Por Angélica
Beltrán
CDMX a 29 de
abril de 2026 (Noticias de México).- El senado cerró el debate de Agenda
Política con una dura sentencia contra el PAN: el caso Chihuahua y la CIA
infiltrada en el gobierno de Maru Campos ha terminado por sepultar a los
panistas y el próximo año estarán liquidados en las urnas.
Y es que no se trata de un episodio menor. La participación de la Agencia
Central de Inteligencia de Estados Unidos (relacionada con los golpes de
estado en Latinoamérica), facilitada desde un gobierno estatal y sin
conocimiento del Estado mexicano, coloca el caso en el terreno más delicado de
la vida pública: la soberanía.
La Constitución es clara: comprometer la seguridad nacional bajo injerencia
extranjera configura el delito grave de traición a la patria.
El contexto
internacional amplifica la gravedad. La creciente intervención de Estados
Unidos para vulnerar soberanías nacionales como lo muestran la reciente
intervención en Venezuela y aprehensión del presidente en turno, en aras de la
democracia; así como la guerra contra Irán.
El caso Chihuahua-CIA no es menor, claro que no; más cuando, desde hace años,
figuras del PAN han promovido abiertamente la participación de Estados Unidos
en el combate al crimen organizado en México.
En ese marco, la
revelación de un operativo en la Sierra Tarahumara con presencia de agentes
extranjeros fuera de los cauces legales, reactivó en el Senado la amenaza
histórica de intervenciones en México.
De ello, el
episodio quizás más trágico para nuestro país ha sido la guerra con Estados
Unidos en 1847, que terminó con la pérdida de casi la mitad del territorio
nacional. También el golpe de estado en 1913 a manos de Victoriano Huerta en
contra del presidente electo Francisco I. Madero, con el respaldo de un
embajador norteamericano. Además de la invasión francesa en 1864, cuando
conservadores mexicanos ofrecieron a Maximiliano de Habsburgo gobernar México
con el desconocimiento de la presidencia de Benito Juárez.
Y mientras el PAN intenta minimizar el caso, el Senado elevó el tono
institucional. La Cámara Alta había citado ayer martes a la gobernadora de
Chihuahua a rendir cuentas por la participación de agentes de la CIA en un
operativo de seguridad sin autorización federal; pero no acudió.
Lo que derivó en este debate y la presentación del Informe legislativo
correspondiente de las comisiones de Puntos Constitucionales, presidida por
Óscar Cantón Zetina y de Seguridad Pública, encabezada por Lucía Trasviña, en
el que se puntualizó:
la seguridad
nacional es atribución exclusiva de la Federación y su vulneración conlleva
responsabilidades no sólo administrativas, sino penales.
Sobre el cuestionamiento si el Senado tiene facultades para llamar a cuentas a
un gobernador, la respuesta fue un sí contundente en ese informe: sí cuando
están en juego el pacto federal y el equilibrio de poderes.
El informe leído
por Cantón Zetina concluye que el gobierno de Chihuahua, encabezado por María
Eugenia Campos, habría actuado al margen de la ley e incurrido en el delito de
traición a la patria, previsto en el Código Penal Federal.
Lo cual se
descubrió tras un operativo en la Sierra Tarahumara en que se registró un
accidente de carretera, con saldo de cuatro muertos, entre estos dos agentes
extranjeros, como informó el propio fiscal del estado y la gobernadora, quienes
confirmaron que se trataba de agentes de la CIA.
El sustento
constitucional es directo: el artículo 40 impide a las entidades asumir
facultades exclusivas de la Federación, mientras que el 117 prohíbe alianzas
con gobiernos extranjeros.
Con ese piso
jurídico, el debate político arrancó.
Desde tribuna, Gerardo Fernández Noroña expuso lastimosamente para la
bancada azul que: en la caída a un barranco de la camioneta donde viajaban
cuatro personas (Dos agentes de la CIA), durante operativo del gobierno de
Chihuahua, “se fue también todo el Partido Acción Nacional”.
