser utilizada como un
pretexto para la imposición de estas medidas extraordinarias, cuyo efecto
principal es la suspensión o el control de la protesta social legítima.
La protesta ciudadana surge, en gran medida, como
respuesta al descontento generalizado ante la corrupción endémica y los
procesos de privatización de bienes y servicios públicos, que se perciben como
un despojo del patrimonio nacional en favor de intereses privados y élites.
En los casos concretos mencionados, se observa cómo la
escalada de la violencia criminal o social, real o magnificada, se convierte en
la justificación principal para que los gobiernos declaren estados de
emergencia, sitios o excepción. Estas declaratorias suelen otorgar a las
fuerzas de seguridad (militares y policiales) poderes desmedidos que van más
allá del combate al crimen organizado, dirigiéndose, de facto, contra el
ejercicio de derechos fundamentales como la libre expresión y la reunión
pacífica.
El Salvador: El régimen de excepción, inicialmente
justificado por la lucha contra las pandillas (maras), ha implicado la
suspensión de garantías constitucionales, lo que organizaciones de derechos
humanos denuncian como un marco propicio para detenciones arbitrarias y abusos,
afectando a poblaciones vulnerables y, potencialmente, inhibiendo la crítica
política.
Ecuador: Las declaratorias de estado de excepción por
crisis de seguridad o protestas han permitido la militarización de espacios
públicos, dificultando la movilización de grupos sociales e indígenas que se
oponen a políticas extractivistas o económicas.
Perú: La respuesta a protestas masivas, especialmente en
el sur andino, ha incluido el despliegue militar bajo estados de emergencia,
resultando en un alto costo de vidas humanas y heridos, un indicativo de la
violencia estatal desmedida. La declaratoria de Estado de sitio en Lima y
Callao es una muestra más.
La respuesta estatal con violencia y represión, lejos de escarmentar o asustar permanentemente a la población descontenta, genera un efecto contrario y más peligroso a largo plazo:
Creación de Nichos Sociales Anti-Estado: La violencia
estatal desmedida y la impunidad percibida convierten a amplios sectores de la
población, ya desilusionados por la corrupción, en nichos sociales anti-estado.
El aparato estatal deja de ser visto como un garante de derechos y se convierte
en el principal agente represor y violento. Esto erosiona la legitimidad, la
confianza y la cohesión social.
Debilitamiento del Estado nacional: Esta violencia
programada podría estar buscando, a mediano plazo, el debilitamiento y/o la
desaparición funcional de los estados nacionales tal como se conocían. Los
estados que en otros tiempos defendieron su soberanía y buscaron construir una
nación unificada, hoy parecen estar desmantelando sus bases sociales y
soberanas mediante: La cesión de control territorial y seguridad a fuerzas con
agendas cuestionables. La criminalización de la defensa de los bienes públicos
y la soberanía económica. El uso de la fuerza desproporcionada que fractura el
pacto social.
El resultado es la consolidación de territorios cada vez más violentos y fragmentados,
Foto proporcionada por el autor
La crisis,
largamente incubada, estalla en un país colapsado por una creciente ola de
violencia y un crimen organizado que ha logrado una captura sin precedentes del
aparato estatal. La incapacidad del Ejecutivo para enfrentar esta emergencia
fue el detonante final que el Legislativo, desesperado por un salvavidas
político de cara a las elecciones de 2026, utilizó para ejecutar una nueva
«vacancia exprés».
Un nuevo
presidente con sombra de impunidad
En medio de este caos institucional, el hasta ahora desconocido presidente del
Congreso, José Jerí, asume la Presidencia de la República. Su ascenso al poder
interino no hace más que profundizar la sensación de barbarie política e
impunidad que carcome a la clase dirigente.
Jerí, un político
con un perfil bajo hasta su elección como líder del Parlamento, ha sido
inmediatamente recordado por una denuncia de violación presentada por una
trabajadora del Congreso antes de que asumiera ese cargo en el 2025. Aunque la
Fiscalía archivó la investigación por falta de evidencia meses después de la
denuncia, el hecho de que su ascenso se haya producido a pesar de la gravedad
de la acusación, y con la evidente protección de sus colegas diputados, es
visto por la opinión pública como una señal inequívoca de que los congresistas
operan en un sistema de impunidad total.
El ajedrez del
Congreso y el colapso ciudadano
Esta nueva sucesión presidencial es percibida como la enésima movida en un
cínico ajedrez político donde los congresistas se dedican a colocar y destituir
presidentes según sus intereses y cálculos políticos más inmediatos, buscando
posicionarse o ser «premiados» en las próximas contiendas electorales.
Mientras la clase
política se atrinchera en sus privilegios y continúa con su ciclo destructivo,
la población peruana se encuentra abandonada y a la deriva. La ciudadanía se ve
obligada a defenderse del crimen organizado y, paradójicamente, de un Estado fallido
que ha sido capturado y deslegitimado por sus propios líderes. En las calles,
la lucha diaria por la supervivencia y la seguridad se ha convertido en la
única y verdadera realidad de un Perú exhausto y al borde del abismo.
Foto proporcionada por el autor
Varios acontecimientos,
importantes para la sociedad mexicana, ocurrieron en las más recientes jornadas
de este otoño de torrenciales lluvias e inundaciones. Entre tales
acontecimientos, imponderables, resalta la partida de este mundo matraca del
compañero periodista, extraordinario periodista, humano periodista, Carlos
Ferreyra Carrasco, una muerte nada anunciada no obstante los estados de salud
del colega en el arte de informar y opinar, quien ya frisaba las nueve décadas
de honrar con su presencia esta vida llena de retos, sobre todo para quienes,
como Carlos, nos hemos dedicado a contar y recontar los hechos y los dichos de
la comunidad y de quienes están dedicados a organizar las actividades sociales,
económicas y culturales.
Viene a ser histórico
el paso por este mundo, por esta tierra, por esta sociedad, de Carlos Ferreyra
Carrasco, periodista que puso en prenda de los periodistas mexicanos sus
capacidades para construir una nota informativa inteligente, o un artículo de
opinión que realmente orientara a sus lectores para tomar las mejores
decisiones en las materias que rigen los actos humanos, como la economía, las
finanzas, la ciencia política, la escritura, entre otras pasiones que dirigen
la cotidianeidad humana, sobre todo de los profesionales del gremio de
periodistas mexicanos.
La muerte de Carlos fue
el hecho más trascendental que conmocionó la comunidad periodística y
contribuyó a hacer un alto en el camino para dilucidar si los periodistas de
escuela, o de praxis, estamos en el camino de construir una sociedad informada
y orientada hacia los grandes
valores de la humanidad y de la comunidad, para construir una sociedad
democrática, justa y equitativa, en la cual queden desterrados antivalores como
la pobreza, la injusticia en las relaciones humanas y la desigualdad que lacera
la vida de miles de millones en beneficio de unos cuantos vivales. Estas son
las metas que conlleva la actividad del periodista, los objetivos que todo buen
ser humano periodista se tiene que trazar en la vida, de manera que su vida
produzca buenos frutos en beneficio de la comunidad.
Carlos Ferreyra
Carrasco con su muerte reafirma los valores del periodista, un ser que para
rendir buenos frutos tiene que ser un ser humano y, sobre todo, bondadoso, como
lo fue el mismo compañero y amigo nacido en Michoacán y traído al mundo
periodístico para colaborar en la construcción de una sociedad justa y
equitativa.
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