A 25 años del 11-S, expertos advierten que la respuesta global debilitó derechos y democracia
Por La Redacción de Nuestra América Magazine
Al cumplirse 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, un grupo de alrededor de treinta expertos independientes vinculados a los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas rindió homenaje a las víctimas y a sus familias. Al mismo tiempo, alertó que las respuestas antiterroristas de las últimas décadas han socavado gravemente el derecho internacional, el espacio cívico y las garantías democráticas.
Los ataques de 2001, ejecutados con cuatro aviones secuestrados, dejaron cerca de 3,000 personas muertas en Nueva York, Washington y Pensilvania. La declaración recuerda ese dolor y extiende el reconocimiento a las víctimas de atentados, conflictos armados y respuestas antiterroristas desproporcionadas en distintas regiones del mundo.
Sin embargo, los expertos sostienen que, en nombre de la seguridad, se normalizaron prácticas que antes habrían sido consideradas excepcionales o incompatibles con el derecho internacional. Entre ellas mencionan guerras de agresión, ocupaciones ilegales, crímenes de guerra, tortura presentada como interrogatorio, entregas extraordinarias, secuestros transfronterizos, detenciones secretas, desapariciones forzadas, tribunales especiales y procesos militares injustos, incluido el caso de Guantánamo.
El pronunciamiento también advierte sobre el uso expansivo de leyes antiterroristas y de “extremismo” para restringir libertades fundamentales. Según los relatores, estas normas se han utilizado en distintos países para perseguir o intimidar a defensores de derechos humanos, periodistas, disidentes, académicos, artistas, organizaciones civiles, minorías, pueblos indígenas, campesinos y migrantes.
La crítica no se limita a las operaciones militares. Las tecnologías emergentes —drones, vigilancia masiva, programas espía, sistemas biométricos e inteligencia artificial— pueden facilitar abusos cuando no existen controles efectivos ni mecanismos de rendición de cuentas. Los expertos señalan que la automatización de sistemas de armas presenta riesgos directos para el derecho a la vida y para la posibilidad de investigar responsabilidades.
Uno de los efectos más profundos, añade la declaración, ha sido el deterioro del espacio cívico. Las restricciones a la libertad de expresión, reunión pacífica, asociación y participación política, junto con la sobrerregulación de organizaciones sin fines de lucro y las sanciones financieras, han dificultado incluso la labor humanitaria imparcial en zonas de conflicto.
Los expertos relacionan esta erosión con una falta persistente de rendición de cuentas. A su juicio, la impunidad por abusos cometidos en la llamada lucha contra el terrorismo ha alimentado la inseguridad en lugar de resolverla. El texto recuerda que la invasión de Irak en 2003 contribuyó a condiciones que favorecieron la expansión posterior del Estado Islámico, y subraya que las violaciones estatales pueden negar justicia a las víctimas y generar nuevas formas de violencia.
El balance que proponen es contundente: se han invertido billones de dólares en respuestas altamente militarizadas, pero el terrorismo sigue presente en más lugares del mundo que antes del 11-S. Frente a ello, llaman a revisar leyes y prácticas antiterroristas para ajustarlas al derecho internacional; crear mecanismos independientes de supervisión; y proteger por igual a las víctimas del terrorismo y a quienes han sufrido medidas antiterroristas ilegales.
La conmemoración del 11 de septiembre exige memoria y respeto para las víctimas. También requiere una reflexión seria sobre las consecuencias de las políticas adoptadas durante este cuarto de siglo. Seguridad y derechos humanos no deben ser objetivos opuestos: una respuesta que sacrifica la legalidad, la dignidad y la justicia termina debilitando aquello que pretende defender.
Nota de precisión: los relatores especiales y expertos de los procedimientos especiales actúan a título independiente; sus opiniones no representan necesariamente la posición institucional de las Naciones Unidas.
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