En México se aprueba el organismo gremial del Colegio Nacional de Abogados Democráticos, A.C. (CNAD).

Por el Mtro. Antonio Pérez Sánchez

El mes pasado en la Ciudad de México, tras diversas reuniones iniciadas en abril de 2025 -periodo en que tuvo lugar la actividad fundacional de este movimiento- y consolidadas en diciembre del mismo año, convocando a un grupo de profesionales del derecho de manera presencial y a través de Zoom con el firme propósito de organizar un cuerpo profesional de abogadas y abogados democráticos.

Con motivo de las reuniones fundacionales, y por unanimidad de votos, se aprobó el inicio de los trabajos para la constitución del Colegio Nacional de Abogados Democráticos, A.C. (CNAD).

En dichos actos, se estableció que el carácter del Colegio debe ser esencialmente democrático, fundamentado en los siguientes principios y valores: la defensa del Estado de Derecho, la ética profesional, la dignificación de la abogacía, la igualdad sustantiva y el reconocimiento de la función social del Derecho en la búsqueda de la justicia, a través de una práctica inclusiva, interseccional y emancipadora.

Asimismo, se definió al Colegio como una organización gremial nacional e independiente del gobierno, partidos políticos, iglesias y empresas. Además, se acordó que la Asociación agrupará a profesionales de todas las ramas del Derecho, incluyendo a litigantes, académicas y académicos, asesoras y asesores, funcionarios públicos, empleados de la profesión, así como a pasantes y estudiantes.

Del consenso unánime, se concluyó que la estructura organizativa debe aspirar a integrar al gremio de todo el país mediante la creación de secciones o delegaciones en cada estado o región de la República y en la Ciudad de México.

Asimismo, ha sido voluntad de los miembros fundadores que El Colegio se sostendrá con recursos propios y aquellos que no comprometan su independencia ni su ideología democrática, pero garantizando siempre a sus miembros la libertad individual de pensamiento y de acción política, filosófica y religiosa. Es voluntad de los miembros fundadores, consagrar sus mejores esfuerzos para lograrla plena realización de los derechos esenciales -tanto de sus miembros como de todas las personas-, tales como el derecho a la vida, la libertad, la integridad física y moral y el trabajo digno y decente. El Colegio velará por el pleno ejercicio de los derechos humanos, civiles, políticos y sociales de todas las personas y en especial los que ejercen la abogacía o cualquier actividad relacionada con la práctica y el estudio del Derecho. El 5 de febrero del presente año constituimos el Colegio Nacional de Abogados Democráticos lugar de encuentro de Profesionales operadores del Derecho en distintas áreas de su conocimiento, enseñanza, interpretación y aplicación en las más diversas actividades y necesidades la sociedad mexicana.

 

COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS DEMOCRÁTICOS
Presidente  Srio. Académico: Mtro. Virgilio Palacios Ríos                                                      Mtro. Antonio Pérez Sánchez
Ciudad de México, 5 de Febrero de 2026.

Trump destituye a la secretaria del DHS, Kristi Noem, en un sorpresivo cambio en la cúpula de Seguridad Nacional

Por Nuestra América Magazine News Desk

El presidente Donald Trump destituyó a Kristi Noem de su cargo como secretaria del U.S. Department of Homeland Security (Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, DHS), en un movimiento inesperado que revela tensiones dentro de una de las agencias más poderosas del gobierno federal y abre nuevas interrogantes sobre la estrategia de seguridad e inmigración de la administración.

Foto oficial de uso público

La Casa Blanca confirmó el cambio de liderazgo tras varios días de especulación sobre desacuerdos internos relacionados con las políticas de control migratorio y la gestión de operaciones de gran escala realizadas por autoridades federales de inmigración en distintas ciudades del país.

Aunque la administración no ofreció de inmediato una explicación detallada sobre las razones de la destitución, funcionarios indicaron que el presidente Trump busca “nuevo liderazgo” en el DHS en momentos en que el gobierno intensifica las acciones de control migratorio y seguridad fronteriza.

Noem, exgobernadora de Dakota del Sur y una aliada política cercana de Trump, encabezaba el departamento durante una de las campañas de aplicación de leyes migratorias más agresivas de los últimos años. Bajo su gestión, el DHS supervisó la expansión de operaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), una mayor cooperación con fuerzas policiales estatales y locales, y un uso más amplio de las autoridades de detención y deportación.

