Foto proporcionada por el autor. Ex presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones, en el proceso judicial en su contra
Por Ollantay Itzamná
Uno de los
puntos más llamativos de este proceso es la notoria incapacidad del
Ministerio Público para presentar pruebas contundentes que demuestren
fehacientemente la existencia de una rebelión. A pesar de la gravedad del
cargo, las evidencias presentadas hasta el momento han sido, en el mejor de los
casos, circunstanciales y abiertas a múltiples interpretaciones. Esta debilidad
probatoria es un flanco que erosiona la credibilidad de la acusación.
A esto se
suma la sorprendente dinámica con los testigos presentados por la propia
fiscalía. Lejos de corroborar la versión acusatoria, varias de estas
declaraciones han resultado ser favorables a la defensa del expresidente
Castillo. Este giro inesperado es un golpe significativo para la estrategia del
Ministerio Público y refuerza la percepción de una acusación construida sobre
cimientos débiles.
La
situación se complica aún más con la postura de los coacusados en el mismo
juicio, quienes han manifestado públicamente su desconfianza y han recusado a
los jueces de sala, cuestionando abiertamente su imparcialidad. Esta
acción es un indicativo claro de que la percepción de una justicia sesgada no
es exclusiva de la defensa de Castillo, sino que se extiende a otros implicados
en el proceso. Las dudas sobre la neutralidad de quienes administran justicia
son un golpe directo a la legitimidad del sistema.
De hecho, a
medida que el juicio avanza, una y otra vez se evidencia, tanto en Perú como a
nivel internacional, una manipulación tendenciosa de la justicia peruana.
Los observadores externos, así como un segmento significativo de la opinión
pública nacional, comienzan a percibir el proceso no como una búsqueda
imparcial de la verdad, sino como un engranaje político que busca una condena
predeterminada. Esta percepción daña profundamente la imagen del sistema
judicial peruano y su independencia.
En este
complejo escenario, la paradoja es que, más allá del veredicto que se dicte
sobre Pedro Castillo, el verdadero sentenciado en este caso parece ser el
propio sistema judicial peruano. La falta de pruebas contundentes, las
declaraciones de los testigos a favor de la defensa, y las acusaciones de
parcialidad por parte de los coacusados, están desnudando las vulnerabilidades
y sesgos que, al parecer, permean la administración de justicia en el país. El
juicio a Pedro Castillo se ha transformado, irónicamente, en un juicio al
sistema judicial mismo, cuya reputación e independencia se encuentran ahora
bajo un escrutinio sin precedentes.