lunes, 2 de marzo de 2026

Editorial : Una Guerra Sin Voto: El Peligroso Camino de la Escalada Contra Irán



Por Armando García Álvarez

Estados Unidos se encuentra al borde de una guerra de consecuencias impredecibles. No porque el pueblo la haya debatido. No porque el Congreso la haya autorizado. Sino porque el presidente Donald Trump decidió lanzar operaciones militares contra Irán sin solicitar previamente la aprobación del poder legislativo.

Esto no es simplemente una diferencia política. Es una crisis constitucional.

La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la facultad exclusiva de declarar la guerra. Esa autoridad fue reafirmada en la War Powers Resolution, creada precisamente para impedir que un presidente arrastre al país a un conflicto prolongado sin supervisión democrática. Ignorar ese principio no solo debilita el equilibrio de poderes; erosiona la esencia misma de la democracia estadounidense.

Irán no es un adversario menor. Es una nación de casi 90 millones de habitantes, con influencia regional, alianzas estratégicas y capacidad de respuesta militar indirecta. Cualquier escalada puede extenderse rápidamente más allá de sus fronteras, involucrando a múltiples actores y poniendo en riesgo a soldados estadounidenses, a civiles inocentes y a la estabilidad global.

Quienes defienden los ataques hablan de fuerza y determinación. Pero la fuerza sin control constitucional no es liderazgo: es imprudencia.

El Congreso tiene ante sí resoluciones bipartidistas destinadas a limitar la acción militar no autorizada. Legisladores como Tim Kaine, Ro Khanna y Thomas Massie han impulsado estas medidas no como un gesto partidista, sino como un acto de responsabilidad constitucional.

Si Estados Unidos va a entrar en una guerra, el pueblo merece un debate abierto. Merece conocer los objetivos reales, el costo humano y económico, la estrategia de salida y los riesgos de represalias. La historia —desde Vietnam hasta Irak— demuestra que las guerras iniciadas o ampliadas sin consenso claro terminan costando más de lo que sus promotores anticiparon.

También existe una dimensión moral. Las bombas no distinguen fácilmente entre infraestructura militar y comunidades civiles. Cada ataque puede desencadenar represalias, cada represalia puede profundizar el ciclo de violencia.

La pregunta no es solo estratégica. Es democrática: ¿permitirá el Congreso que la decisión de guerra recaiga en una sola persona?

La votación que se aproxima es más que un procedimiento legislativo. Es una prueba de carácter institucional. Guardar silencio sería abdicar responsabilidades. Actuar es defender el principio fundamental de que en una democracia, la guerra no puede ser decisión de un solo hombre.

Por la seguridad de nuestros soldados, por la vida de civiles inocentes y por el respeto al orden constitucional, el Congreso debe ejercer su autoridad.

La paz no es debilidad. La deliberación no es traición.

Es democracia.

 

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