Por Armando García
Álvarez
Hablar de América
Latina sin mencionar las invasiones e intervenciones de Estados Unidos es
hablar de una historia incompleta. Desde el siglo XIX hasta el XXI, la política
exterior estadounidense ha tratado a la región no como un conjunto de naciones
soberanas, sino como un espacio subordinado a sus intereses estratégicos,
económicos e ideológicos. El resultado ha sido una herida histórica que, lejos
de sanar, sigue marcando el presente, como se ha visto en la madrugada del tres
de enero pasado en Venezuela.
Los medios
estadounidenses comentaron que la intervención en Venezuela, tiene mucha
similitud cuando en diciembre de 1989, Estados Unidos invade a Panamá, para
aprehender al presidente Manuel Noriega, acusado de narcotráfico.
Desde sus
orígenes como potencia continental, Estados Unidos asumió que su expansión era
un derecho natural o divino. Bajo la idea del “destino manifiesto”, se
normalizó la guerra contra México en el siglo XIX, una invasión que no solo
arrebató territorios, sino que dejó una lección duradera: la fuerza militar
podía imponerse sobre la soberanía latinoamericana sin mayores consecuencias.
Ese precedente se convirtió en patrón de política exterior.
Con el paso del
tiempo, la intervención dejó de justificarse abiertamente como conquista
territorial y adoptó nuevos disfraces: protección de inversiones, estabilidad
regional, lucha contra el comunismo, defensa de la democracia o combate al
narcotráfico. Pero el fondo fue el mismo: el control político y económico de
países considerados parte de su esfera de influencia.
El siglo XX fue
particularmente devastador. Las ocupaciones militares en el Caribe y
Centroamérica, las invasiones abiertas y el respaldo a dictaduras dejaron
millones de víctimas. Gobiernos democráticamente electos fueron derrocados por
atreverse a tocar intereses empresariales o por intentar caminos económicos
propios. A cambio, se impusieron regímenes autoritarios que gobernaron con
represión, tortura y desapariciones, siempre bajo la sombra del apoyo externo.
Durante la Guerra
Fría, América Latina fue tratada como un campo de batalla ideológico. No
importó cuántos civiles murieran, cuántas comunidades fueran destruidas o
cuántas generaciones crecieran bajo el miedo: lo esencial era impedir cualquier
proyecto político que se apartara del modelo impuesto desde el norte. El
anticomunismo se convirtió en una licencia para el horror. Las consecuencias
aún se sienten en sociedades marcadas por la desigualdad, la desconfianza
institucional y la violencia estructural.
Con la llegada
del siglo XXI, algunos creyeron que esta etapa había terminado. Sin embargo, lo
que cambió no fue la lógica, sino las formas. Las invasiones militares dieron
paso a sanciones económicas, bloqueos financieros, operaciones mediáticas y
presiones diplomáticas. Hoy se asfixian economías enteras en nombre de la
democracia, mientras se ignora deliberadamente el impacto humano de estas
políticas: pobreza, migración forzada y colapso de servicios básicos.
El discurso
moralista que acompaña estas acciones resulta especialmente cínico. Se habla de
derechos humanos mientras se respaldan gobiernos aliados con historiales
cuestionables. Se invoca la libertad, pero se castiga a los pueblos cuando
eligen caminos políticos no alineados. Se condena la migración, pero se omiten
las responsabilidades históricas en la destrucción de las condiciones que
obligan a millones a abandonar sus países.
Nada de esto ha
sido casual. El intervencionismo ha servido para garantizar acceso a recursos
naturales, mercados cautivos y posiciones geopolíticas estratégicas. América
Latina ha pagado ese precio con sangre, inestabilidad y dependencia. Y cuando
las consecuencias regresan en forma de crisis migratorias o violencia
transnacional, se responde con muros, militarización y discursos de
criminalización.
Esta historia no
debe entenderse como un simple recuento del pasado. Es una advertencia sobre el
presente. Cada vez que se normaliza una sanción colectiva, un golpe
“institucional” o una injerencia “humanitaria”, se reactivan viejas prácticas
que ya demostraron su fracaso moral y político. La región no necesita tutelaje
ni castigos; necesita respeto a su autodeterminación.
América Latina ha
resistido. A pesar de invasiones, dictaduras y presiones externas, sus pueblos
siguen reclamando soberanía, justicia social y dignidad. Esa resistencia es la
prueba de que la historia no está cerrada. Pero también es un recordatorio incómodo
para quienes, desde el poder, insisten en repetir los mismos errores.
Reconocer el
intervencionismo estadounidense no es un acto de resentimiento, sino de
memoria. Sin memoria no hay justicia, y sin justicia no hay futuro. Mientras no
se asuma esta responsabilidad histórica, la relación entre Estados Unidos y
América Latina seguirá marcada por la desconfianza, la desigualdad y una herida
abierta que atraviesa siglos.
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