EL FUTURO NO ESTÁ AQUÍ
Del TLCAN a las deportaciones masivas: tres décadas de desplazamiento, resistencia y lucha migrante
Por Carlos Arango
El 1 de enero de 1994, México entró simbólicamente en una nueva era. Ese día comenzó a operar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mientras el Ejército Zapatista de Liberación Nacional se levantaba en Chiapas para denunciar la pobreza, el despojo y la marginación de los pueblos indígenas.
Ambos acontecimientos representaban proyectos opuestos. Por un lado, la integración de México al modelo de globalización neoliberal; por el otro, la resistencia de quienes habían quedado fuera de sus promesas.
El TLCAN profundizó la relación económica entre México y Estados Unidos. Sus defensores prometieron inversión, modernización y prosperidad. Sin embargo, para amplios sectores rurales y urbanos también significó desplazamiento, empleos precarios y una mayor dependencia del mercado estadounidense.
La izquierda mexicana y numerosos sindicatos de Estados Unidos se opusieron al tratado, aunque por razones diferentes. Hoy, buena parte de la izquierda institucional defiende su continuación mediante el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, conocido como T-MEC. La economía mexicana depende profundamente de esa relación comercial y de un modelo industrial basado, en buena medida, en salarios más bajos y cadenas de producción controladas desde el exterior.
Cuando el futuro obliga a emigrar
Para millones de campesinos, trabajadores informales y familias empobrecidas, el futuro dejó de estar en sus comunidades.
En 1990 vivían en Estados Unidos aproximadamente 4.3 millones de inmigrantes nacidos en México. Para el año 2000 eran alrededor de 9.2 millones, y la población alcanzó un máximo cercano a 11.7 millones en 2010. Después comenzó a disminuir, pero la migración ya había transformado profundamente a ambos países.
Quienes cruzaron la frontera no solamente buscaban empleo. Buscaban seguridad, educación para sus hijos, estabilidad y la posibilidad de construir una vida digna.
Durante décadas, el movimiento migrante reclamó una reforma integral y un camino hacia la legalización. A principios del siglo XXI, México y Estados Unidos parecían acercarse a un posible acuerdo migratorio. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 cambiaron esa conversación.
Los ataques fueron ejecutados por Al Qaeda. No existe evidencia de que Irán los hubiera planeado o conocido anticipadamente. Sin embargo, después de los atentados se impuso en Estados Unidos una política de seguridad que afectó especialmente a las comunidades árabes, musulmanas y migrantes.
La inmigración comenzó a presentarse cada vez más como un problema policial y de seguridad nacional. Se fortaleció la vigilancia fronteriza y el trabajador indocumentado pasó a ser tratado como una amenaza.
En California, esa criminalización ya había mostrado su rostro con la Proposición 187 de 1994. La iniciativa intentó negar a los inmigrantes indocumentados el acceso a servicios públicos esenciales. Aunque fue bloqueada por los tribunales, dejó una herencia política de miedo y división.
Aquí estamos y no nos vamos
Frente a esa ofensiva nació también una poderosa resistencia.
En la primavera de 2006, millones de inmigrantes y sus aliados marcharon en ciudades de todo Estados Unidos. Las movilizaciones rechazaron una propuesta legislativa que habría convertido en delincuentes a muchos inmigrantes indocumentados y a quienes los ayudaran.
El 1 de mayo de ese año, el llamado Día sin Inmigrantes demostró la fuerza económica y social de una comunidad que limpia oficinas, construye viviendas, recoge alimentos, cuida niños y ancianos, trabaja en restaurantes y mantiene en funcionamiento sectores fundamentales del país.
La consigna era clara: “Aquí estamos y no nos vamos.”
Aquellas marchas no consiguieron la reforma migratoria prometida, pero cambiaron para siempre la presencia política de la comunidad latina.
La política del miedo
El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca intensificó las detenciones, la pérdida de protecciones legales y las deportaciones.
Durante el año fiscal 2025, ICE deportó aproximadamente a 443,000 personas. Las detenciones llegaron a promediar 1,300 por día en diciembre de ese año. Para abril de 2026, 48 migrantes habían muerto bajo custodia de ICE desde el inicio del nuevo Gobierno, según cifras de la propia agencia.
A este panorama se suman las muertes ocurridas durante operativos migratorios.
Silverio Villegas González, trabajador mexicano y padre de dos hijos, murió en septiembre de 2025 tras recibir un disparo de un agente de ICE durante un operativo de tránsito en Franklin Park, Illinois. Las autoridades federales afirmaron que el agente había sido arrastrado por el vehículo, pero grabaciones posteriores y las palabras del propio agente —quien describió sus lesiones como menores— provocaron nuevas preguntas. La Policía Estatal de Illinois abrió una investigación.
El 7 de julio de 2026, Lorenzo Salgado Araujo, trabajador mexicano de 52 años, murió después de que un agente de ICE le disparara en Houston. ICE sostuvo que Salgado intentó usar su vehículo contra los agentes. Su familia, testigos y organizaciones de derechos civiles cuestionaron esa versión y exigieron una investigación independiente. El médico forense clasificó su muerte como homicidio, una categoría médica que no determina por sí misma responsabilidad penal.
Estos casos no deben reducirse a estadísticas. Detrás de cada número existe una familia, una comunidad y una historia interrumpida.
Recuperar el futuro
Durante décadas se nos dijo que el futuro llegaría con el libre comercio, la globalización y la integración económica. Pero para millones de personas, ese futuro significó abandonar la tierra, cruzar una frontera y vivir bajo la amenaza permanente de la deportación.
El futuro no está aquí si una persona debe elegir entre el hambre y el exilio.
El futuro no está aquí si trabajar se convierte en delito.
El futuro no está aquí si una detención migratoria puede terminar con una vida.
Pero el futuro tampoco está completamente perdido. Está en la memoria de las marchas, en las familias que se organizan, en los trabajadores que defienden sus derechos y en las comunidades que se niegan a permanecer en silencio.
Aquí estamos. Seguimos luchando. Y no renunciamos al derecho de construir un futuro con justicia y dignidad.
Fuentes de referencia: Migration Policy Institute; Pew Research Center; Comisión Nacional sobre los Ataques Terroristas del 11 de Septiembre; Reuters; Associated Press; Policía Estatal de Illinois; Biblioteca del Congreso y archivos históricos sobre las movilizaciones migrantes de 2006.
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