Comunidades latinoamericanas descubren que también pueden producir su propia energía

 

Por La Redacción de Nuestra América Magazine

Durante más de un siglo, el modelo eléctrico tradicional funcionó fundamentalmente en una sola dirección: grandes empresas producían electricidad en enormes centrales y los consumidores se limitaban a recibirla y pagar por ella.

Las energías renovables están comenzando a modificar ese modelo.

Paneles solares, pequeñas instalaciones renovables, baterías y sistemas locales de distribución permiten que hogares, cooperativas y comunidades puedan convertirse también en productores de electricidad.

Para América Latina, esta transformación ofrece posibilidades particularmente importantes.

Millones de personas viven en comunidades rurales, zonas aisladas o territorios donde extender las grandes redes nacionales resulta costoso y complicado.

En esos lugares, producir electricidad cerca del sitio donde será consumida puede representar una alternativa.

Del consumidor al productor

La energía solar ha cambiado una parte importante de la ecuación.

A diferencia de una gran central termoeléctrica o hidroeléctrica, un sistema fotovoltaico puede instalarse en dimensiones muy diferentes: desde unos cuantos paneles en el techo de una vivienda hasta proyectos comunitarios capaces de abastecer a numerosos usuarios.

Esto permite imaginar comunidades donde escuelas, centros de salud, pequeños negocios y viviendas compartan parte de la electricidad generada localmente.

El desarrollo de baterías agrega otra posibilidad: almacenar parte de la electricidad producida durante las horas de mayor generación solar para utilizarla posteriormente.

Una transformación más amplia

La Agencia Internacional de Energía prevé un fuerte crecimiento de la energía solar durante los próximos años.

En Centro y Sudamérica, la generación fotovoltaica aumentará considerablemente hacia 2030, acompañada por una mayor participación de la energía eólica.

Pero para aprovechar plenamente esa transformación no basta con instalar paneles.

Los sistemas eléctricos necesitan nuevas reglas que permitan integrar generación distribuida, almacenamiento y participación de los consumidores.

Las comunidades energéticas también plantean preguntas sobre financiamiento, propiedad, mantenimiento y acceso.

Una comunidad de bajos ingresos difícilmente puede financiar grandes inversiones sin créditos, programas públicos o mecanismos cooperativos.

Por eso la transición energética no debería convertirse exclusivamente en una oportunidad para quienes poseen recursos suficientes para instalar tecnología.

Energía y autonomía local

La generación comunitaria puede tener además consecuencias sociales.

Una comunidad capaz de producir una parte de su electricidad puede reducir su vulnerabilidad ante interrupciones externas y utilizar los ahorros para otras necesidades.

En zonas rurales, disponer de energía confiable puede favorecer sistemas de bombeo de agua, refrigeración de alimentos y medicinas, comunicaciones, educación y pequeños emprendimientos.

No significa que las grandes redes eléctricas vayan a desaparecer.

Por el contrario, seguirán siendo fundamentales para garantizar estabilidad y suministro a millones de personas.

Lo que está cambiando es la relación entre productor y consumidor.

El futuro eléctrico latinoamericano podría estar formado no solamente por enormes centrales y largas líneas de transmisión, sino también por miles de pequeños productores conectados entre sí.

En esa transformación, algunas comunidades latinoamericanas comienzan a descubrir algo que hasta hace pocos años parecía reservado a las grandes compañías eléctricas:

ellas también pueden producir energía.

Fuentes informativas

Agencia Internacional de Energía (AIE/IEA): Electricity 2026 y perspectivas de generación renovable hasta 2030.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): estudios sobre transición energética e infraestructura regional.

Naciones Unidas: información sobre energía sostenible, electrificación y desarrollo.

La violencia digital busca expulsar a las mujeres de la política, el periodismo y la vida pública

 

Por La Redacción de Nuestra América Magazine

Insultos, amenazas, campañas de difamación, fotografías manipuladas, acoso sexual y ataques realizados mediante inteligencia artificial se están convirtiendo en instrumentos para silenciar a mujeres que participan en la política, el periodismo, el activismo y la defensa de los derechos humanos.

La violencia contra las mujeres ya no ocurre únicamente en los espacios físicos.

Las redes sociales y las nuevas tecnologías han abierto otro escenario donde las agresiones pueden multiplicarse rápidamente y alcanzar a miles o incluso millones de personas.

Un estudio internacional difundido por Naciones Unidas encontró que siete de cada diez mujeres defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas consultadas habían sufrido violencia en línea durante su trabajo.

Más preocupante todavía: cuatro de cada diez señalaron haber experimentado también ataques fuera de internet relacionados con esos abusos digitales.

Inteligencia artificial y nuevas formas de agresión

El desarrollo de herramientas de inteligencia artificial ha creado posibilidades extraordinarias para la comunicación, pero también nuevos instrumentos para el hostigamiento.

Imágenes falsas, videos manipulados o deepfakes, suplantación de identidad y campañas automatizadas pueden utilizarse para atacar la reputación de una mujer en cuestión de horas.

Las mujeres con mayor visibilidad pública resultan particularmente expuestas.

Políticas, periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos pueden recibir miles de mensajes intimidatorios después de expresar una opinión o publicar una investigación.

El objetivo muchas veces no consiste en discutir sus argumentos.

Se busca intimidarlas hasta conseguir que reduzcan su presencia pública, abandonen las redes sociales o incluso dejen su actividad profesional.

Cuando la violencia virtual llega al mundo real

Uno de los mayores errores consiste en considerar que lo ocurrido en internet permanece exclusivamente en internet.

Las amenazas digitales pueden transformarse en persecución, intimidación física y agresiones.

Por ello, organismos internacionales han comenzado a tratar la violencia digital contra las mujeres como un problema que afecta directamente a la democracia, la libertad de expresión y los derechos humanos.

Cuando una periodista deja de investigar por temor, una política abandona el debate público o una activista decide guardar silencio debido a amenazas, el daño no afecta solamente a esa mujer.

Pierde toda la sociedad.

El desafío de las plataformas

Gobiernos y empresas tecnológicas enfrentan el desafío de responder a formas de violencia que evolucionan rápidamente.

Las leyes de muchos países fueron creadas antes de que existieran las redes sociales modernas y mucho antes de la aparición de herramientas capaces de producir imágenes y videos falsos mediante inteligencia artificial.

Combatir esta violencia exige mejores mecanismos de denuncia, protección efectiva para las víctimas y responsabilidad de quienes utilizan las plataformas para amenazar.

La tecnología puede ampliar la participación democrática.

Pero cuando se convierte en un instrumento para expulsar a las mujeres del debate público, el problema deja de ser solamente tecnológico.

Se convierte en un problema para la democracia.

Fuentes informativas

Naciones Unidas: información sobre violencia digital contra mujeres y niñas.

ONU Mujeres: investigaciones sobre violencia en línea contra mujeres defensoras de derechos humanos, activistas y periodistas.

UNESCO: información sobre violencia digital y seguridad de mujeres periodistas.

International Center for Journalists (ICFJ): investigaciones sobre violencia en línea contra mujeres periodistas.

América Latina crecerá apenas 2,2 % en 2026: una economía que avanza sin despegar

 

Por La Redacción de Nuestra América Magazine

América Latina y el Caribe volverán a crecer en 2026, pero lo harán a un ritmo insuficiente para resolver muchos de los problemas estructurales que afectan a la región.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta que las economías regionales crecerán en promedio 2,2 % durante 2026, una ligera revisión a la baja respecto del 2,3 % que había calculado anteriormente.

Detrás de esa cifra aparentemente técnica existe un problema mucho más profundo.

Una economía puede crecer y, sin embargo, no generar suficientes empleos de calidad, inversiones, productividad ni recursos fiscales para mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población.

CEPAL advierte además que la desaceleración será amplia. La mayoría de las economías latinoamericanas y caribeñas mostrará menor dinamismo durante 2026 que durante el año anterior.

Una región de enormes diferencias

Hablar de un promedio regional puede ocultar realidades muy diferentes.

Sudamérica crecería alrededor de 2,4 %, mientras Centroamérica avanzaría aproximadamente 2,2 %.

En el Caribe las cifras son particularmente engañosas debido al extraordinario crecimiento de Guyana. Sin ese país, el desempeño promedio de las economías caribeñas sería considerablemente menor.

Cuba y Haití, por su parte, aparecen entre las economías para las que se esperan contracciones.

La CEPAL identifica varios riesgos para la región: condiciones financieras restrictivas, presiones inflacionarias relacionadas con energía y alimentos, volatilidad internacional, debilidad de la demanda interna y vulnerabilidad frente a acontecimientos externos.

Crecer no basta

El problema latinoamericano no es solamente cuánto crece la economía, sino qué tipo de crecimiento se produce.

Una expansión económica limitada puede dificultar la creación de empleos formales y bien remunerados. También restringe la capacidad de los gobiernos para financiar infraestructura, educación, salud y programas sociales.

La región continúa enfrentando además bajos niveles de productividad y grandes desigualdades.

Cuando el crecimiento permanece durante años alrededor del 2 %, resulta mucho más difícil reducir las brechas sociales acumuladas.

La situación internacional agrega incertidumbre. Conflictos geopolíticos, precios energéticos, inflación y condiciones financieras globales pueden afectar directamente a economías latinoamericanas altamente vinculadas al comercio internacional.

América Latina no está necesariamente frente a una nueva gran crisis económica regional.

Pero tampoco se encuentra en una etapa de expansión suficientemente fuerte como para transformar sus condiciones estructurales.

El 2,2 % previsto para 2026 resume precisamente ese dilema: la región continúa avanzando, pero lo hace demasiado lentamente.

Fuentes informativas

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): actualización de las proyecciones de crecimiento económico para América Latina y el Caribe, abril de 2026.

Naciones Unidas: información económica regional y perspectivas internacionales.

América Latina busca hacer valer su peso en la elección del próximo secretario general de la ONU

 

Por La Redacción de Nuestra América Magazine

La sucesión de António Guterres al frente de las Naciones Unidas ha abierto una oportunidad política poco frecuente para América Latina y el Caribe: colocar nuevamente a una figura de la región en la Secretaría General de la organización internacional.

El mandato de Guterres termina el 31 de diciembre de 2026 y quien resulte seleccionado asumirá el cargo el 1 de enero de 2027.

Aunque las Naciones Unidas no establecen formalmente una rotación geográfica obligatoria para ocupar la Secretaría General, durante décadas ha existido una expectativa de equilibrio regional.

América Latina solamente ha ocupado una vez el principal cargo diplomático de Naciones Unidas.

El peruano Javier Pérez de Cuéllar fue secretario general entre 1982 y 1991. Desde entonces, ningún latinoamericano ha vuelto a dirigir la organización.

Ahora varias candidaturas procedentes de la región han colocado nuevamente a América Latina en el centro de la discusión.

Entre las candidaturas oficialmente presentadas durante el proceso se encuentran la costarricense Rebeca Grynspan, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa y el argentino Rafael Mariano Grossi.

También fueron presentadas anteriormente las candidaturas de la expresidenta chilena Michelle Bachelet y de la argentina Virginia Gamba, aunque ambas fueron posteriormente retiradas.

Una elección donde las grandes potencias conservan enorme influencia

El secretario general es nombrado formalmente por la Asamblea General, pero solamente después de recibir una recomendación del Consejo de Seguridad.

Eso concede un enorme poder político a los cinco miembros permanentes del Consejo: Estados Unidos, China, Rusia, Francia y Reino Unido.

Cualquiera de ellos puede bloquear en la práctica una candidatura mediante su poder de veto.

Por ello, llegar a la Secretaría General requiere algo más que apoyo regional. El candidato o candidata debe conseguir un complicado equilibrio diplomático entre países que mantienen profundas diferencias geopolíticas.

¿El turno latinoamericano?

En círculos diplomáticos se habla de que América Latina y el Caribe podrían tener una oportunidad especialmente importante en esta elección.

Naciones Unidas reconoce que, aunque no existe una regla formal de rotación, la práctica histórica ha alimentado la percepción de que podría corresponder nuevamente a la región.

La posibilidad adquiere mayor importancia en un escenario internacional marcado por guerras, rivalidades entre grandes potencias, tensiones comerciales y cuestionamientos al sistema multilateral.

Para América Latina, ocupar la Secretaría General no significaría controlar las Naciones Unidas. El cargo tiene importantes limitaciones institucionales y depende de las decisiones de los Estados miembros.

Pero sí representaría una oportunidad para que una región con más de 650 millones de habitantes tenga una voz de enorme visibilidad en el escenario internacional.

La elección que se desarrolla durante 2026 será, por tanto, mucho más que una competencia entre nombres.

También será una prueba de cuánto peso diplomático puede ejercer América Latina dentro de un sistema internacional todavía dominado por las grandes potencias.

Fuentes informativas

Organización de las Naciones Unidas: proceso oficial de selección y nombramiento del próximo secretario o secretaria general.

Asamblea General de las Naciones Unidas: candidaturas y diálogos públicos del proceso de selección.

Naciones Unidas para América Latina y el Caribe: información sobre participación regional en el proceso.

América Latina avanza en energía limpia, pero sus redes eléctricas amenazan con quedarse atrás

 

Por La Redacción de Nuestra América Magazine

América Latina posee algunos de los mayores recursos renovables del planeta y continúa aumentando su capacidad para producir electricidad mediante fuentes solares, eólicas e hidroeléctricas. Sin embargo, una paradoja amenaza con frenar esa transformación: producir energía limpia no es suficiente cuando las redes eléctricas carecen de capacidad para transportarla, almacenarla e integrarla eficientemente.

La expansión de las energías renovables está obligando a los países a mirar más allá de la construcción de parques solares y eólicos. La infraestructura de transmisión y distribución se ha convertido en una pieza fundamental de la transición energética.

La Agencia Internacional de Energía (AIE) considera que las redes eléctricas están emergiendo como uno de los grandes cuellos de botella de los sistemas energéticos. Mientras las inversiones en generación renovable avanzan rápidamente, ampliar una red eléctrica puede requerir muchos años de planificación, permisos y construcción.

Para América Latina el desafío es especialmente importante. La región posee enormes recursos naturales, pero muchos centros de generación se encuentran alejados de las principales ciudades y zonas industriales.

La energía solar producida en regiones desérticas, la electricidad generada por el viento en áreas costeras y la capacidad hidroeléctrica localizada lejos de los centros urbanos necesitan líneas de transmisión capaces de llevar esa electricidad hasta los consumidores.

Un potencial extraordinario

Las perspectivas continúan siendo favorables para las energías renovables.

La AIE calcula que Centro y Sudamérica experimentarán un importante crecimiento de la generación solar hacia 2030, acompañado por aumentos significativos de la producción eólica.

Pero el crecimiento de fuentes variables, particularmente solar y eólica, exige sistemas eléctricos más flexibles. El sol no produce electricidad durante las 24 horas y el viento cambia constantemente.

Por ello, las redes modernas necesitan combinar generación, almacenamiento mediante baterías, interconexiones entre regiones y países, y mecanismos que permitan equilibrar la oferta con la demanda.

Invertir en las redes

El problema no es exclusivamente latinoamericano. En diferentes partes del mundo existen proyectos de generación y almacenamiento que enfrentan largas esperas para conectarse a las redes eléctricas.

La AIE estima que más de 2.500 gigavatios correspondientes a proyectos de generación, almacenamiento y grandes consumidores permanecen actualmente en filas de conexión alrededor del mundo.

La advertencia es clara: construir capacidad renovable sin modernizar simultáneamente las redes puede terminar desperdiciando parte del potencial energético.

Para América Latina, donde la demanda eléctrica continuará creciendo y numerosos gobiernos buscan reducir la dependencia de combustibles fósiles, la infraestructura eléctrica será tan importante como las propias plantas generadoras.

La transición energética latinoamericana, por tanto, no se decidirá únicamente en los parques solares, las turbinas eólicas o las centrales hidroeléctricas.

También se decidirá en miles de kilómetros de cables, subestaciones, sistemas de almacenamiento y nuevas conexiones regionales.

La región tiene energía. El desafío ahora es construir la infraestructura necesaria para aprovecharla plenamente.

Fuentes informativas

Agencia Internacional de Energía (AIE/IEA): Electricity 2026, capítulos sobre generación, redes eléctricas y flexibilidad.

Agencia Internacional de Energía: Electricity Mid-Year Update 2026.

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL): información regional sobre infraestructura y transición energética.

