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Por Angélica
Beltrán
Noticias de
México.- La iniciativa de reforma a la Ley de Telecomunicaciones
y Radiodifusión enviada por la presidenta Sheinbaum al Senado este miércoles,
busca recomponer cimientos constitucionales en clara defensa de la soberanía
nacional, eliminados durante gobiernos neoliberales.
La iniciativa busca prohibir la propaganda extranjera en materia política,
comercial o ideológica, con excepción de la promoción
turística o cultural, en medios nacionales concesionarios; como
ya lo establecía una ley eliminada en el sexenio peñista en 2014.
Y así como esa ley
soberanista fue eliminada; a lo largo de 30 años de gobiernos neoliberales
(1988-2018) se eliminaron leyes dentro del paquete de “reformas de gran
calado”, con el propósito de debilitar los pilares constitucionales de la
seguridad y defensa de la soberanía nacional. De ahí que haya quedado bien
acuñado el término de “vendepatrias” a quienes sirvieron a esos gobiernos.
En ese marco, y sólo por recordar, se impulsó la privatización de las playas en
el gobierno de Peña Nieto; pese a que la Constitución contempla las playas y
litorales como parte de la franja de seguridad nacional; cuya venta estaba
prohibida a particulares, sobre todo a extranjeros, en previsión de invasiones.
Afortunadamente, la ley fue restituida a la constitución en el sexenio pasado
del presidente López Obrador, con lo cual las playas volvieron a ser públicas.
Por cierto, el legislador que impulsó la privatización de las playas,
porque según su “justificación jurídica” en pleno siglo XXI ya no había peligro
de invasión extranjera, fue el propio Beltrones, entonces coordinador de la
bancada priista; a través de legisladores “ingenuos”, por decir lo menos.
De tal modo, que hoy la ley vigente en materia de telecomunicaciones y
radiodifusión no contempla sanción ni prohibición alguna para la difusión de
propaganda extranjera en materia política e ideológica; por eso la presidenta
Sheinbaum no cuenta con elementos legales para sancionar a medios
concesionarios que difundieron en los últimos días spots del gobierno de
Estados Unidos en contra de los migrantes indocumentados, considerándolos narcotraficantes
y delincuentes en general.
Y aunque pudiéramos considerar obvio que los concesionarios deben estar en
primera instancia en defensa de los connacionales, por sobre gobiernos que
propagan discursos racistas, incriminatorios y de odio contra la población
migrante; y por ética no deberían aceptar campañas extranjeras en contra de
nuestro propio país, la mentalidad de la información como mercancía ha dado
oportunidad a campañas en ese sentido.
Esto, sin el menor atisbo para considerar que las políticas imperialistas en
contra de América Latina han propiciado la migración de la población más
afectada.
En
fin, la iniciativa en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de la
presidenta Sheinbaum que propone reglamentar la difusión de contenidos en
medios de comunicación concesionarios, ya se encuentra en proceso legislativo,
tras ser recibida en el Senado como cámara de origen; y se prevé su aprobación
el próximo lunes, según el presidente de Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña.
En paralelo, la presidenta Sheinbaum ha creado la Agencia de
Transformación Digital y Telecomunicaciones en sustitución del Instituto
Federal de Telecomunicaciones (IFT), la cual establecerá el esquema de
sanciones millonarias para quienes incumplan con las disposiciones legales y
regulatorias en este sentido, cuya pena máxima será el retiro de la concesión.
Y como la reforma a la Ley Telecom no requiere mayoría absoluta, sino simple,
para su aprobación, es un hecho que será aprobada la próxima semana en que
finalizará el periodo ordinario de sesiones en el Congreso de la Unión; con
tiempo para su envío a la Cámara de Diputados, donde continuará el proceso
legislativo, cuya bancada mayoritaria coordina Ricardo Monreal, brazo fuerte y
aliado legislativo de la presidenta Claudia Sheinbaum. En hora buena por
esas reformas soberanistas.
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