11 de septiembre, inmigración y el costo de olvidar

 

Por Armando García Álvarez

El 11 de septiembre de 2001, cerca de 3,000 personas murieron en el ataque terrorista más letal de la historia moderna. No eran sólo ejecutivos, bomberos, policías, pasajeros y empleados de oficina. Entre ellas hubo inmigrantes latinos y latinas —incluidas personas indocumentadas— cuyo trabajo ayudaba a sostener la vida cotidiana de Nueva York: cocineros, empleados de servicios, mensajeros, repartidores y trabajadores de mantenimiento.

Sus muertes recuerdan una verdad que con frecuencia se omite de la historia oficial: los inmigrantes también fueron víctimas del 11-S. Para algunas familias indocumentadas, al dolor se sumó una carga cruel: tener que demostrar que su ser querido había trabajado en las torres, que había estado allí, que existía ante instituciones que demasiadas veces se habían negado a verlo.

Veinticinco años después, la tragedia no terminó con el derrumbe de las torres. Casi 10,000 rescatistas y sobrevivientes han muerto por enfermedades asociadas con los atentados, según cifras difundidas a partir del Programa de Salud del World Trade Center. El número de muertes por cáncer y padecimientos respiratorios ya supera al de quienes murieron aquella mañana. Esta semana, la ciudad de Nueva York divulgó más de 170,000 páginas de documentos sobre la calidad del aire y la respuesta gubernamental en Ground Zero. Los archivos devuelven una pregunta dolorosa: ¿qué sabían las autoridades sobre el aire tóxico y cuándo lo supieron?

La respuesta importa, porque memoria sin rendición de cuentas es una memoria incompleta.

Hay otra parte de esta historia que también debe recordarse. El 12 de septiembre de 2001, el Congreso tenía programada la primera audiencia sobre el DREAM Act, una iniciativa que habría abierto una vía de regularización para muchos jóvenes inmigrantes. La audiencia fue cancelada después de los atentados. Antes del 11-S, el presidente George W. Bush y el presidente mexicano Vicente Fox conversaban sobre un marco más amplio de reforma migratoria. Esa posibilidad política desapareció.

Lo que siguió no fue una reforma integral. Fue la expansión del aparato de control migratorio.

El Congreso creó el Departamento de Seguridad Nacional en 2002. En 2003, las funciones migratorias fueron reorganizadas dentro de esa estructura mediante ICE, la Patrulla Fronteriza y Aduanas —CBP—, y los Servicios de Ciudadanía e Inmigración —USCIS—. La inmigración quedó cada vez más ligada a la lógica de la seguridad nacional. Las consecuencias fueron más allá de la investigación antiterrorista: vigilancia, detención, deportación, perfilamiento racial y una cultura pública que con frecuencia trató a migrantes —en particular musulmanes, árabes, sudasiáticos y latinos— como sospechosos antes que como vecinos.

La seguridad es una responsabilidad legítima de todo Estado. Pero no se construye convirtiendo comunidades enteras en objeto de sospecha. Tampoco se honra a los muertos olvidando a los vivos: a los rescatistas que siguen enfermando, a las familias que aún exigen verdad y a los inmigrantes que continúan aportando su trabajo, sus impuestos, su cultura y su esperanza.

Recordar honestamente el 11 de septiembre significa llorar a cada víctima, defender a cada sobreviviente y rechazar la falsa disyuntiva entre seguridad y dignidad humana. Una nación que sólo se siente segura por medio del miedo no está verdaderamente segura. Una nación que recuerda con justicia ha aprendido algo de su pérdida.