Agentes del ICE Newark y socios federales arrestaron a Ismail Sayik, un ciudadano de Turquía que se encontraba ilegalmente en los Estados Unidos, durante una operación policial de rutina en Nueva Jersey el 4 de marzo. El extranjero tiene tres órdenes de arresto en el extranjero, incluso por presunto asesinato. Actualmente se encuentra bajo custodia de ICE a la espera de los procedimientos de deportación. (Foto de ICE.gov)
Por Larry G. Álvarez
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, invocó
una ley del siglo XVIII para llevar a cabo numerosas deportaciones durante el
fin de semana. La Ley de Enemigos Extranjeros, utilizada por primera vez desde
la Segunda Guerra Mundial, es una amplia autoridad en tiempos de guerra que
permite que los no ciudadanos sean deportados sin que primero se les permita
comparecer ante un juez de inmigración o de un tribunal federal. La Casa Blanca
ha negado haber violado la orden de un juez el sábado de detener las
deportaciones de cientos de presuntos pandilleros venezolanos a El Salvador.
Mientras tanto, una profesora
de medicina de la Universidad de Brown fue deportada al Líbano a pesar de tener
una visa de trabajo válida en Estados Unidos y en desafío a la orden de un juez
que bloqueaba su expulsión inmediata de Estados Unidos.
Recientemente, el presidente Donald Trump invocó esta
ley para acelerar la deportación de presuntos miembros de la pandilla
venezolana Tren de Aragua, calificando sus actividades como una
"invasión" que amenaza la seguridad de Estados Unidos. Esta
aplicación sin precedentes de la ley se dirige a actores no estatales y no a
naciones extranjeras.
Los críticos argumentan que el uso de la Ley de
Enemigos Extranjeros en este contexto es un uso indebido, ya que
tradicionalmente se aplica a los actores estatales en tiempos de guerra
formales. Han surgido desafíos legales, y un juez federal emitió una orden de
restricción temporal que detiene las deportaciones bajo esta proclamación
durante dos semanas.
A pesar de la orden judicial, los informes indican que
las deportaciones continuaron, con más de 250 presuntos pandilleros enviados a
El Salvador. Esto ha provocado debates sobre el equilibrio entre la seguridad
nacional y el cumplimiento de los procesos legales.
La situación pone de relieve las tensiones entre las
acciones ejecutivas y la supervisión judicial, lo que plantea interrogantes
sobre el alcance de los poderes presidenciales en virtud de la Ley de Enemigos
Extranjeros y su aplicabilidad a las amenazas de seguridad contemporáneas.
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