El Departamento de Seguridad Nacional es responsable de supervisar una amplia red de agencias clave en la política de inmigración y seguridad nacional. Entre ellas se encuentran la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y el Servicio Secreto de Estados Unidos.

Con más de 260,000 empleados, el DHS es el tercer departamento más grande del gobierno federal y desempeña un papel central en la vigilancia de las fronteras, la respuesta a desastres, las operaciones antiterroristas y la ciberseguridad.

Fuentes dentro de la administración sugieren que habían surgido tensiones entre la Casa Blanca y la dirección del DHS en relación con la forma en que se estaban ejecutando las operaciones migratorias en varias ciudades importantes. La administración también enfrenta crecientes desafíos legales y críticas políticas por las redadas migratorias y otras acciones de cumplimiento de la ley realizadas recientemente.

Críticos de la administración sostienen que las tácticas agresivas empleadas en estas operaciones han provocado denuncias de violaciones de derechos civiles y abusos de autoridad por parte de agentes federales. Varias demandas presentadas en los últimos meses alegan que algunas de estas operaciones incluyeron uso excesivo de la fuerza, intimidación y procedimientos legales cuestionables.

Por su parte, los partidarios del gobierno defienden estas políticas como necesarias para restablecer el control del sistema migratorio y combatir redes criminales vinculadas al tráfico de personas y al narcotráfico.

Analistas políticos señalan que la salida de Noem podría reflejar presiones internas dentro de la administración para acelerar las medidas de control migratorio, al mismo tiempo que se manejan las consecuencias legales y políticas de estas políticas.

El repentino cambio de liderazgo también subraya la intensidad del debate político en torno a la inmigración en Washington. El Departamento de Seguridad Nacional se encuentra en el centro de las discusiones nacionales sobre el control fronterizo, las políticas de asilo y el papel de las agencias federales en las comunidades locales.

Por ahora, no está claro quién reemplazará a Noem ni si la administración planea nombrar un secretario interino mientras se considera un candidato permanente.

Lo que sí queda claro es que esta sacudida en la dirección del DHS refleja la volatilidad que continúa rodeando la política migratoria en Estados Unidos y el papel central que desempeña este departamento en la agenda de seguridad nacional de la administración Trump.

Trump Removes DHS Secretary Kristi Noem in Sudden Shake-Up of Homeland Security Leadership

Official government portrait released by the U.S. Department of Homeland Security, which is in the public domain as a U.S. government photo

Nuestra America Magazine News Desk

President Donald Trump has removed Kristi Noem from her position as Secretary of the U.S. Department of Homeland Security (DHS), a dramatic move that signals turmoil within one of the most powerful agencies in the federal government and raises new questions about the administration’s immigration and national security strategy.

The White House confirmed the leadership change following days of speculation about internal disagreements over immigration enforcement policies and the management of large-scale operations conducted by federal immigration authorities across the United States.

Although the administration did not immediately provide detailed reasons for Noem’s removal, officials indicated that President Trump wanted “new leadership” at DHS as the government intensifies immigration enforcement actions and border security initiatives.

Noem, the former governor of South Dakota who became a prominent political ally of Trump, had been leading the department during one of the most aggressive immigration enforcement campaigns in recent years. Under her tenure, DHS oversaw expanded operations by Immigration and Customs Enforcement (ICE), increased cooperation with state and local law enforcement, and broader use of detention and deportation authorities.

The Department of Homeland Security is responsible for overseeing a wide range of agencies that play a central role in immigration and national security policy. These include U.S. Customs and Border Protection (CBP), Immigration and Customs Enforcement (ICE), the Federal Emergency Management Agency (FEMA), and the U.S. Secret Service.

With more than 260,000 employees, DHS is the third-largest cabinet department in the federal government and plays a crucial role in border enforcement, disaster response, counterterrorism operations, and cybersecurity.

Sources within the administration suggested that tensions had grown between the White House and DHS leadership over how immigration operations were being executed across several major cities. The administration has faced mounting legal challenges and political backlash following highly visible immigration raids and enforcement actions in multiple states.

Critics of the administration argue that the aggressive tactics used in immigration operations have led to allegations of civil rights violations and abuse of authority by federal agents. Several lawsuits filed in recent months claim that enforcement operations have involved excessive force, intimidation, and questionable legal procedures.

Supporters of the administration, however, have defended the policies as necessary to restore control over the immigration system and to dismantle criminal networks involved in human trafficking and drug smuggling.

