Perú, el juicio contra Pedro Castillo es un JUICIO PÚBLICO contra el sistema judicial peruano

Foto proporcionada por el autor. Ex presidente del Perú, Pedro Castillo Terrones, en el proceso judicial en su contra

 

Por Ollantay Itzamná

 El proceso judicial que enfrenta el expresidente peruano Pedro Castillo por el delito de rebelión se ha convertido en un observatorio crucial de la justicia en Perú, generando cada vez más interrogantes tanto a nivel nacional como internacional. Lo que inicialmente se presentó como un caso contundente por parte del Ministerio Público, ha ido desvelando, en su desarrollo, serias inconsistencias que ponen en tela de juicio la imparcialidad y la solidez de las acusaciones.

Uno de los puntos más llamativos de este proceso es la notoria incapacidad del Ministerio Público para presentar pruebas contundentes que demuestren fehacientemente la existencia de una rebelión. A pesar de la gravedad del cargo, las evidencias presentadas hasta el momento han sido, en el mejor de los casos, circunstanciales y abiertas a múltiples interpretaciones. Esta debilidad probatoria es un flanco que erosiona la credibilidad de la acusación.

A esto se suma la sorprendente dinámica con los testigos presentados por la propia fiscalía. Lejos de corroborar la versión acusatoria, varias de estas declaraciones han resultado ser favorables a la defensa del expresidente Castillo. Este giro inesperado es un golpe significativo para la estrategia del Ministerio Público y refuerza la percepción de una acusación construida sobre cimientos débiles.

La situación se complica aún más con la postura de los coacusados en el mismo juicio, quienes han manifestado públicamente su desconfianza y han recusado a los jueces de sala, cuestionando abiertamente su imparcialidad. Esta acción es un indicativo claro de que la percepción de una justicia sesgada no es exclusiva de la defensa de Castillo, sino que se extiende a otros implicados en el proceso. Las dudas sobre la neutralidad de quienes administran justicia son un golpe directo a la legitimidad del sistema.

De hecho, a medida que el juicio avanza, una y otra vez se evidencia, tanto en Perú como a nivel internacional, una manipulación tendenciosa de la justicia peruana. Los observadores externos, así como un segmento significativo de la opinión pública nacional, comienzan a percibir el proceso no como una búsqueda imparcial de la verdad, sino como un engranaje político que busca una condena predeterminada. Esta percepción daña profundamente la imagen del sistema judicial peruano y su independencia.

En este complejo escenario, la paradoja es que, más allá del veredicto que se dicte sobre Pedro Castillo, el verdadero sentenciado en este caso parece ser el propio sistema judicial peruano. La falta de pruebas contundentes, las declaraciones de los testigos a favor de la defensa, y las acusaciones de parcialidad por parte de los coacusados, están desnudando las vulnerabilidades y sesgos que, al parecer, permean la administración de justicia en el país. El juicio a Pedro Castillo se ha transformado, irónicamente, en un juicio al sistema judicial mismo, cuya reputación e independencia se encuentran ahora bajo un escrutinio sin precedentes.