Por Armando García Álvarez
Estados
Unidos se encuentra al borde de una guerra de consecuencias impredecibles. No
porque el pueblo la haya debatido. No porque el Congreso la haya autorizado.
Sino porque el presidente Donald Trump decidió lanzar operaciones
militares contra Irán sin solicitar previamente la aprobación del poder
legislativo.
Esto no es
simplemente una diferencia política. Es una crisis constitucional.
La
Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la facultad exclusiva de
declarar la guerra. Esa autoridad fue reafirmada en la War Powers Resolution,
creada precisamente para impedir que un presidente arrastre al país a un
conflicto prolongado sin supervisión democrática. Ignorar ese principio no solo
debilita el equilibrio de poderes; erosiona la esencia misma de la democracia
estadounidense.
Irán no es
un adversario menor. Es una nación de casi 90 millones de habitantes, con
influencia regional, alianzas estratégicas y capacidad de respuesta militar
indirecta. Cualquier escalada puede extenderse rápidamente más allá de sus
fronteras, involucrando a múltiples actores y poniendo en riesgo a soldados
estadounidenses, a civiles inocentes y a la estabilidad global.
Quienes
defienden los ataques hablan de fuerza y determinación. Pero la fuerza sin
control constitucional no es liderazgo: es imprudencia.
El Congreso
tiene ante sí resoluciones bipartidistas destinadas a limitar la acción militar
no autorizada. Legisladores como Tim Kaine, Ro Khanna y Thomas
Massie han impulsado estas medidas no como un gesto partidista, sino como
un acto de responsabilidad constitucional.
Si Estados
Unidos va a entrar en una guerra, el pueblo merece un debate abierto. Merece
conocer los objetivos reales, el costo humano y económico, la estrategia de
salida y los riesgos de represalias. La historia —desde Vietnam hasta Irak—
demuestra que las guerras iniciadas o ampliadas sin consenso claro terminan
costando más de lo que sus promotores anticiparon.
También
existe una dimensión moral. Las bombas no distinguen fácilmente entre
infraestructura militar y comunidades civiles. Cada ataque puede desencadenar
represalias, cada represalia puede profundizar el ciclo de violencia.
La pregunta
no es solo estratégica. Es democrática: ¿permitirá el Congreso que la decisión
de guerra recaiga en una sola persona?
La votación
que se aproxima es más que un procedimiento legislativo. Es una prueba de
carácter institucional. Guardar silencio sería abdicar responsabilidades.
Actuar es defender el principio fundamental de que en una democracia, la guerra
no puede ser decisión de un solo hombre.
Por la
seguridad de nuestros soldados, por la vida de civiles inocentes y por el
respeto al orden constitucional, el Congreso debe ejercer su autoridad.
La paz no
es debilidad. La deliberación no es traición.
Es
democracia.

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