Una organización de asistencia legal acusa a la administración Trump de priorizar la expulsión de niños que llegaron solos a Estados Unidos y de limitar sus oportunidades de solicitar protección migratoria.
WASHINGTON, D.C.— Una organización de asistencia legal para inmigrantes presentó una demanda federal contra la administración del presidente Donald Trump, acusándola de impulsar una política de "deportación a toda costa" que estaría afectando especialmente a menores migrantes que ingresaron solos a Estados Unidos.
La demanda fue presentada por Jewish Family and Community Services of Pittsburgh (JFCS) en representación de seis menores inmigrantes y sostiene que los recientes cambios en el funcionamiento de los tribunales de inmigración están acelerando los procesos de deportación de niños y adolescentes que llegaron al país sin la compañía de sus padres o tutores legales.
Según los demandantes, muchos de estos menores son víctimas de abuso, abandono, negligencia o trata de personas y, bajo la legislación estadounidense, podrían reunir los requisitos para obtener protecciones migratorias especiales. Sin embargo, la demanda afirma que los nuevos procedimientos judiciales reducen considerablemente el tiempo disponible para presentar esas solicitudes y defender sus casos ante un juez.
El documento judicial señala:
"Este caso trata sobre las personas más vulnerables de nuestro sistema de inmigración: menores que han sido abusados, abandonados, descuidados y víctimas de la trata de personas. Uno supondría que una prioridad de nuestro sistema de inmigración sería, al menos, proteger a estos menores. Sin embargo, proteger a los menores vulnerables entra en conflicto con una agenda que promueve la 'deportación a toda costa'".
Los demandantes sostienen que las audiencias judiciales están siendo programadas con muy poca anticipación y que las solicitudes de prórroga para reunir pruebas o completar trámites migratorios son rechazadas con mayor frecuencia. Como consecuencia, algunos menores enfrentarían órdenes de deportación antes de que puedan acceder a beneficios previstos por la ley, como el Estatus Especial para Inmigrantes Juveniles (SIJ) o visas destinadas a víctimas de trata de personas.
La demanda surge en un momento en que diversas organizaciones también han expresado preocupación por la reducción de los servicios legales financiados por el gobierno para menores migrantes no acompañados. El vencimiento de contratos federales con organizaciones que brindaban representación jurídica podría dejar a decenas de miles de niños enfrentando procedimientos migratorios sin asistencia legal especializada.
Hasta el momento, el gobierno federal no ha respondido formalmente a las acusaciones contenidas en la demanda. Las autoridades han defendido en otras ocasiones sus políticas migratorias argumentando que buscan aplicar la ley de manera uniforme y reforzar el control de la inmigración irregular.
El caso será ahora analizado por un tribunal federal, que deberá determinar si las políticas impugnadas vulneran las garantías procesales y los derechos reconocidos por la legislación estadounidense a los menores migrantes que llegan solos al país.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario