ESTADOS UNIDOS: Estados y ciudades crean nuevas barreras contra los abusos en los operativos del ICE
Más de 200 políticas adoptadas en 20 estados y 78 localidades buscan proteger escuelas, iglesias y comunidades, exigir identificación a los agentes y establecer mecanismos de rendición de cuentas.
Por Larry Alvarez
Ante el aumento de los operativos federales de inmigración en Estados Unidos, gobiernos estatales y municipales están desarrollando medidas para proteger a sus comunidades, limitar el uso de recursos públicos en acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas y documentar posibles violaciones de derechos civiles.
Una nueva guía interactiva elaborada por el American Immigration Council y la organización Integrated Refugee and Immigrant Services reúne más de 200 políticas adoptadas desde enero de 2025 por 78 localidades y 20 estados.
El documento, denominado Immigration Response Playbook, muestra cómo distintas jurisdicciones han respondido al incremento de las detenciones, las operaciones de gran escala y la presencia de agentes federales en escuelas, iglesias, centros de salud y otros espacios comunitarios.
Según el American Immigration Council, la mayoría de la población inmigrante de Estados Unidos vive actualmente en estados que han aprobado algún tipo de medida protectora desde el comienzo del segundo gobierno del presidente Donald Trump.
Restricciones al uso de propiedades municipales
Una de las respuestas más extendidas consiste en impedir que las autoridades federales utilicen propiedades municipales como centros de operaciones, lugares de procesamiento o puntos de concentración de agentes.
Durante la llamada Operación Midway Blitz, realizada en Chicago en 2025, el alcalde Brandon Johnson firmó una orden ejecutiva para establecer zonas libres de actividades civiles de inmigración en propiedades de la ciudad.
Desde entonces, más de 30 localidades en 15 estados han aprobado disposiciones semejantes.
Estas políticas no impiden que el gobierno federal aplique las leyes migratorias, pero limitan la utilización de edificios, estacionamientos, oficinas y otros recursos pertenecientes a los gobiernos locales.
Protección para escuelas, iglesias y hospitales
El gobierno federal eliminó la política que restringía los operativos migratorios en lugares considerados sensibles, como escuelas, iglesias y centros médicos.
En respuesta, once estados aprobaron leyes destinadas a restablecer algunas protecciones en esos espacios. Las medidas buscan evitar que el temor a una detención impida que las familias inmigrantes lleven a sus hijos a la escuela, acudan a un hospital o participen en actividades religiosas.
Otra preocupación ha sido la presencia de agentes enmascarados o vestidos de civil durante los operativos. Ocho estados adoptaron leyes que prohíben a los agentes cubrirse el rostro o les exigen portar una identificación visible mientras se encuentran en servicio.
Cinco de esas leyes enfrentan actualmente impugnaciones judiciales.
Mecanismos para documentar posibles abusos
Ciudades como Boston, Chicago, Los Ángeles, Seattle y Portland ordenaron a sus funcionarios presentar regularmente solicitudes de información pública para conocer las actividades migratorias federales realizadas dentro de sus jurisdicciones.
Los gobiernos de Illinois y Minnesota también establecieron comisiones encargadas de investigar y documentar denuncias de conducta indebida de agentes federales, así como las consecuencias económicas y sociales de los operativos.
Desde enero de 2025, Connecticut, Illinois, Maryland, Massachusetts, Oregon y Nueva York aprobaron leyes que ofrecen nuevas vías para demandar a agentes o instituciones acusados de violar derechos.
Once estados y dos localidades crearon, además, mecanismos para que los ciudadanos presenten evidencias sobre presuntos abusos o violaciones de los derechos civiles.
Ayuda para familias y pequeños negocios
Los operativos migratorios no afectan solamente a las personas detenidas. También pueden provocar la pérdida de ingresos familiares, dificultades para pagar la vivienda, disminución de clientes en negocios locales y ausencias escolares.
Para responder a esas consecuencias, algunos gobiernos crearon programas especiales. Los Ángeles estableció un fondo de apoyo para pequeños negocios; el condado de Multnomah, en Oregon, abrió un programa de asistencia de emergencia para el pago de alquileres; y Nueva Jersey desarrolló una iniciativa de respuesta legal rápida.
También se han creado consejos interinstitucionales para coordinar la actuación de escuelas, agencias de salud, departamentos locales y organizaciones comunitarias.
La posición del gobierno federal
El Departamento de Seguridad Nacional sostiene que las políticas conocidas como “santuario” dificultan la aplicación de las leyes federales y pueden poner en peligro a las comunidades y a los propios agentes.
El ICE afirma que sus solicitudes de detención permiten que las autoridades locales le notifiquen antes de liberar a una persona sujeta a una acción migratoria. Según la agencia, la cooperación entre los gobiernos locales y federales mejora la seguridad pública y permite realizar las detenciones en ambientes controlados.
Los defensores de las nuevas medidas responden que las autoridades locales no están obligadas a entregar recursos públicos sin límites ni a participar en actuaciones que pudieran vulnerar derechos constitucionales.
Un conflicto que llegará a los tribunales
El enfrentamiento entre el gobierno federal y las jurisdicciones que limitan su cooperación con el ICE continuará desarrollándose en los tribunales.
La Constitución concede al gobierno federal amplia autoridad sobre inmigración, pero los estados y municipios mantienen facultades para administrar sus propiedades, servicios y cuerpos policiales.
La nueva guía no elimina los operativos del ICE. Su propósito es mostrar qué pueden hacer los gobiernos locales para exigir transparencia, proteger a sus residentes y responder a las consecuencias de las acciones federales.
En un país profundamente dividido por la política migratoria, las ciudades y los estados se están convirtiendo en uno de los principales escenarios de resistencia, cooperación y disputa legal.
FUENTES INFORMATIVAS
American Immigration Council: “New Playbook Tracks State and Local Government Responses to Heightened Federal Immigration Enforcement”, publicado el 18 de agosto de 2026.
Integrated Refugee and Immigrant Services: Immigration Response Playbook.
Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos: comunicados oficiales sobre las jurisdicciones santuario.
Servicio de Inmigración y Control de Aduanas: información oficial sobre órdenes de detención migratoria y cooperación con autoridades estatales y locales.
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