Nuestra América
News Desk
Dos denunciantes
han revelado una de las transformaciones más inquietantes en la política
migratoria reciente de Estados Unidos. De acuerdo con un memorando interno
emitido en mayo de 2025, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de
Estados Unidos (ICE) sostiene ahora que sus agentes pueden ingresar por la
fuerza a los hogares de ciertos no ciudadanos sin una orden judicial,
basándose únicamente en una orden administrativa: el formulario ICE Form
I-205.
La gravedad del
hecho no radica solo en la práctica en sí, sino en su carácter secreto,
en su contradicción con décadas de doctrina constitucional, y en el
hecho de que viola incluso los propios manuales de capacitación vigentes de
la agencia. No estamos ante una simple reinterpretación técnica, sino
frente a un intento de redefinir, por vía administrativa, uno de los principios
más sagrados del derecho estadounidense: la inviolabilidad del hogar.
El hogar como
última frontera
La historia
constitucional de Estados Unidos ha sido clara y reiterativa: la puerta de
la casa marca un límite que el Estado no puede cruzar sin control judicial.
La Cuarta Enmienda exige que toda entrada forzada a un domicilio esté
respaldada por una orden emitida por un juez, basada en causa probable y con
especificaciones claras.
Las órdenes
administrativas —como el Formulario I-205— han tenido siempre un alcance
limitado. Son instrumentos civiles, internos, diseñados para arrestos en
espacios públicos, nunca para irrumpir en viviendas. ICE lo sabía. Así lo
enseñaba. Así lo practicaba.
El memorando de
mayo de 2025 rompe deliberadamente con esa tradición.
De la ley al
memorando
Lo que los
denunciantes describen es preocupante no solo por su contenido, sino por su
método. No hubo debate legislativo. No hubo pronunciamiento judicial. No hubo
notificación pública. Hubo, en cambio, una instrucción interna que pretende
otorgar a los agentes un poder que ni el Congreso ni los tribunales les han
concedido.
Este tipo de
maniobra —gobernar por memorandos secretos— erosiona el principio de separación
de poderes y convierte a una agencia administrativa en intérprete final de la
Constitución. El precedente es peligroso.
Consecuencias
reales, no abstractas
Las implicaciones
de esta política ya no son teóricas:
- Entradas ilegales a viviendas, con alto riesgo de violaciones de
derechos civiles.
- Procesos judiciales anulados, al basarse en detenciones
inconstitucionales.
- Demandas contra el Estado, con costos políticos y económicos
inevitables.
- Comunidades paralizadas por el miedo, donde familias evitan escuelas,
hospitales y cualquier contacto institucional.
Cuando el hogar
deja de ser un refugio seguro, toda la estructura social se resiente.
ICE contra sus
propias reglas
Un elemento
especialmente alarmante es que el memorando contradice los lineamientos
internos de ICE aún vigentes. Las agencias federales están obligadas a
respetar sus propias normas, y los tribunales históricamente han sancionado con
dureza a aquellas que actúan fuera de ellas.
Si se confirma
que agentes han sido instruidos a ignorar su capacitación previa, estaríamos
ante una institucionalización del abuso, no ante excesos aislados.
Preguntas que
exigen respuesta
Desde esta
tribuna editorial, las preguntas son inevitables:
- ¿Quién autorizó este memorando y con
qué fundamento legal?
- ¿Cuántos hogares han sido
intervenidos bajo esta doctrina desde mayo de 2025?
- ¿Por qué el Congreso no fue
informado?
- ¿Qué mecanismos de rendición de
cuentas se activarán?
El silencio
institucional no puede ser una respuesta aceptable.
Conclusión
editorial
La Constitución
no se suspende por conveniencia política ni por presión operativa. Si una
agencia puede decidir, en secreto, que ya no necesita jueces para entrar a los
hogares, entonces el Estado de derecho ha comenzado a resquebrajarse desde
adentro.
Los denunciantes
han cumplido con su deber democrático. Ahora corresponde al Congreso, a los
tribunales y a la sociedad civil restablecer una verdad básica: sin orden
judicial, no hay entrada al hogar. Todo lo demás es abuso de poder.
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