Political analysts say the removal of Noem may reflect internal pressure within the administration to accelerate enforcement measures while also managing the legal and political consequences of those policies.

The sudden leadership change also highlights the intense political stakes surrounding immigration policy in Washington. The Department of Homeland Security has been at the center of national debates over border control, asylum policies, and the role of federal agencies in local communities.

It remains unclear who will replace Noem or whether the administration plans to appoint an acting secretary while a permanent nominee is considered.

El Comando Sur de Estados Unidos confirma que ya comenzaron operaciones conjuntas en Ecuador

Por Nuestra America Magazine News Desk

El United States Southern Command (Comando Sur de Estados Unidos), el organismo militar responsable de las operaciones de Washington en América Latina y el Caribe, confirmó que ya han comenzado esfuerzos conjuntos de seguridad en Ecuador, una señal de la creciente cooperación militar entre ambos países en medio de una crisis de seguridad cada vez más grave en la región.

En una reciente publicación oficial y actualización operativa, el Comando Sur indicó que las actividades de colaboración con las fuerzas ecuatorianas ya están en marcha como parte de un esfuerzo más amplio para enfrentar el crimen transnacional, el narcotráfico y las redes del crimen organizado que operan en la región andina y en el corredor del Pacífico.

El anuncio sugiere que Estados Unidos y Ecuador están ampliando su coordinación militar en un momento en que Ecuador enfrenta una de las crisis de seguridad más graves de su historia reciente. El país, que durante años fue considerado uno de los más estables de Sudamérica, ha experimentado un fuerte aumento de la violencia vinculada a los carteles de la droga, motines en cárceles, asesinatos y ataques relacionados con organizaciones criminales internacionales.

Según el Comando Sur, los esfuerzos conjuntos incluyen cooperación con las fuerzas armadas y las instituciones de seguridad ecuatorianas en áreas como intercambio de inteligencia, vigilancia marítima, operaciones de entrenamiento y coordinación logística destinadas a interrumpir rutas de tráfico ilícito. La ubicación geográfica de Ecuador—situado entre los dos mayores productores de cocaína del mundo, Colombia y Perú—lo ha convertido cada vez más en un punto estratégico para el envío internacional de drogas hacia Norteamérica y Europa.

Funcionarios militares estadounidenses han señalado durante años que las alianzas regionales son fundamentales para combatir organizaciones criminales que operan a través de las fronteras. El Comando Sur supervisa el compromiso militar de Estados Unidos con más de 30 países de América Latina y el Caribe, con énfasis en cooperación en seguridad, misiones humanitarias, respuesta a desastres y operaciones contra el narcotráfico.

Aunque los detalles sobre el alcance exacto de las operaciones actuales en Ecuador siguen siendo limitados, analistas señalan que este tipo de iniciativas suele incluir ejercicios conjuntos, programas de entrenamiento para unidades policiales y militares especializadas, y el despliegue de asesores que ayudan en la coordinación de inteligencia y planificación operativa.

La confirmación de que estas actividades ya están en marcha sugiere que la cooperación pudo haberse desarrollado discretamente durante algún tiempo antes de ser reconocida públicamente.

El gobierno ecuatoriano ha buscado mayor apoyo internacional ante el aumento dramático de la violencia criminal. En los últimos años, poderosos grupos del narcotráfico—muchos con vínculos con carteles mexicanos—han ampliado su influencia en puertos y cárceles ecuatorianas. El país ha registrado un fuerte aumento en homicidios y actos violentos, incluidos ataques contra políticos, periodistas y fuerzas de seguridad.

Expertos en seguridad señalan que los puertos de la costa ecuatoriana se han convertido en puntos clave para la exportación de cargamentos de cocaína ocultos en contenedores comerciales con destino a Europa y Estados Unidos. Por esta razón, la vigilancia marítima y las operaciones de interdicción se han convertido en un componente central de las estrategias regionales contra el narcotráfico.

Estados Unidos ha mantenido históricamente una relación compleja con Ecuador en materia de cooperación militar. A principios de la década de 2000, fuerzas estadounidenses operaban desde la base aérea de Manta, en la costa del Pacífico ecuatoriano, como parte de operaciones de vigilancia contra el narcotráfico. Sin embargo, ese acuerdo terminó en 2009 cuando el gobierno ecuatoriano decidió no renovarlo.

La colaboración actual no parece incluir bases militares permanentes de Estados Unidos, sino que refleja una renovada cooperación operativa en respuesta a la crisis de seguridad que atraviesa Ecuador.

