Ofensiva financiera contra los carteles golpea a pequeños negocios y comunidades inmigrantes en la frontera

 

La Redacción de Nuestra América Magazine

Una política del gobierno de Estados Unidos concebida para detectar operaciones financieras relacionadas con los carteles mexicanos está generando preocupación por sus consecuencias sobre pequeños negocios y comunidades inmigrantes de la frontera con México.

La medida afecta a determinados negocios de servicios monetarios —establecimientos utilizados para enviar dinero, cambiar cheques y realizar otras operaciones financieras fuera de la banca tradicional— y les impone requisitos extraordinarios de información sobre determinadas transacciones en efectivo.

El Departamento del Tesoro sostiene que el objetivo es proporcionar a las autoridades información que permita identificar movimientos de dinero vinculados con carteles, narcotraficantes y otras organizaciones criminales. Sin embargo, comerciantes y especialistas legales han advertido que los controles también pueden afectar a clientes y pequeños negocios que realizan operaciones completamente legítimas.

La política comenzó de manera particularmente estricta en marzo de 2025. La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro, conocida como FinCEN, ordenó entonces que negocios de servicios monetarios ubicados en 30 códigos postales de California y Texas presentaran informes sobre transacciones en efectivo superiores a apenas 200 dólares y de hasta 10,000 dólares.

El gobierno modificó posteriormente la medida. En septiembre de 2025, FinCEN elevó el umbral a 1,000 dólares, explicando que buscaba continuar persiguiendo operaciones ilícitas y, al mismo tiempo, reducir la carga impuesta sobre los negocios legítimos.

La vigilancia se amplía en 2026

La política no terminó allí. En marzo de 2026, FinCEN renovó y amplió la llamada Geographic Targeting Order para incluir determinadas zonas de Arizona, California, Nuevo México y Texas próximas a la frontera.

La orden actualmente establece que los negocios cubiertos deben presentar informes sobre transacciones en efectivo de entre 1,000 y 10,000 dólares. La disposición entró en vigor el 7 de marzo y está prevista hasta el 2 de septiembre de 2026.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, ha defendido la estrategia argumentando que los carteles han utilizado el sistema financiero estadounidense para mover ganancias procedentes del narcotráfico y que las nuevas exigencias proporcionan a las fuerzas de seguridad información adicional para investigar esas redes.

Pero la controversia surge precisamente porque las casas de envío de dinero y otros negocios afectados forman parte de la vida cotidiana de numerosas comunidades fronterizas e inmigrantes.

Estos establecimientos no son utilizados exclusivamente para enviar remesas internacionales. Para muchas familias funcionan como una alternativa al sistema bancario convencional y permiten realizar diferentes operaciones necesarias para la economía doméstica.

Por ello, comerciantes y especialistas citados en informaciones periodísticas sostienen que una política diseñada para perseguir el dinero de los carteles puede terminar sometiendo a mayor escrutinio a una población mucho más amplia y aumentando los costos administrativos de pequeños establecimientos.

Una batalla que también llegó a los tribunales

La aplicación de la política enfrenta además un obstáculo judicial. El propio sistema electrónico de FinCEN informa actualmente que, debido a una orden judicial, los negocios de servicios monetarios sujetos a la jurisdicción del Tribunal Federal para el Distrito Sur de California no están obligados por el momento a entregar la información exigida por esta orden, aunque pueden hacerlo voluntariamente.

El conflicto plantea así una cuestión que va más allá de la lucha contra el narcotráfico: hasta dónde puede extenderse la vigilancia financiera destinada a combatir organizaciones criminales sin imponer una carga desproporcionada sobre negocios legítimos y comunidades enteras.

Para el gobierno estadounidense, los controles constituyen una herramienta para seguir el dinero de los carteles. Para sus críticos, el peligro está en que una red creada para encontrar operaciones criminales termine alcanzando también las transacciones ordinarias de miles de familias que viven y trabajan en la frontera.

Fuentes

FinCEN, Departamento del Tesoro de Estados Unidos: órdenes y comunicados sobre la Southwest Border Geographic Targeting Order, marzo de 2025, septiembre de 2025 y marzo de 2026.

FinCEN: preguntas frecuentes sobre la orden fronteriza de marzo de 2026 y sistema oficial BSA E-Filing.