Por Angélica
Beltrán
Bien puede titularse así esta columna: Lo de Rocha es tema político; lo de Maru, delito de traición a la patria. Porque en términos estrictos, sólo hay pruebas en un caso.
En el caso de la
gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, de filiación panista, se
documentó la presencia de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA)
en territorio nacional, vinculados a un operativo de seguridad estatal, al
margen de la ley.
Ahí no hay
interpretación política que valga: la participación de agentes extranjeros en
tareas de seguridad —facilitada desde un gobierno local— coloca el tema en el
terreno de la legalidad constitucional y la soberanía nacional. De hecho, la
Fiscalía General de la República abrió investigaciones por posibles delitos
contra la seguridad nacional tras revelarse el caso.
En tanto, la
solicitud de Estados Unidos de extradición de nueve funcionarios por presuntos
vínculos con el narcotráfico, entre los que se encuentra el gobernador de
Sinaloa, Rubén Rocha Moya; carece, hasta ahora, de pruebas públicas
contundentes. Y se inserta en el contexto de la tensión entre ambos países por
el caso la CIA en México.
Por tal motivo
surge la duda de si se trata de un caso judicial o tema político operado desde
Washington, cuya respuesta no formal al caso Chihuahua-CIA ha sido desplazar el
foco del escándalo de intervención extranjera a uno penal contra actores
políticos mexicanos.
Dicen que
en política nada es casual, y en este episodio, la máxima parece cumplirse.
El gobierno de
Donald Trump mueve piezas en el tablero regional con una lógica que combina
presión judicial, narrativa mediática y reposicionamiento diplomático.
El llamado “caso
Rocha” funciona, en ese sentido, como una jugada de enroque: permite cambiar el
centro de la discusión pública. De un tema incómodo —la posible injerencia de
la CIA en territorio mexicano sin autorización— a otro que reposiciona a Estados
Unidos como actor “anticrimen”.
En tanto, el caso
Chihuahua se encapsula, pero no se resuelve. En el fondo sigue intacto el hecho
de la violación de protocolos de cooperación internacional y la vulneración de
la soberanía nacional; con la consabida protesta diplomática del gobierno federal.
La perspectiva de
esta opinión no implica, de ninguna manera, exonerar a ningún funcionario
mexicano señalado por vínculos con el crimen organizado. El narcotráfico es un
problema real y compartido. Pero precisamente por eso, la cooperación
internacional tiene reglas, cauces legales y límites claros. O al menos así se
entendía… hasta que el caso Chihuahua vino a romper esa narrativa.
Lo
que sí resulta evidente es que la reciente injerencia de Estados Unidos en
México: Chihuahua-CIA y la ofensiva judicial, y no están orientados a combatir
el narcotráfico, ese es el pretexto para justificar invasiones en naciones
soberanas; y en México las intentonas por descarrilar al gobierno legal y
legítimamente constituido están a la orden del día, desde el país vecino y con
ayuda de partidos de oposición como el PAN.
Así, la solicitud
de extradición de nueve funcionarios mexicanos, incluido un gobernador en
funciones, se perfila como una jugada de enroque ajedrecista que le permite a
Washington recomponer su narrativa tras el escándalo de la CIA y proyectar
nuevamente la imagen de un actor que combate el crimen, no que vulnera
soberanías.
Y en ese
contraste, la frase inicial cobra sentido: lo de Rocha es político; lo de Maru,
si se confirma en los términos revelados, es de orden penal y constitucional.
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