Observadores regionales señalan que la creciente presencia de redes criminales internacionales en Ecuador ha generado preocupación en todo el continente. Las rutas del narcotráfico a través del Pacífico se han expandido significativamente, y las organizaciones criminales están cada vez más vinculadas al tráfico de armas, trata de personas y operaciones de lavado de dinero que abarcan varios continentes.

Para el Comando Sur, Ecuador representa tanto una línea de frente en la lucha contra el crimen organizado como un socio clave para mantener la estabilidad en la región andina.

A medida que la violencia relacionada con el narcotráfico continúa aumentando, el éxito —o el fracaso— de estos esfuerzos conjuntos podría influir en el futuro de la cooperación en materia de seguridad entre Estados Unidos y América Latina.

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U.S. Southern Command Confirms Joint Military Efforts Already Underway in Ecuador

By Nuestra America Magazine News Desk

The United States Southern Command (SOUTHCOM), the U.S. military body responsible for operations in Latin America and the Caribbean, has confirmed that joint security efforts are already underway in Ecuador—a development that signals a deepening of military cooperation between Washington and the South American nation amid growing regional security concerns.

In a recent public post and operational update, SOUTHCOM indicated that collaborative activities with Ecuadorian forces have begun as part of broader efforts to address transnational crime, narcotics trafficking, and organized criminal networks operating across the Andean region and the Pacific corridor.

The announcement suggests that the United States and Ecuador are expanding military coordination at a time when Ecuador faces one of the most severe security crises in its modern history. Once considered among the more stable countries in South America, Ecuador has experienced a surge in cartel-related violence, prison uprisings, assassinations, and attacks linked to international drug trafficking organizations.

According to SOUTHCOM, the joint efforts involve cooperation with Ecuador’s armed forces and security institutions in areas such as intelligence sharing, maritime monitoring, training operations, and logistical coordination aimed at disrupting illicit trafficking routes. Ecuador’s geographic position—situated between the world’s two largest cocaine producers, Colombia and Peru—has increasingly made it a strategic hub for international drug shipments destined for North America and Europe.

U.S. military officials have long argued that regional partnerships are essential to countering criminal organizations that operate across borders. SOUTHCOM oversees U.S. military engagement with more than 30 countries in Latin America and the Caribbean, focusing on security cooperation, humanitarian missions, disaster response, and counter-narcotics operations.

While details about the scope of the current operations in Ecuador remain limited, analysts note that such initiatives typically include joint exercises, training programs for specialized police and military units, and the deployment of advisors who assist with intelligence coordination and operational planning.

The confirmation that activities are already underway suggests that the cooperation may have been developing quietly for some time before being publicly acknowledged.

Ecuador’s government has sought stronger international assistance as criminal violence has escalated dramatically. In recent years, powerful drug trafficking groups—many with links to Mexican cartels—have expanded their influence in Ecuadorian ports and prisons. The country has seen a sharp increase in homicides and violent incidents, including attacks on politicians, journalists, and law enforcement officials.

Security experts say Ecuador’s coastal ports have become critical export points for cocaine shipments hidden in commercial cargo bound for Europe and the United States. This has made maritime surveillance and interdiction efforts a key focus of regional counter-narcotics strategies.

The United States has historically maintained a complex relationship with Ecuador regarding military cooperation. In the early 2000s, U.S. forces operated from the Manta air base on Ecuador’s Pacific coast as part of anti-drug surveillance operations. However, that arrangement ended in 2009 when Ecuador’s government declined to renew the agreement.

The current collaboration does not appear to involve permanent U.S. bases but instead reflects renewed operational cooperation in response to Ecuador’s security emergency.

Regional observers note that the growing presence of international criminal networks in Ecuador has alarmed governments throughout the Americas. Drug trafficking routes through the Pacific have expanded significantly, and criminal organizations are increasingly linked to arms smuggling, human trafficking, and money laundering operations that span multiple continents.

For SOUTHCOM, Ecuador represents both a frontline in the fight against organized crime and a key partner in maintaining stability in the Andean region.

As violence linked to narcotics trafficking continues to rise, the success—or failure—of these joint efforts may shape the future of security cooperation between the United States and Latin America.

Whether these operations remain limited to advisory and cooperative roles or expand into a broader regional strategy will likely depend on how the security crisis in Ecuador evolves in the coming months.

