Por: Lic. Bárbara
Lera Castellanos. Especialista en Relaciones y Comercio Internacional. Integrante de América sin Muros y Agenda Migrante.
La coyuntura
actual de la migración mexicana hacia Estados Unidos obliga a replantear la
manera en que se entiende y gestiona la movilidad laboral, especialmente frente
al aumento de deportaciones y el peso creciente de "las mujeres jefas de
familia" en estos flujos.
Cada retorno
forzado no es solo un dato estadístico, es un hogar que se reconfigura,
ingresos que se pierden y proyectos de vida interrumpidos. En este escenario,
seguir apostando casi exclusivamente por la contención y la deportación
significa profundizar la vulnerabilidad de quienes ya aportan trabajo y capital
social a ambas economías.
La respuesta de
política pública debe asumir, con realismo, que la migración es estructural y
que las mujeres ocupan un lugar cada vez más central como proveedoras de
ingreso y sostén familiar.
Las visas
temporales H‑2A y H‑2B
ofrecen una vía concreta para transformar la migración irregular y las deportaciones traumáticas en movilidad circular regulada. Estos
programas ya canalizan una parte significativa de la demanda de mano de obra en
agricultura, jardinería, hotelería, limpieza, construcción y otros servicios,
pero sus topes permanecen muy por debajo de las necesidades reales del mercado
estadounidense.
Ampliar de forma
programada estas visas hasta, al menos, 300 mil lugares anuales para personas
trabajadoras mexicanas permitiría atender simultáneamente la escasez de mano de
obra en Estados Unidos y la necesidad de empleo digno entre población deportada
y retornada en México.
El desafío y la
oportunidad están en diseñar estos planes de visas temporales con enfoque de
género y de derechos, colocando en el centro a migrantes deportados y, de
manera explícita, a las mujeres jefas de familia. La evidencia muestra un
aumento sostenido en la participación femenina en la migración y en la jefatura
de hogares vinculados a la migración y las remesas, lo que implica nuevas
responsabilidades económicas para millones de mexicanas.
De este modo, los
programas H‑2A y H‑2B
deben incorporar cuotas y criterios específicos para mujeres jefas
de hogar, acompañados de capacitación en derechos laborales, finanzas personales y proyectos productivos al
retorno.
Esto exige
coordinación entre gobierno federal, estados fronterizos, municipios y
universidades públicas para construir padrones confiables de deportados y
retornados, identificar hogares con jefatura femenina en mayor vulnerabilidad y
ofrecerles un itinerario claro de inserción en estos esquemas temporales.
Más que ver las
visas solo como válvulas de ajuste del mercado laboral estadounidense, se trata
de convertirlas en instrumentos de inclusión y reparación para quienes han
sufrido los costos más altos de la deportación y la precariedad.
Un nuevo acuerdo
laboral México–Estados Unidos, centrado en la expansión de H‑2A y H‑2B con
prioridad a migrantes deportados y mujeres jefas de familia, podría marcar el tránsito de un enfoque punitivo a uno de corresponsabilidad y codesarrollo.
Reconocer la
creciente participación femenina y su papel como jefas de hogar no es solo una
cuestión de justicia, sino de eficacia, si las políticas de movilidad laboral
integran su talento y liderazgo económico, la migración dejará de ser una
herida abierta y podrá convertirse en un puente más equitativo entre
las dos economías.
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