Trabajador
migrante en plantación agrícola foto proporcionada por el autor
Por Ollantay
Itzamná
Si bien
casi toda la población norteamericana es de origen migrante, al momento, según
datos oficiales, apenas cerca del 4% de la población total del país estaría en
situación de migrantes indocumentados, procedentes en su mayoría de México,
Guatemala, Colombia, Honduras, El Salvador, Venezuela. Estadísticamente, el
número de trabajadores indocumentados es insignificante.
Muy a pesar
que las y los migrantes, en especial en situación de indocumentados, son
quienes desde los nichos laborales más difíciles mueven la industria y la
economía del país, el gobierno de Donald Trump, para intentar mantener “la
unidad de la nación norteamericana” que en julio del 2026 celebraría 250 años
existencia, decidió convertir a los migrantes en los “enemigos internos”,
“invasores” de los EEUU, y en consecuencia fagocitar y cohesionar el
sentimiento nacionalista norteamericano contra la presencia invasora del
enemigo común: los migrantes.
Desde el
pasado fin de semana, las ciudades y estados icónicos de la migración, lejos de
apoyar las políticas salvajes de criminalización-detención-expulsión de
migrantes, atestiguan una de las inéditas acciones de “resistencias colectivas”
a las recientes políticas racistas contra trabajadores y familias migrantes. En
respuesta, el gobierno federal militariza las ciudades convulsas, vigila,
detiene y castiga a la ciudadanía norteamericana movilizada en diversos
territorios.
Esta
premeditada vulneración de los derechos humanos por parte del gobierno
norteamericano es premiada con el silencio cómplice de organismo
supranacionales como la ONU, la OEA, la Unión Europea, o la propia CELAC que
ante situaciones menores de vulneración de derechos en otros países acostumbran
a expresar sus más enérgicas condenas, sanciones, o aplican bloqueos
económicos.
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