EE. UU. considera vías legales para una acción militar en México contra los cárteles de drogas

Por la sección de noticias de la revista Nuestra América

Según se informa, Washington está examinando si la ley estadounidense vigente podría permitir operaciones militares en suelo mexicano dirigidas a poderosos cárteles de la droga, una medida que—si se llevara a cabo—supondría uno de los cambios más drásticos en las relaciones de seguridad entre Estados Unidos y México en décadas.

Según funcionarios familiarizados con las discusiones internas, el Departamento de Estado de EE. UU. está revisando marcos legales que podrían justificar el despliegue de fuerzas estadounidenses para combatir organizaciones criminales transnacionales acusadas de traficar fentanilo y otros narcóticos hacia Estados Unidos. Las conversaciones se describen como exploratorias, pero se producen en medio de una creciente presión política en Washington para afrontar la violencia de los cárteles de forma más agresiva.

El debate legal

En el centro de la discusión está si los cárteles de droga podrían ser designados bajo leyes antiterroristas o tratados como organizaciones terroristas extranjeras (FTOs). Algunos responsables políticos argumentan que tal designación podría otorgar mayores facultades legales para la acción transfronteriza bajo las leyes estadounidenses de contraterrorismo.

Otros están examinando si las Autorizaciones existentes para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) podrían interpretarse como aplicables a actores criminales no estatales que operan más allá de las fronteras de EE. UU. Sin embargo, muchos juristas sostienen que tales interpretaciones estirarían la legislación actual y probablemente enfrentarían desafíos judiciales.

La Constitución de EE. UU. otorga al Congreso la autoridad para declarar la guerra. Cualquier despliegue militar significativo en el extranjero casi con toda seguridad encendería el debate sobre el poder ejecutivo frente a la supervisión del Congreso, un tema que ha surgido repetidamente en intervenciones extranjeras anteriores.

La posición de México

El gobierno de México ha rechazado sistemáticamente la idea de operaciones militares unilaterales estadounidenses dentro de su territorio. Los funcionarios mexicanos han enfatizado que la cooperación debe respetar la soberanía nacional y los acuerdos bilaterales de seguridad existentes.

Durante décadas, la colaboración entre EE. UU. y México se ha centrado en el intercambio de inteligencia, el entrenamiento, el apoyo de equipamiento y las fuerzas conjuntas de tarea, más que en operaciones de combate directas estadounidenses. Programas como la Iniciativa Mérida fueron diseñados para fortalecer las propias fuerzas de seguridad mexicanas en lugar de reemplazarlas.

Un despliegue unilateral de tropas estadounidenses probablemente tensionaría los lazos diplomáticos, desencadenaría una reacción política en México y complicaría los acuerdos comerciales y migratorios entre ambos países.

Presión política en Washington

El debate refleja la creciente frustración en Estados Unidos por la crisis de los opioides, especialmente por las sobredosis de fentanilo. Algunos legisladores argumentan que la violencia de los cárteles ha evolucionado hasta convertirse en una amenaza para la seguridad nacional que requiere acciones más contundentes.

Los partidarios de las opciones militares sostienen que los cárteles operan con capacidades paramilitares y generan violencia desestabilizadora a ambos lados de la frontera. Los críticos responden que la intervención militar podría escalar la violencia, desestabilizar aún más las regiones y causar daños civiles no intencionados.

Implicaciones regionales e históricas

La perspectiva de tropas estadounidenses sobre el terreno en México evocaría una larga y complicada historia de implicación militar estadounidense en América Latina. Las intervenciones pasadas —desde principios del siglo XX hasta las operaciones de la era de la Guerra Fría— siguen moldeando las sensibilidades regionales sobre la soberanía y la presencia militar extranjera.

Los analistas de seguridad advierten que incluso las discusiones sobre el despliegue de tropas pueden tener efectos secundarios diplomáticos en todo el hemisferio.

Lo que viene después

Por ahora, los funcionarios describen la revisión como un análisis legal más que como una planificación operativa. Cualquier despliegue real requeriría aprobación política en los niveles más altos y probablemente un compromiso del Congreso.

Las próximas semanas podrían aclarar si esto sigue siendo un ejercicio teórico —o si evoluciona hacia uno de los debates de política exterior más trascendentales de la memoria reciente.

 

U.S. Considers Legal Pathways for Military Action in Mexico Against Drug Cartels

By Nuestra America Magazine News Desk

Washington is reportedly examining whether existing U.S. law could permit military operations on Mexican soil targeting powerful drug cartels, a move that—if pursued—would mark one of the most dramatic shifts in U.S.–Mexico security relations in decades.

