Por la Redacción de Nuestra América Magazine
MIAMI.— El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) deportó a Venezuela al excoronel Rafael José Quero Silva, señalado por autoridades estadounidenses y organizaciones defensoras de derechos humanos de participar en la detención y tortura de manifestantes opositores durante el gobierno de Nicolás Maduro.
La expulsión se efectuó el 18 de agosto de 2026, en cumplimiento de una orden dictada por un juez de inmigración del Departamento de Justicia, informó ICE.
Quero Silva había ingresado a Estados Unidos el 20 de junio de 2016 por el Aeropuerto Internacional de Miami, pero permaneció en el país más allá del plazo autorizado. Agentes migratorios lo arrestaron el 27 de febrero de 2025 en Miramar, Florida.
Comandante del Destacamento 47
Antes de establecerse en Estados Unidos, Quero Silva fue comandante del Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), con sede en Barquisimeto, estado Lara.
Durante las protestas posteriores a las elecciones presidenciales venezolanas de 2013 y las movilizaciones antigubernamentales de 2014, esa unidad fue denunciada por el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias y torturas contra manifestantes.
ICE presentó a Quero Silva como un violador de derechos humanos y sostuvo que estuvo involucrado o tuvo conocimiento de los abusos cometidos por integrantes de la GNB bajo su mando.
De acuerdo con informes citados por la agencia estadounidense, el exmilitar supervisó directamente en 2013 la tortura de por lo menos 74 manifestantes pacíficos. Las víctimas habrían sido sometidas a descargas eléctricas, severas golpizas con bastones y botellas de agua congeladas, amenazas de violación y otras formas de abuso físico, psicológico y sexual.
El comunicado de ICE no identifica detalladamente los documentos utilizados para establecer esa cifra ni señala que Quero Silva haya recibido una condena penal por esos hechos.
Testimonios de las víctimas
Las denuncias contra el excoronel no proceden únicamente de las autoridades migratorias estadounidenses.
Carlos Doubront, abogado y exactivista político venezolano, declaró a la Voz de América que fue detenido el 16 de abril de 2013 después de participar en una protesta para exigir la revisión de los resultados electorales.
Doubront afirmó que permaneció durante aproximadamente 72 horas en el Destacamento 47, donde sufrió golpes, descargas eléctricas y humillaciones. Según su testimonio, Quero Silva impartió o permitió las órdenes que dieron inicio a los abusos.
Organizaciones venezolanas como Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (FUNPAZ), Foro Penal y Provea documentaron numerosas violaciones de derechos humanos ocurridas en Barquisimeto durante las protestas de 2013 y 2014.
Los registros citados por medios venezolanos señalan que solamente durante las protestas del 15 y 16 de abril de 2013 se produjeron en Lara 62 detenciones consideradas ilegítimas y 38 personas resultaron heridas.
Estas cifras no contradicen necesariamente el cálculo presentado por ICE, pues corresponden a diferentes categorías, periodos y formas de contabilizar las violaciones denunciadas.
Una demanda civil en Florida
Cinco ciudadanos venezolanos presentaron en diciembre de 2025 una demanda civil contra Quero Silva ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Florida.
Los demandantes sostienen que fueron golpeados, desnudados, amenazados, atacados con descargas eléctricas y, en algunos casos, heridos con armas de fuego mientras permanecían bajo custodia de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana.
La acción fue presentada al amparo de la Ley de Protección de Víctimas de la Tortura, legislación estadounidense que permite demandar civilmente a personas acusadas de cometer torturas o ejecuciones extrajudiciales mientras ejercían autoridad oficial en otro país.
Una demanda civil no equivale a una acusación penal ni constituye por sí sola una declaración de culpabilidad. Los demandantes solicitan indemnizaciones compensatorias y punitivas.
El abogado de inmigración de Quero Silva rechazó las acusaciones y afirmó que su cliente nunca persiguió a manifestantes ni autorizó abusos. Según su versión, el exmilitar sancionó a los subordinados cuando tuvo conocimiento de conductas indebidas.
Medios estadounidenses informaron que, en noviembre de 2025, un juez de inmigración concluyó que Quero Silva había participado en violaciones de derechos humanos, rechazó su solicitud de asilo y ordenó su expulsión. El exmilitar apeló la decisión, pero finalmente fue deportado.
La deportación no cierra la búsqueda de justicia
FUNPAZ advirtió que la devolución de Quero Silva a Venezuela no elimina los hechos denunciados ni extingue el derecho de las víctimas a buscar justicia y reparación.
La organización recordó que la demanda civil permanece radicada en una corte federal estadounidense. De acuerdo con especialistas consultados por medios de comunicación, el proceso podría continuar aunque el demandado se encuentre fuera de Estados Unidos, si así lo determina el tribunal.
La deportación plantea una diferencia fundamental entre control migratorio y responsabilidad judicial. Estados Unidos lo expulsó por orden de un juez de inmigración, pero no lo procesó penalmente por las torturas que se le atribuyen.
El desafío para las víctimas será conseguir que la expulsión no se convierta en un obstáculo para esclarecer lo sucedido en el Destacamento 47 y determinar responsabilidades mediante un proceso judicial con garantías para todas las partes.
ICE informó que el caso recibió apoyo de sus oficinas en Miami, Investigaciones de Seguridad Nacional, el FBI y el Centro para Violadores de Derechos Humanos y Crímenes de Guerra.
Desde 2003, según las cifras de la agencia, Estados Unidos ha expulsado físicamente a 1,178 personas conocidas o sospechosas de cometer violaciones de derechos humanos y ha facilitado la salida de otras 208.
La Redacción de Nuestra América Magazine
Pie de fotografía
Rafael José Quero Silva cuando pertenecía a la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela. Foto: ICE.
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