Por Dr. Jorge
Alfredo Lera Mejía. Especialista en políticas públicas, Migración y Remesas.
La racha de ocho
caídas consecutivas de las remesas en 2025 marca un punto de inflexión para
México, porque se debilita su segunda fuente de divisas justo cuando el PIB
está estancado y se destruyen empleos formales e informales.
Esta pérdida de
dinamismo golpea el consumo popular y anticipa un aumento de pobreza,
desigualdad territorial y presiones sobre los programas sociales, efectos que
serán más visibles en 2026.
En este
escenario, los programas de trabajo temporal en Estados Unidos y Canadá (H‑2A y H‑2B)
pueden funcionar como paliativos, pero no sustituyen una estrategia interna de
generación de empleo e ingreso en las regiones más dependientes de remesas.
En términos
macroeconómicos, las remesas de noviembre de 2025 ascendieron a 5,125 millones
de dólares, 5.7% menos que un año antes, y entre enero y noviembre sumaron
56,469 millones, una caída cercana a 5.1% anual que rompe una década de
crecimiento continuo.
La apreciación
del peso y la inflación interna reducen alrededor de 17% el poder de compra
real de estos recursos, configurando un doble choque: menos dólares enviados y
menor capacidad de compra por cada dólar recibido.
Dado que los
hogares receptores se concentran en los deciles de menor ingreso, el ajuste se
traduce en recortes directos en gasto de alimentos, salud, educación y
vivienda, especialmente en zonas rurales y periurbanas.
Entre las causas
estructurales destacan el endurecimiento migratorio y las redadas en Estados
Unidos, la mayor vigilancia financiera y un mercado laboral menos favorable
para trabajadores de baja calificación, que reduce horas trabajadas y
estabilidad de los migrantes mexicanos.
La "frontera
cerrada" implica menos entradas nuevas y más retornos, con lo que se
estanca o disminuye la base de migrantes que históricamente sostiene los flujos
de remesas.
Bajo estas
condiciones, las remesas dejan de ser un motor de expansión y se convierten en
un amortiguador insuficiente frente a la falta de crecimiento del PIB y la
pérdida de empleos en México.
Las proyecciones
apuntan a un cierre de 2025 en torno a 61,700 millones de dólares, con una
disminución anual de 4.7–5%, sin señales de un cambio rápido en la política
migratoria estadounidense.
Se configura así
un "triángulo de riesgo": menos remesas, menos empleo y frontera
cerrada, que deriva en caída del consumo local, más informalidad y potenciales
tensiones sociales en municipios expulsivos y fronterizos.
Este panorama
exige una agenda integral que combine política migratoria laboral externa con
políticas internas de desarrollo productivo y protección social.
Propongo tres
líneas de acción
Primero,
fortalecer y ampliar los canales de migración laboral regulada (Visas
Temporales H‑2A agrícola, H‑2B no agrícola, Visas TN y programas canadienses), buscando más cupos, más sectores incluidos y mejores condiciones
laborales. Es clave crear ventanillas únicas estatales y
municipales que organicen la postulación de trabajadores,
reduzcan abusos de intermediarios y vinculen a los migrantes con programas de
retorno productivo que transformen parte de las remesas en inversión.
Segundo, activar
amortiguadores internos de corto plazo: reforzar programas de ingreso mínimo en
municipios de alta dependencia, facilitar reestructuras y microcrédito a
negocios familiares, y lanzar programas de empleo temporal en infraestructura
barrial y obras rurales.
Tercero, impulsar
una estrategia productiva de mediano plazo que aproveche el nearshoring para
atraer cadenas productivas a estados expulsores y fronterizos, condicionando
incentivos a la creación de empleo formal bien remunerado para población con
baja escolaridad.
En cuarto punto,
es necesario relanzar esquemas tipo "3x1 para migrantes" adaptados al
nuevo contexto, orientando recursos de las diásporas a proyectos productivos y
capital semilla, junto con un fuerte impulso a educación técnica, certificación
de competencias y reconversión laboral en agroindustria, logística, cuidados y
servicios especializados.
Sin una política
integral en esta dirección, la actual caída de remesas dejará de ser una simple
advertencia coyuntural y se convertirá en un factor estructural de
estancamiento y desigualdad en México.
CASO TAMAULIPAS
En Tamaulipas, la
caída de remesas en 2025 es incluso más profunda que la media nacional y
erosiona uno de los pilares del ingreso popular.
Mientras el país
registra descensos cercanos a 4–5%, el estado muestra reducciones de 4–7%, con
mayor impacto per cápita porque las remesas se concentran en hogares de alta
vulnerabilidad.
Se estima una
baja de entre 80 y 100 millones de dólares respecto a 2024, que afecta a unas
240 mil familias distribuidas en distintos municipios.
Las cifras de
Banco de México al tercer trimestre de 2025 reportan 718.4 millones de dólares
en remesas, frente a 750.8 millones un año antes, una diferencia de 32.4
millones.
Aunque la zona
conurbada de Tampico, Madero y Altamira concentra más de 105 millones hasta
septiembre, y municipios como Victoria, Matamoros y Reynosa son líderes en
montos recibidos, los más golpeados son los municipios rurales y periurbanos.
En Tula, Mante y
localidades de la Huasteca y del centro‑sur, donde las remesas
representan entre 40% y 50% del ingreso familiar, ya se observan menos ventas
en mercados y pequeños comercios, más endeudamiento informal y mayor presión a nuevas oleadas migratorias.
Esta contracción
debilita el tejido económico comunitario y revela la fragilidad de un modelo de
desarrollo excesivamente apoyado en el "dólar migrante".
De ahí la
urgencia de articular en Tamaulipas políticas activas de empleo,
diversificación productiva y acompañamiento a las familias receptoras, para que
la crisis de remesas no se traduzca en una espiral de mayor pobreza y exclusión
en los pueblos rurales y periurbanos del estado.
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