According to officials familiar with internal discussions, the U.S. Department of State is reviewing legal frameworks that might justify the deployment of American forces to combat transnational criminal organizations blamed for trafficking fentanyl and other narcotics into the United States. The talks are described as exploratory, but they come amid mounting political pressure in Washington to confront cartel violence more aggressively.

The Legal Debate

At the center of the discussion is whether drug cartels could be designated under terrorism statutes or treated as foreign terrorist organizations (FTOs). Some policymakers argue that such a designation could provide broader legal authorities for cross-border action under U.S. counterterrorism laws.

Others are examining whether existing Authorizations for Use of Military Force (AUMFs) could be interpreted to apply to non-state criminal actors operating beyond U.S. borders. However, many legal scholars contend that such interpretations would stretch current law and would likely face court challenges.

The U.S. Constitution grants Congress the authority to declare war. Any significant military deployment abroad would almost certainly ignite debate over executive power versus congressional oversight—an issue that has repeatedly surfaced in past foreign interventions.

Mexico’s Position

Mexico’s government has consistently rejected the idea of unilateral U.S. military operations within its territory. Mexican officials have emphasized that cooperation must respect national sovereignty and existing bilateral security agreements.

For decades, U.S.–Mexico collaboration has focused on intelligence sharing, training, equipment support, and joint task forces rather than direct U.S. combat operations. Programs such as the Mérida Initiative were designed to strengthen Mexico’s own security forces rather than replace them.

A unilateral deployment of U.S. troops would likely strain diplomatic ties, trigger political backlash in Mexico, and complicate trade and migration agreements between the two countries.

Political Pressure in Washington

The debate reflects growing frustration in the United States over the opioid crisis, particularly fentanyl overdoses. Some lawmakers argue that cartel violence has evolved into a national security threat requiring stronger action.

Supporters of military options contend that cartels operate with paramilitary capabilities and generate destabilizing violence on both sides of the border. Critics counter that military intervention could escalate violence, destabilize regions further, and produce unintended civilian harm.

Regional and Historical Implications

The prospect of U.S. boots on the ground in Mexico would evoke a long and complicated history of American military involvement in Latin America. Past interventions—from the early 20th century to Cold War-era operations—continue to shape regional sensitivities about sovereignty and foreign military presence.

Security analysts warn that even discussions of troop deployments can have diplomatic ripple effects across the hemisphere.

What Comes Next

For now, officials describe the review as legal analysis rather than operational planning. Any actual deployment would require political approval at the highest levels and likely congressional engagement.

The coming weeks may clarify whether this remains a theoretical exercise—or evolves into one of the most consequential foreign policy debates in recent memory.

 

El Congreso avanza para recuperar la autoridad de guerra mientras el conflicto en Irán se intensifica

Por la sección de noticias de la revista Nuestra América

WASHINGTON, D.C. — En un dramático enfrentamiento constitucional, el Congreso se prepara para votar esta semana resoluciones bipartidistas sobre poderes de guerra destinadas a limitar las operaciones militares del presidente Donald Trump en Irán. Estas medidas representan el esfuerzo legislativo más serio hasta ahora para reafirmar la autoridad del Congreso desde que los ataques estadounidenses contra objetivos iraníes se intensificaron en los últimos días.

En el centro del debate está la Resolución de Poderes de Guerra, la ley de 1973 aprobada tras la Guerra de Vietnam para evitar que los presidentes se involucraran en conflictos militares prolongados sin la aprobación del Congreso. Según la Constitución, el Congreso tiene el poder de declarar la guerra. La Resolución de Poderes de Guerra exige que el presidente notifique a los legisladores en un plazo de 48 horas previas a la acción militar y limita las operaciones a 60 días sin autorización.

Sobre qué vota el Congreso

En el Senado, Tim Kaine lidera una resolución que exigiría a la administración poner fin a las hostilidades contra Irán a menos que el Congreso apruebe formalmente la continuación del compromiso militar. La versión de la Cámara está siendo defendida por Ro Khanna y Thomas Massie, reflejando una rara alineación bipartidista.

Las resoluciones no eliminan inmediatamente la financiación de las operaciones, pero obligarían al presidente a buscar una autorización explícita para una acción militar sostenida. Los partidarios argumentan que la votación tiene menos que ver con el partidismo y más con preservar el equilibrio constitucional.