Las deportaciones de Trump comienzan a sentirse en el mercado laboral de Estados Unidos

 

Por La Redacción de Nuestra América Magazine

La intensificación de las deportaciones y de los operativos migratorios impulsados por el gobierno del presidente Donald Trump comienza a generar consecuencias que van más allá de las comunidades inmigrantes. Sectores importantes de la economía estadounidense dependen desde hace décadas de trabajadores nacidos en el extranjero, muchos de ellos latinoamericanos, y cualquier reducción significativa de esa fuerza laboral puede sentirse directamente en el mercado de trabajo.

Agricultura, construcción, hostelería, restaurantes y diferentes actividades de servicios figuran entre los sectores donde la presencia de trabajadores inmigrantes tiene particular importancia.

La ofensiva migratoria ha generado además un clima de incertidumbre entre trabajadores y empleadores. Incluso inmigrantes que cuentan con autorización para trabajar pueden sentir temor ante el aumento de operativos y controles migratorios.

El efecto económico no depende exclusivamente del número de personas deportadas. También puede producirse cuando trabajadores dejan temporalmente sus empleos, evitan desplazarse a determinados lugares o cambian sus rutinas debido al temor de encontrarse con agentes migratorios.

Agricultura: una dependencia histórica

Uno de los sectores más vulnerables es la agricultura estadounidense.

Una proporción considerable de quienes realizan trabajos agrícolas nació fuera de Estados Unidos, particularmente en México y otros países latinoamericanos. La recolección de frutas y vegetales, así como otros trabajos intensivos del campo, depende ampliamente de esta mano de obra.

Una reducción abrupta de trabajadores puede provocar dificultades para levantar las cosechas a tiempo. Para los agricultores, eso significa mayores costos y potenciales pérdidas de productos.

Si los costos laborales aumentan o parte de las cosechas no puede recogerse, el impacto eventualmente puede trasladarse al consumidor mediante precios más elevados.

Construcción

La construcción representa otro sector con una importante presencia de trabajadores inmigrantes.

En numerosas ciudades estadounidenses, trabajadores latinoamericanos participan en proyectos residenciales y comerciales, remodelaciones, instalación de techos y diferentes especialidades de la industria.

Una disminución de trabajadores disponibles puede retrasar proyectos y aumentar los costos laborales en un momento en que muchas regiones del país ya enfrentan problemas relacionados con el precio y la disponibilidad de viviendas.

El problema resulta especialmente complejo porque la construcción requiere tanto trabajadores especializados como mano de obra para tareas físicamente exigentes que no siempre encuentran suficientes candidatos en el mercado laboral local.

Restaurantes y hostelería

Hoteles, restaurantes y servicios de preparación de alimentos también dependen considerablemente de trabajadores inmigrantes.

Cocinas, limpieza, mantenimiento y otros puestos esenciales para el funcionamiento cotidiano de estos negocios cuentan con una amplia participación de trabajadores nacidos fuera del país.

Una reducción de esa fuerza laboral podría obligar a algunas empresas a aumentar salarios para atraer trabajadores, reducir horarios o trasladar los mayores costos a los consumidores.

Para pequeñas empresas, especialmente restaurantes familiares, un aumento significativo de los costos laborales puede representar una presión considerable.

El dilema económico

La política migratoria de Trump parte de la promesa de reforzar las fronteras y deportar a personas que permanecen en Estados Unidos sin autorización legal. Sin embargo, la aplicación de una política de deportaciones a gran escala enfrenta una realidad económica difícil de ignorar: millones de inmigrantes forman parte activa de la fuerza laboral estadounidense.

El debate, por tanto, no se limita a la política migratoria.

También plantea una pregunta económica fundamental: ¿quién ocupará los empleos que actualmente desempeñan los trabajadores que sean expulsados del país?

En teoría, una menor disponibilidad de trabajadores podría producir aumentos salariales y atraer a ciudadanos estadounidenses hacia algunos empleos. Pero ese proceso no ocurre automáticamente. Existen diferencias geográficas, de capacitación, experiencia y disposición para desempeñar determinados trabajos.

Estados Unidos se encuentra así ante una contradicción: mientras el gobierno busca reducir drásticamente la población inmigrante sin autorización legal, importantes sectores de la economía continúan dependiendo de trabajadores inmigrantes.

Las consecuencias definitivas dependerán de la magnitud y duración de las deportaciones. Pero las primeras señales muestran que la política migratoria no solamente se desarrolla en la frontera o en los centros de detención.

