Por Armando García Álvarez
La última
intervención militar estadounidense en Venezuela marca una ruptura
peligrosa en las relaciones hemisféricas y un grave revés para el derecho
internacional. Sea cual sea la opinión que se tenga sobre el gobierno de
Maduro, el cambio impuesto por el extranjero a través de la fuerza no es
ni legítimo ni sostenible. La historia en toda América Latina enseña una
lección dolorosa: las intervenciones enmarcadas como "liberación" con
demasiada frecuencia terminan en dependencia, inestabilidad y sufrimiento
prolongado para la gente común.
Condenamos la
acción de Estados Unidos no porque el actual liderazgo venezolano esté fuera de
toda crítica, sino porque la
soberanía no es condicional. Es un principio fundamental del sistema
internacional. Cuando Estados Unidos elude la diplomacia y los
mecanismos multilaterales para imponer resultados por la fuerza, erosiona las
propias normas que dice defender. El precedente es corrosivo: hoy Caracas,
mañana cualquier capital considerada incómoda.
La falsa
elección: Autocracia o marioneta
El debate que
ahora se impone a los venezolanos es un falso binarismo: o bien el mismo
régimen arraigado o un líder instalado y sostenido por Washington. Este enfoque
es profundamente antidemocrático. Venezuela merece un tercer camino: una
solución venezolana, nacida del diálogo interno, elecciones libres con
garantías creíbles y un acompañamiento internacional que apoye, no dicte.
Sustituir una
concentración de poder por otra—especialmente una ligada a intereses
extranjeros—no sanará las heridas de Venezuela. Un gobierno "aprobado por
EE.UU." corre el riesgo de déficits inmediatos de legitimidad tanto en
casa como en toda la región, encerrando al país en una polarización permanente.
El resultado sería un gobierno por supervivencia, no por consentimiento.
Lecciones de
la región
La historia
moderna de América Latina está saturada de intervenciones que prometían orden y
generaban el caos. Desde golpes de Estado disfrazados de anticomunismo hasta
terapias de choque económico impuestas sin consentimiento social, el patrón es
consistente: el control externo socava las instituciones y profundiza la
desigualdad. La crisis de Venezuela—colapso económico, migración masiva,
represión política—no puede resolverse repitiendo esos errores.
La verdadera
estabilidad requiere reconstrucción institucional, no ingeniería de
régimen. Requiere restaurar los controles y equilibrios, proteger las
libertades civiles y crear condiciones económicas que permitan a las familias
vivir con dignidad. Nada de eso se puede lanzar.
¿Qué debería
liderar Venezuela?
Ni un solo hombre
fuerte, ni un proxy extranjero. Venezuela debería estar liderada por una
autoridad transitoria y plural que surja de las negociaciones entre actores
venezolanos—gobierno, oposición, sociedad civil, sindicatos y comunidades
religiosas—bajo garantías internacionales que respeten la soberanía. El
papel de la comunidad internacional debe ser facilitador: alivio de sanciones
vinculado a medidas verificables, corredores humanitarios aislados de la
política y observación electoral acordada por todas las partes.
Los organismos
regionales y las Naciones Unidas deberían ser los anclos de este
proceso. Los vecinos latinoamericanos, que soportan el coste humano del
desplazamiento, deben tener una voz decisiva. La influencia de Washington, si
la hay, debería ser indirecta y responsable, canalizada a través de
marcos multilaterales, no de helicópteros de ataque ni ultimátums.
El coste
humano debe ser lo primero
Cada escalada
aumenta el riesgo para los civiles. Los barrios más pobres pagan primero:
cortes de luz, escasez, miedo. La intervención endurece las posiciones y reduce
el espacio para el compromiso. Si el objetivo declarado son los derechos
humanos, entonces acabar con la violencia y facilitar la ayuda debe
tener prioridad sobre las victorias simbólicas.
Nuestra
posición
Condenamos la
intervención estadounidense por considerarla ilegal y contraproducente.
Rechazamos la idea de que Venezuela deba elegir entre el mismo régimen o
un títere estadounidense. El único camino legítimo a seguir es la
autodeterminación, basada en el consenso venezolano y protegida por el
derecho internacional.
El futuro de
Venezuela pertenece a los venezolanos—no a Washington, ni a ningún palacio,
ni a la lógica de la fuerza. El mundo debería ayudar a que Venezuela se
mantuviera firme, no a decidir quién la gobierna.
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