Por Nuestra
América Magazine – Reportaje Especial
Tras la
intervención militar de Estados Unidos, funcionarios en Estados Unidos
han indicado que Washington asumirá la administración de funciones clave en
Venezuela de manera temporal, mientras se organiza una transición política.
El objetivo declarado, según autoridades estadounidenses, es evitar el colapso
institucional, estabilizar los servicios básicos y preparar el terreno para
entregar el poder a un gobierno civil de transición.
El anuncio ha
intensificado un debate ya encendido en toda América Latina: quién gobierna
ahora Venezuela, bajo qué autoridad y por cuánto tiempo.
Qué significa
“administración temporal”
Funcionarios
estadounidenses describen este esquema no como un gobierno permanente, sino
como supervisión y coordinación de funciones críticas del Estado en Venezuela.
Entre ellas se incluyen:
- Seguridad de infraestructuras
estratégicas (puertos, refinerías, red eléctrica)
- Administración de aduanas y
exportaciones petroleras
- Coordinación de ayuda humanitaria y
distribución de alimentos
- Apoyo a la reestructuración de la
autoridad electoral
La dirección
política recaería en el Departamento de Estado de Estados Unidos, en
coordinación con el Pentágono y algunos socios internacionales. Funcionarios y
técnicos venezolanos permanecerían en sus cargos, pero bajo supervisión
externa.
Washington
insiste en que este marco será estrictamente limitado en el tiempo, y
concluirá una vez que se instale una autoridad de transición y se convoquen
elecciones.
¿Una
transición sin soberanía?
Críticos
sostienen que administrar otro país —aunque sea de forma temporal— equivale a
una ocupación de facto, independientemente del lenguaje utilizado.
Juristas y diplomáticos latinoamericanos advierten que ninguna transición
puede reclamar legitimidad si es diseñada e impuesta por una potencia
extranjera.
“Esto no es una
tutela neutral”, afirmó un analista regional. “Es una forma de gobierno
moldeada por los intereses estratégicos de Estados Unidos —energía, seguridad y
geopolítica— y no por el consenso venezolano”.
La ausencia de un
mandato de las Naciones Unidas ha profundizado las preocupaciones.
Aunque funcionarios estadounidenses afirman que los organismos internacionales
serán “consultados”, no existe una resolución multilateral vinculante que
autorice a Washington a administrar Venezuela durante la transición.
¿Quién lidera
después de la intervención?
Según
declaraciones de Estados Unidos, podría formarse un consejo de transición,
integrado por figuras de la oposición, tecnócratas y representantes de la
sociedad civil. Sin embargo, las decisiones clave —presupuestarias,
militares y diplomáticas— quedarían bajo supervisión estadounidense hasta
que Washington certifique que las condiciones son “estables”.
Esto plantea la
pregunta central que hoy enfrenta el pueblo venezolano:
¿se trata de una transición hacia el autogobierno o de una antesala para
instalar un gobierno alineado con Estados Unidos?
Muchos temen lo
segundo. Un liderazgo que emerja bajo protección militar extranjera corre el
riesgo de ser percibido como un gobierno títere, debilitando su
legitimidad y su capacidad real de gobernar.
Reacción
regional e internacional
Gobiernos de
América Latina han expresado alarma. Varios han advertido que la administración
externa de Venezuela sienta un precedente peligroso, reviviendo recuerdos
de intervenciones del siglo XX. Han crecido los llamados para que Naciones
Unidas intervenga y sustituya el control unilateral por un mecanismo de
transición multilateral.
Organizaciones de
derechos humanos, por su parte, alertan que la protección de la población civil
debe ser prioritaria, especialmente en zonas urbanas pobres y regiones
fronterizas ya afectadas por el desplazamiento y la escasez.
Petróleo,
economía y control
Las vastas
reservas petroleras de Venezuela ocupan un lugar central en el plan de
transición. Funcionarios estadounidenses han confirmado que la producción y
exportación de energía serán estrechamente supervisadas para “evitar la
corrupción y financiar la reconstrucción”. Los críticos responden que esto
equivale a colocar el principal recurso nacional bajo control extranjero en el
momento de mayor vulnerabilidad del país.
Las decisiones
económicas que se tomen ahora —política monetaria, reestructuración de la
deuda, privatizaciones— podrían marcar a Venezuela durante décadas, mientras los
venezolanos tienen poca o ninguna voz en ese proceso.
Un camino
incierto
Washington
sostiene que, sin control estadounidense, Venezuela corre el riesgo de caer en
el caos, el conflicto interno y una catástrofe humanitaria. Sus opositores
responden que la estabilidad impuesta desde el exterior es frágil, y que
la paz duradera solo puede lograrse con participación y liderazgo venezolano.
Al comenzar 2026,
Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. El país ya no es gobernado
exclusivamente por sus propias instituciones, pero tampoco se le ha devuelto
una alternativa soberana clara. Si esta transición administrada por Estados Unidos
conduce a la democracia y la recuperación, o a una prolongada
dependencia y resentimiento, dependerá de cuán pronto el poder regrese a manos
venezolanas y de si el pueblo puede realmente decidir su propio futuro.
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