También comienza a sentirse en los campos agrícolas, las obras de construcción, los hoteles, los restaurantes y otros lugares de trabajo de Estados Unidos.

Fuentes informativas

U.S. Bureau of Labor Statistics: estadísticas sobre empleo y participación de trabajadores nacidos en el extranjero en la fuerza laboral estadounidense.

U.S. Department of Agriculture: información sobre la composición de la fuerza laboral agrícola de Estados Unidos.

U.S. Department of Homeland Security: información oficial sobre política migratoria, detenciones y deportaciones.

Pew Research Center: estudios sobre trabajadores inmigrantes y su participación en diferentes sectores de la economía estadounidense.

FIP denuncia ataques sexistas contra mujeres periodistas y exige mayor protección en los medios

 

Por La Redacción de Nuestra América Magazine

La violencia contra las mujeres periodistas continúa siendo una de las amenazas más persistentes contra la libertad de prensa. A las agresiones, amenazas y presiones que enfrenta el periodismo en general se suma, en el caso de las comunicadoras, una violencia específicamente dirigida contra ellas por razón de género.

La Federación Internacional de Periodistas (FIP) ha advertido reiteradamente que las mujeres que ejercen el periodismo son objeto de campañas de intimidación, insultos sexistas, amenazas de violencia sexual y ataques personales que buscan desacreditarlas profesionalmente y expulsarlas del espacio público.

El fenómeno se ha intensificado con el crecimiento de las redes sociales. Las plataformas digitales, convertidas en herramientas indispensables para el trabajo periodístico, también permiten que campañas coordinadas de hostigamiento alcancen rápidamente a miles de personas.

En muchos casos, los ataques no cuestionan el contenido de una información publicada por una periodista, sino su apariencia física, su vida privada, su familia o su condición de mujer. Esta diferencia convierte el problema no solamente en una amenaza contra la libertad de expresión, sino también en una forma de violencia de género.

La FIP ha señalado que este tipo de hostigamiento puede tener consecuencias directas sobre el ejercicio profesional. Algunas periodistas reducen su presencia en las redes sociales, evitan determinados temas o incluso abandonan temporalmente espacios de comunicación debido al nivel de amenazas recibidas.

El impacto psicológico tampoco debe minimizarse. Recibir de manera constante mensajes violentos, amenazas sexuales o advertencias contra familiares puede provocar miedo, ansiedad y una sensación permanente de inseguridad.

Los medios también tienen responsabilidad

La protección de las periodistas no puede recaer exclusivamente sobre quienes reciben las amenazas. Las empresas de comunicación tienen la responsabilidad de establecer mecanismos de prevención y respuesta.

Cuando una periodista es atacada debido a su trabajo, el medio para el que trabaja debe ofrecer respaldo institucional y no dejarla enfrentando individualmente las consecuencias.

Esto incluye protocolos de seguridad, asistencia jurídica cuando sea necesaria, mecanismos para documentar amenazas y apoyo profesional ante situaciones de hostigamiento prolongado.

También resulta fundamental que las autoridades investiguen las amenazas que puedan constituir delitos. La normalización de la violencia digital puede permitir que amenazas aparentemente virtuales terminen convirtiéndose en agresiones en el mundo real.

Una amenaza a la libertad de prensa

Atacar a una periodista para silenciarla tiene consecuencias que van más allá de la persona afectada. Cuando el miedo obliga a una comunicadora a abandonar una investigación o evitar determinados asuntos, toda la sociedad pierde acceso a información de interés público.

Por ello, la violencia sexista contra las periodistas debe entenderse también como un problema de libertad de prensa.

La defensa del periodismo requiere garantizar que mujeres y hombres puedan investigar, preguntar, denunciar y publicar sin que las amenazas personales se conviertan en un instrumento para imponer silencio.

En una época en la que buena parte del debate público ocurre en plataformas digitales, proteger a quienes ejercen el periodismo significa también enfrentar las nuevas formas de intimidación que han surgido dentro de esos espacios.

Fuentes informativas

Federación Internacional de Periodistas (FIP): información y campañas sobre violencia, acoso y discriminación contra mujeres periodistas.

UNESCO: informes y estudios internacionales sobre violencia digital contra mujeres periodistas y libertad de expresión.

Naciones Unidas: información sobre seguridad de periodistas, violencia de género y protección de la libertad de prensa.