Por Nuestra América News Desk
La maquinaria
represiva del Estado venezolano continúa activa a pesar de la abrupta
aprehensión del expresidente Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de
enero de 2026. Así lo afirmó esta semana la Misión Internacional Independiente
de Determinación de los Hechos sobre Venezuela al presentar una actualización
de sus investigaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones
Unidas.
Según el informe
presentado por los expertos independientes, las estructuras responsables de
graves violaciones de derechos humanos en Venezuela permanecen intactas,
incluso después de la detención de Maduro durante la operación militar
estadounidense que lo trasladó a Nueva York para enfrentar cargos relacionados
con narcoterrorismo y tráfico de drogas.
La misión señaló
que las instituciones del aparato de seguridad —incluyendo servicios de
inteligencia, fuerzas policiales y estructuras judiciales— continúan
funcionando con los mismos patrones de persecución política que caracterizaron
al gobierno de Maduro. De acuerdo con el informe, al menos decenas de
detenciones con motivación política se han registrado desde la caída del
mandatario, lo que indica que la red represiva del Estado no fue desmantelada
tras su captura.
Los expertos de
la ONU recordaron que las investigaciones previas de la misión ya habían
documentado ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones
arbitrarias, tortura y otros tratos crueles contra opositores, activistas y
ciudadanos críticos del gobierno venezolano.
“La
responsabilidad por estas violaciones no se limita a Nicolás Maduro”, señalaron
los investigadores, subrayando que numerosos altos funcionarios, mandos
militares y responsables de organismos de seguridad también habrían participado
o facilitado crímenes que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
El informe
advierte que la permanencia de estos cuadros en posiciones de poder dificulta
cualquier transición política real. A pesar de que las autoridades que
asumieron el control tras la detención de Maduro han anunciado medidas como
posibles amnistías y reformas institucionales, organizaciones de derechos
humanos sostienen que el sistema judicial continúa siendo utilizado como
herramienta de persecución política.
La misión también
reiteró su llamado a que se permita el acceso pleno de investigadores
internacionales a Venezuela para verificar la situación en terreno y garantizar
que los responsables de violaciones de derechos humanos rindan cuentas ante la
justicia internacional.
El organismo de
la ONU concluyó que la captura del antiguo jefe de Estado no significa el fin
del sistema represivo que se consolidó durante más de una década. Para los
expertos, el verdadero desafío será desmantelar las estructuras
institucionales que permitieron la represión y garantizar justicia para las
víctimas.
En palabras de la
misión, la estabilidad futura de Venezuela dependerá no solo de cambios
políticos en la cúpula del poder, sino de una transformación profunda del
aparato estatal que durante años fue utilizado para silenciar la disidencia y
controlar a la población.
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