Al evidenciarse que este partido sirve a un gobierno extranjero, a Estados
Unidos, a través de agentes de la CIA.
De ahí que recordó el pasaje histórico cuando conservadores mexicanos trajeron
a gobernar a México a Maximiliano de Habsburgo contra el presidente Benito
Juárez García. Esos son ustedes ---les dijo enérgicamente.
Su defensa hoy es
que combaten al narcotráfico; y aquí no estamos discutiendo si combaten o no a
narcos; y si son muy eficaces. Estamos discutiendo la flagrante violación al
artículo 117 constitucional que prohíbe al gobierno de Chihuahua y a cualquier
gobierno de cualquier entidad de la República hacer alianzas acuerdos o
convenios con gobiernos extranjeros y ustedes metieron por la puerta trasera a
los agentes de la CIA; y ese delito se llama en la Constitución Mexicana:
traición a la patria
Con
el caso Chihuahua, el PAN acaba de sepultarse políticamente. Yo creo que el año
entrante ustedes están liquidados electoralmente –sentenció sereno, ante el
silencio de la bancada azul.
La respuesta, en consecuencia, por parte de la más controversial senadora
panista, Lilly Téllez, fue gritarle “changoléon, changoleón, narcotraficante,
narco…” durante su intervención en tribuna. Intervención que rebosó en
estridencias. Hasta la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel
Castillo, le solicitó no poner apodos y conducirse con respeto.
En
su turno, Mario Vázquez del PAN, intentó defender a la gobernadora, pero
con argumentos de corte religioso y no legales. Habló de “pecado” y no de
Estado de Derecho. Lo que evidenció su falta de sustento jurídico frente a
un debate centrado en la Constitución.
El único pecado
de la gobernadora Maru Campos fue realizar labores de desmantelamiento de un
narco-laboratorio.
Más incisivo fue
el morenista Javier Corral, quien ironizó sobre la ausencia de la
mandataria: La maestra (Maru Campos) que dijeron los panistas
vendría al Senado a darnos clases de combate al narcotráfico, no llegó.
El operativo en
la Sierra Tarahumara descubrió un pacto a espaldas de la nación y del gabinete
de seguridad Federal. Una tragedia descubrió un operativo encubierto con la CIA
en el estado de Chihuahua. Lo cual será recordado como uno de los actos más ominosos
de violación a la soberanía nacional
En MC, un
partido “neutral” entre la oposición y el oficialismo, reconoció que lo
ocurrido en Chihuahua no fue un incidente menor. Que el gobierno estatal está
obligado a actuar dentro del marco legal; y no lo hizo. Por eso, la bancada
naranja se pronunció por que “la gobernadora dé la cara y explique qué pasó en
ese operativo”.
Ricardo Anaya,
del PAN, justificó la no asistencia de la gobernadora porque “no tiene
paciencia para discutir con legisladores de MORENA”; un argumento por demás
débil. En general su disertación fue pobre; ya que su argumento descansó en
calificar a los morenistas de esquizofrénicos.
“Quieren quemar
en leña verde a la gobernadora… por el grave pecado ---insistió en el pecado y
no en la violación de la ley-- de combatir al narco”
Y agregó: Maru Campos recibió
informes de la CIA sobre ubicación de un narco-laboratorio y corrió a
desmantelarlo. ---Declaración que confirmó de facto el vínculo que el
Senado cuestiona.
Para concluir el debate sobre la Soberanía Nacional vulnerada desde
una entidad federativa, Félix Salgado Macedonio de MORENA, condujo el debate
político al terreno penal: El delito de traición a la patria se castiga
con 5 a 40 años de prisión, les informó a los panistas y les reprochó sus
acciones:
No tienen que
asociarse con Estados Unidos.
Ustedes han
pedido la intervención de la Unión Americana para que arregle asuntos
nacionales. Ustedes son aliados de Estados Unidos, ya son de aquella parte. No
son mexicanos, son apátridas y traidores a la patria.
Y así concluyó el
debate, sin más réplica; sólo con el turno del informe a la mesa directiva y a
la Fiscalía General de la República.
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