"Esto no va de estar a favor o en contra de Irán", ha argumentado públicamente Kaine. "Se trata de que el Congreso haga su trabajo."

Líneas de fractura políticas

Se espera que la mayoría de los demócratas apoyen la medida, aunque algunos moderados han expresado preocupación por restringir la flexibilidad presidencial durante hostilidades activas. Entre los republicanos, el apoyo es mixto. Un pequeño pero vocal grupo de conservadores constitucionales ha mostrado apertura a limitar los poderes ejecutivos de guerra, mientras que la dirección del partido ha defendido en gran medida la autoridad del presidente como comandante en jefe.

El líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, han instado a una aprobación rápida, presentando la votación como esencial para la rendición de cuentas democrática.

Incluso si ambas cámaras aprueban las resoluciones, se espera ampliamente que el presidente Trump las vete. Anular un veto requeriría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras — un listón alto dadas las divisiones políticas actuales.

Por qué importa esta votación

Las votaciones se producen en medio de crecientes tensiones tras los ataques de EE.UU. e Israel dentro de Irán, que la administración dice tienen como objetivo degradar las capacidades militares y estratégicas. Sin embargo, los críticos argumentan que iniciar o ampliar tales operaciones sin autorización del Congreso viola los principios constitucionales y corre el riesgo de arrastrar a Estados Unidos a una guerra regional más amplia.

Para medios como Nuestra America Magazine, cuyos lectores y audiencias siguen de cerca el impacto de la política exterior estadounidense en la estabilidad global y las comunidades inmigrantes, las apuestas son especialmente altas. Muchas familias tienen vínculos con militares desplegados en el extranjero, mientras que otras temen las consecuencias económicas y humanitarias de un conflicto prolongado.

Más allá del resultado inmediato, la votación de esta semana pondrá a prueba si el Congreso está dispuesto —y es capaz— de reafirmar su autoridad constitucional en materia de guerra. Independientemente del recuento final, los legisladores se verán obligados a declarar públicamente: ¿Debería el presidente declarar la guerra sin la aprobación explícita del Congreso, o el poder legislativo debe recuperar su papel en la decisión de cuándo Estados Unidos entra en guerra?

Editorial : Una Guerra Sin Voto: El Peligroso Camino de la Escalada Contra Irán

Por Armando García Álvarez

Estados Unidos se encuentra al borde de una guerra de consecuencias impredecibles. No porque el pueblo la haya debatido. No porque el Congreso la haya autorizado. Sino porque el presidente Donald Trump decidió lanzar operaciones militares contra Irán sin solicitar previamente la aprobación del poder legislativo.

Esto no es simplemente una diferencia política. Es una crisis constitucional.

La Constitución de Estados Unidos otorga al Congreso la facultad exclusiva de declarar la guerra. Esa autoridad fue reafirmada en la War Powers Resolution, creada precisamente para impedir que un presidente arrastre al país a un conflicto prolongado sin supervisión democrática. Ignorar ese principio no solo debilita el equilibrio de poderes; erosiona la esencia misma de la democracia estadounidense.

Irán no es un adversario menor. Es una nación de casi 90 millones de habitantes, con influencia regional, alianzas estratégicas y capacidad de respuesta militar indirecta. Cualquier escalada puede extenderse rápidamente más allá de sus fronteras, involucrando a múltiples actores y poniendo en riesgo a soldados estadounidenses, a civiles inocentes y a la estabilidad global.

Quienes defienden los ataques hablan de fuerza y determinación. Pero la fuerza sin control constitucional no es liderazgo: es imprudencia.

El Congreso tiene ante sí resoluciones bipartidistas destinadas a limitar la acción militar no autorizada. Legisladores como Tim Kaine, Ro Khanna y Thomas Massie han impulsado estas medidas no como un gesto partidista, sino como un acto de responsabilidad constitucional.

Si Estados Unidos va a entrar en una guerra, el pueblo merece un debate abierto. Merece conocer los objetivos reales, el costo humano y económico, la estrategia de salida y los riesgos de represalias. La historia —desde Vietnam hasta Irak— demuestra que las guerras iniciadas o ampliadas sin consenso claro terminan costando más de lo que sus promotores anticiparon.

También existe una dimensión moral. Las bombas no distinguen fácilmente entre infraestructura militar y comunidades civiles. Cada ataque puede desencadenar represalias, cada represalia puede profundizar el ciclo de violencia.

