La ONU ante una relación más tensa con Estados Unidos
Por La Redacción de Nuestra América Magazine
NACIONES UNIDAS — La relación entre Estados Unidos y las Naciones Unidas atraviesa una etapa de presión financiera y desacuerdos políticos que vuelve a colocar una pregunta en el centro del debate internacional: ¿hasta qué punto puede un solo Estado, aun siendo el mayor contribuyente, condicionar el funcionamiento de la organización multilateral?
Un reportaje de la agencia Inter Press Service (IPS) plantea esta discusión en momentos en que la ONU enfrenta una crisis de liquidez, ha puesto en marcha reformas de ahorro y observa con atención las decisiones de Washington sobre contribuciones, participación en organismos y visados para delegaciones internacionales.
La situación financiera es concreta. Reuters informó que el gobierno estadounidense comunicó al Congreso su intención de destinar 725 millones de dólares al presupuesto ordinario de la ONU. El secretario general, António Guterres, dijo posteriormente que esperaba el desembolso “muy pronto”. Sin embargo, la cifra representa solo una parte de los atrasos que las Naciones Unidas atribuyen a Estados Unidos. Washington sostiene que el monto total de la deuda es menor al calculado por la organización.
La diferencia no es menor. El presupuesto ordinario aprobado por la Asamblea General para 2026 asciende a 3.450 millones de dólares y cubre labores de paz y seguridad, desarrollo sostenible, derechos humanos, asuntos jurídicos, cooperación regional e información pública. La ONU ha advertido que los pagos tardíos o incompletos obligan a reducir gastos y ponen en riesgo la continuidad de operaciones básicas.
La administración estadounidense ha defendido una política de revisión de su respaldo a organizaciones internacionales. Una orden presidencial de febrero de 2025 dispuso que Estados Unidos dejara de participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, suspendiera fondos para la agencia de refugiados palestinos Unrwa y revisara su participación en la Unesco y en otras entidades. En enero de 2026, un memorando amplió el proceso de retiro o cese de apoyo a una lista de organismos, convenciones y tratados que la Casa Blanca considera contrarios a los intereses estadounidenses.
Desde la perspectiva oficial de Washington, estos pasos buscan exigir reformas, reducir gastos y asegurar que los fondos públicos respondan a prioridades nacionales. Para críticos de esa política, el riesgo es que los recursos financieros se conviertan en una herramienta de presión sobre una institución creada precisamente para que las decisiones internacionales no dependan exclusivamente de las grandes potencias.
IPS recogió las opiniones de especialistas que consideran preocupante la concentración de poder que otorga a Estados Unidos su peso político, financiero y geográfico como país anfitrión de la sede de la ONU en Nueva York. Esas opiniones no constituyen una posición oficial de las Naciones Unidas, pero reflejan un debate creciente entre académicos, organizaciones de la sociedad civil y delegaciones diplomáticas.
Uno de los puntos sensibles es el acuerdo de sede. La ONU ha subrayado que Estados Unidos tiene responsabilidades como país anfitrión en materia de acceso de delegaciones a sus reuniones. La discusión cobró fuerza tras reportes sobre posibles restricciones de visado a representantes palestinos para asistir a la Asamblea General. El portavoz de la ONU, Stéphane Dujarric, señaló que la organización espera que Estados Unidos cumpla sus obligaciones conforme al acuerdo de sede.
El traslado de la sede de Nueva York aparece periódicamente como una propuesta política, aunque presenta enormes dificultades jurídicas, logísticas y financieras. La propia historia de la ONU demuestra que una mudanza permanente no sería una decisión sencilla: requeriría acuerdos de los Estados miembros y una transformación institucional de gran escala.
Mientras tanto, la organización aplica la iniciativa de reforma ONU80. El programa contempla ahorro, reestructuración y el traslado de puestos desde ciudades de alto costo hacia otros centros. Estas medidas buscan sostener las funciones de la ONU en un momento de restricciones presupuestarias, pero no resuelven por sí solas el problema de fondo: la dependencia del cumplimiento de las contribuciones de los Estados miembros.
El futuro de la ONU no depende únicamente de Washington. La organización cuenta con 193 Estados miembros y sus decisiones se rigen por normas, votos y acuerdos multilaterales. Pero el peso de Estados Unidos —como miembro permanente del Consejo de Seguridad, poseedor del veto, principal contribuyente y anfitrión de la sede— hace que sus decisiones tengan consecuencias que van mucho más allá de sus fronteras.
La discusión, por tanto, no es solo financiera. Se trata de si el sistema multilateral podrá conservar su capacidad de actuar en favor de la cooperación, el desarrollo, los derechos humanos y la paz, aun cuando sus miembros más poderosos discrepen de sus prioridades.
La Redacción de Nuestra América Magazine
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