Relator de la ONU cuestiona ataques de EE. UU. contra embarcaciones acusadas de narcotráfico

 

Por la Redacción de Nuestra América Magazine

Un relator especial de las Naciones Unidas afirmó que existen “motivos razonables para creer” que decenas de ataques militares de Estados Unidos contra embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe y el Pacífico podrían constituir crímenes de lesa humanidad.

Ben Saul, relator especial de la ONU sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, examinó una campaña militar estadounidense desarrollada desde septiembre de 2025. En su nota informativa, tomó como base 68 ataques registrados hasta agosto de 2026, con al menos 223 personas muertas. Su evaluación no equivale a una sentencia judicial ni establece responsabilidades penales definitivas: es el análisis jurídico de un experto independiente designado por el sistema de derechos humanos de la ONU.

Saul sostuvo que los ataques vulneran el derecho a la vida y calificó las operaciones como posibles ejecuciones extrajudiciales. Según su análisis, no estarían justificadas por legítima defensa, derecho internacional humanitario, derecho del mar, convenios de control de narcóticos ni normas internacionales contra el terrorismo.

El punto central de su argumento es que el tráfico de drogas, por grave que sea, no constituye por sí mismo un “ataque armado” que habilite a un Estado a usar fuerza militar letal en legítima defensa. Aun si las personas a bordo pertenecieran a organizaciones designadas por Washington como terroristas, el relator señala que ello no demostraría que tuvieran capacidad o intención de lanzar un ataque militar contra Estados Unidos. También indicó que existen alternativas menos letales, como la interdicción marítima, detención de sospechosos e investigación judicial.

La administración Trump ha defendido la campaña bajo el argumento de que enfrenta a “narcoterroristas” y que las embarcaciones atacadas participan activamente en rutas de tráfico de drogas. El Comando Sur de Estados Unidos informó que su ataque más reciente, en el Caribe, causó cuatro muertes y se basó en inteligencia que identificaba a la lancha como vinculada al narcotráfico. Sin embargo, las autoridades estadounidenses no han divulgado públicamente las identidades de las víctimas ni los elementos de inteligencia que sustenten cada señalamiento.

Después del periodo cubierto por la nota de Saul, los conteos reportados por medios especializados situaron la campaña en 70 ataques y 234 muertes. Esa diferencia muestra por qué debe precisarse la fecha de corte: las cifras de 68 ataques y 223 fallecidos corresponden al análisis jurídico presentado por el relator, no necesariamente al total posterior de operaciones.

El informe pide investigar los hechos, determinar responsabilidades y reparar a las familias de las víctimas. La controversia abre una discusión mayor: si la lucha antidrogas puede trasladarse de la aplicación de la ley a una estrategia militar letal, y bajo qué límites del derecho internacional.