Por Bernardo
Méndez Lugo
En un fallo de
profunda trascendencia institucional, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
asestó un golpe definitivo a la estrategia de Donald Trump para restringir el
voto por correo en las elecciones legislativas de mitad de período. Con una
sólida mayoría de 7 votos contra 2, la máxima instancia judicial del país
decidió mantener congelada la orden ejecutiva presidencial que pretendía forzar
al Servicio Postal (USPS) a auditar, demorar y, en última instancia, bloquear
la distribución de boletas impresas a nivel nacional.
La resolución,
emitida a escasas semanas de los comicios de noviembre de 2026, frena en seco
el intento de la Casa Blanca por centralizar el control operativo del sufragio.
El origen de la
disputa: El plan de la Casa Blanca para el USPS
La batalla legal
comenzó en marzo de 2026, cuando la administración de Trump emitió una polémica
orden ejecutiva orientada a la "verificación de ciudadanía e integridad
electoral".
La directriz
federal obligaba a los estados a cruzar sus padrones con un sistema de registro
centralizado bajo supervisión del USPS. Bajo esta normativa, cualquier boleta
cuyo remitente presentara la más mínima discrepancia de datos corría el riesgo
de ser retenida por las autoridades postales.
Además, se
exigieron estrictos rediseños en los sobres y códigos de barras inteligentes,
otorgando al USPS una inédita capacidad de veto logístico para rechazar los
envíos de aquellas jurisdicciones estatales que no se alinearan de inmediato.
Frente legal:
California abandera la defensa constitucional de los estados
La respuesta de
los estados no se hizo esperar. Una poderosa coalición de 24 estados y el
Distrito de Columbia, liderada activamente por California, interpuso una
demanda colectiva civil fundamentada en una sólida base constitucional.
El argumento
central de la coalición se basó en la Cláusula de Elecciones (Artículo I,
Sección 4, Cláusula 1 de la Constitución de los EE. UU.), la cual estipula
explícitamente que la facultad de regular los tiempos, lugares y maneras de
celebrar las elecciones federales recae de forma primaria en las legislaturas
de cada estado, y secundariamente en el Congreso; nunca en el Poder Ejecutivo.
Los abogados
estatales demostraron ante los tribunales que la Casa Blanca pretendía incurrir
en una flagrante usurpación de funciones, utilizando una agencia de servicios
públicos como el USPS para legislar de facto y pasar por encima de las
normativas de los estados.
Asimismo,
alegaron que los requisitos constituían imposiciones de última hora imposibles
de ejecutar a nivel operativo a pocas semanas de las elecciones. El bloque de
demandantes advirtió que aplicar estos cambios intempestivos derivaría en la
privación masiva y sistémica del derecho al voto de millones de ciudadanos que
dependen de la vía postal, la cual es elegida históricamente por un tercio del
electorado.
El veredicto del
Supremo: Un freno por "arbitrariedad" logística
Al evaluar los
recursos de emergencia presentados por el gobierno, la Corte Suprema ratificó
que el ejecutivo difícilmente ganaría el caso en sus argumentos de fondo.
En su voto
concurrente, el juez de corte conservadora Brett Kavanaugh apuntó que la
premura de las restricciones violaba la Ley de Procedimiento Administrativo al
resultar "arbitraria y caprichosa", ya que los oficiales electorales
locales carecían del tiempo material mínimo para asimilar una reforma de tal
envergadura.
Por el contrario,
los jueces Samuel Alito y Clarence Thomas se manifestaron en disidencia,
justificando el control de la administración sobre las operaciones de
correspondencia.
Blindaje
inmediato para noviembre y una ventana abierta hacia 2028
Al desestimar el
recurso presidencial, el fallo de la Corte Suprema blinda de forma inmediata
los plazos de votación por correo establecidos por cada estado. Al quedar
desactivados los filtros y auditorías federales del USPS, entidades con
sistemas postales robustos —como la propia California— confirmaron que el envío
de las boletas a los hogares de los ciudadanos registrados comenzará sin
retrasos durante el mes de octubre.
Sin embargo, el
desenlace deja una advertencia clara para el futuro de la democracia
estadounidense. El razonamiento judicial se centró prioritariamente en los
problemas de logística y la falta de tiempo antes de noviembre de 2026, dejando
abierta la puerta legal para que el bloque conservador intente reintroducir y
estructurar restricciones similares al voto postal de cara a las elecciones
presidenciales de 2028.
Conclusión: Una
victoria del federalismo frente a la extralimitación ejecutiva
En última
instancia, la resolución del máximo tribunal en favor de la coalición liderada
por California representa una contundente ratificación del federalismo
estadounidense y un freno definitivo a la extralimitación del poder ejecutivo
sobre la administración electoral.
Al proteger la
autonomía de los estados para gestionar sus propios comicios según lo dicta la
Carta Magna, el Poder Judicial no solo ha blindado la normalidad logística de
las elecciones de 2026, sino que ha preservado el sistema esencial de pesos y
contrapesos constitucionales.
Esta decisión
histórica reafirma de manera categórica que la soberanía del sufragio descansa
en un modelo descentralizado, blindando el derecho al voto ciudadano frente a
cualquier intento de manipulación o centralización unilateral desde la Casa
Blanca.
Comentarios