Inmigración: Nuevo fallo del BIA cambia las consecuencias del “advance parole” para algunos beneficiarios de DACA
La resolución considera como una salida del país el viaje autorizado y puede activar prohibiciones de reingreso de tres o diez años en determinados casos.
WASHINGTON.— La Junta de Apelaciones de Inmigración de Estados Unidos, conocida como BIA por sus siglas en inglés, revocó un precedente vigente durante 14 años y modificó las consecuencias legales que puede tener un viaje realizado mediante advance parole.
La decisión puede afectar a algunos beneficiarios de DACA y a otros inmigrantes que han vivido durante años en Estados Unidos y desean solicitar la residencia permanente.
En el caso Matter of Delcarmen-Lara, resuelto el 13 de agosto de 2026, el BIA determinó que salir de Estados Unidos con autorización de advance parole constituye una “salida” para efectos de las disposiciones relacionadas con la presencia ilegal.
La resolución revocó el precedente establecido en 2012 mediante Matter of Arrabally and Yerrabelly, que daba un tratamiento diferente a los viajes temporales previamente autorizados.
Qué es el “advance parole”
El advance parole es una autorización gubernamental que permite a determinadas personas viajar temporalmente al extranjero y solicitar su entrada bajo libertad condicional migratoria al regresar a Estados Unidos.
Para algunas personas que originalmente ingresaron sin ser inspeccionadas por un funcionario migratorio, regresar mediante este procedimiento podía satisfacer el requisito de haber sido “inspeccionado y admitido o puesto en libertad condicional”. Ese requisito es necesario para ciertas solicitudes de ajuste de estatus dentro del país.
El nuevo fallo no cancela DACA, no elimina el advance parole y tampoco declara ilegales todos los viajes autorizados.
Lo que cambia es el tratamiento de la salida cuando la persona ha acumulado suficiente tiempo de presencia ilegal. El ingreso mediante libertad condicional todavía podría satisfacer uno de los requisitos del ajuste de estatus, pero el mismo viaje puede activar otra causa de inadmisibilidad.
Prohibiciones de tres y diez años
La legislación federal generalmente establece una prohibición de reingreso de tres años para ciertas personas que salen de Estados Unidos después de acumular más de 180 días, pero menos de un año, de presencia ilegal.
Cuando la presencia ilegal acumulada es de un año o más, la prohibición puede extenderse a diez años.
El caso Delcarmen-Lara se concentró en la disposición de diez años. El BIA concluyó que el texto de la ley no contiene una excepción para las salidas realizadas mediante advance parole.
La decisión puede afectar a una persona que acumuló presencia ilegal antes de recibir DACA, durante una interrupción de su acción diferida o en otro periodo no protegido.
El tiempo transcurrido antes de que una persona cumpla 18 años generalmente no se incluye en este cálculo. Mientras DACA se encuentra vigente, normalmente se detiene la acumulación de presencia ilegal, pero no necesariamente desaparece el tiempo acumulado anteriormente.
Aplicación hacia el futuro
El BIA reconoció que estaba modificando de manera significativa un precedente establecido y decidió aplicar la nueva interpretación de manera prospectiva.
Por esa razón, no utilizó la nueva regla contra el viaje que la persona involucrada en el caso realizó durante 2024.
La interpretación se aplica a las salidas pertinentes efectuadas después del 13 de agosto de 2026. No reabre automáticamente todos los viajes anteriores realizados bajo el precedente de 2012.
Esta limitación protege parcialmente a quienes confiaron en la regla anterior. Sin embargo, cambia la planificación de las personas que todavía no han viajado.
Tener un documento de viaje aprobado no garantiza la entrada, la obtención de la residencia permanente ni la protección contra todas las demás consecuencias migratorias.
A quién puede afectar
El impacto no se limita a los beneficiarios de DACA. También puede alcanzar a otros inmigrantes que utilizan advance parole y han acumulado presencia ilegal.
Al mismo tiempo, una persona con DACA que no haya acumulado el periodo requerido podría no quedar sujeta a esta prohibición específica, aunque pueden existir otros motivos de inadmisibilidad o consecuencias relacionadas con una orden previa de deportación.
La residencia permanente también requiere una base legal independiente, como una petición familiar o laboral elegible, además del cumplimiento de los demás requisitos.
Algunas personas pueden solicitar una exención, pero su disponibilidad es limitada y depende de las circunstancias particulares. Las fechas, entradas, salidas y órdenes migratorias anteriores pueden modificar el resultado.
Durante más de una década, el precedente Arrabally permitió que algunas personas viajaran mediante advance parole sin activar estas prohibiciones y posteriormente utilizaran su ingreso autorizado para solicitar un ajuste de estatus.
Delcarmen-Lara elimina esa protección para determinadas salidas futuras. La posibilidad no ha desaparecido en todos los casos, pero ahora es más limitada para las personas que han acumulado periodos importantes de presencia ilegal.
La Redacción de Nuestra América Magazine
Fuentes:
Comentarios