La pregunta no es solo estratégica. Es democrática: ¿permitirá el Congreso que la decisión de guerra recaiga en una sola persona?

La votación que se aproxima es más que un procedimiento legislativo. Es una prueba de carácter institucional. Guardar silencio sería abdicar responsabilidades. Actuar es defender el principio fundamental de que en una democracia, la guerra no puede ser decisión de un solo hombre.

Por la seguridad de nuestros soldados, por la vida de civiles inocentes y por el respeto al orden constitucional, el Congreso debe ejercer su autoridad.

La paz no es debilidad. La deliberación no es traición.

Es democracia.

 

Editorial: A Dangerous War Without a Vote: Congress Must Stop This Escalation

                                                                                                             Photo PINTEREST

By Armando Garcia Alvarez

The United States stands at the edge of a widening war — not because Congress debated it, not because the American people demanded it, but because President Donald Trump decided to launch military operations against Iran without first securing authorization from the legislative branch.

This is not merely a policy disagreement. It is a constitutional crisis.

The framers of the Constitution were explicit: the power to declare war belongs to Congress. That principle was codified again in the War Powers Resolution, designed to prevent exactly this kind of unilateral military escalation. Yet once again, the executive branch has bypassed the people's representatives and moved the nation closer to full-scale conflict in the Middle East.

Iran is not a minor adversary. It is a nation of nearly 90 million people with regional alliances, asymmetric capabilities, and the capacity to retaliate across multiple theaters. Any sustained military confrontation risks igniting a broader regional war, threatening U.S. servicemembers, destabilizing global energy markets, and placing civilians — both American and Iranian — in unacceptable danger.

Supporters of the strikes argue that decisive action projects strength. But strength without accountability is not leadership; it is recklessness.

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Congress now has before it bipartisan war powers resolutions led by lawmakers such as Tim Kaine, Ro Khanna, and Thomas Massie. Their effort is not about partisan politics. It is about restoring constitutional balance and forcing a national debate before American lives are further risked.

If the United States is to wage war, the American people deserve transparency, debate, and a recorded vote. They deserve to hear the objectives, the exit strategy, the projected costs, and the human consequences. They deserve to know whether this conflict will expand, how long it may last, and who will bear its burden.

History offers painful lessons. From Vietnam to Iraq, wars launched or expanded without clear congressional consensus have carried staggering costs — in blood, treasure, and moral standing. Once missiles are fired and boots are deployed, reversing course becomes exponentially harder.

There is also a moral dimension. Bombing campaigns do not occur in a vacuum. Infrastructure is destroyed. Civilians are displaced. Retaliation cycles begin. Every strike carries the potential for miscalculation.

This is precisely why the Constitution requires deliberation before war.

Even if Congress passes these resolutions and faces a presidential veto, the vote itself matters. Lawmakers must go on record. Silence is complicity. Avoidance is abdication.

The question before Congress is stark: Will it reclaim its authority, or will it allow the presidency — any presidency — to decide matters of war alone?

War should never be the reflex of one individual. It must be the sober decision of a nation.

For the sake of American servicemembers, for the civilians caught in the crossfire, and for the integrity of our democracy, Congress must act — and it must act now.

 

La guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán se intensifica a medida que la crisis constitucional se profundiza en casa, mientras que en Irán su líder fue asesinado durante los ataques.

Por la sección de noticias de la revista Nuestra América

La Televisión Estatal de Irán anunció este sábado que el líder de la Revolución y de la República Islámica, Sayyed Ali Jamenei, cayó como mártir en su lugar de trabajo, la 'Casa del Liderazgo', tras un ataque traicionero que tuvo lugar en las primeras horas de la mañana mientras cumplía con sus funciones en su oficina.

Según la Televisión Estatal, el martirio de Jamenei refutó versiones difundidas por medios vinculados a la entidad sionista y corrientes reaccionarias en la región, que afirmaban que vivía en un lugar seguro y secreto.

Las autoridades iraníes declararon que el líder permaneció hasta el final 'presente en el campo de responsabilidad junto a los hijos de su pueblo.

'De manera similar, añadieron anteriormente que la hija del líder de la Revolución, su yerno y su nieto fueron martirizados durante la agresión israelí.

El conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán ha entrado en una nueva y peligrosa fase, con ataques aéreos sostenidos, lanzamientos de misiles de represalia y el aumento de bajas que alimentan los temores de una guerra regional más amplia.

En los últimos días, las fuerzas estadounidenses e israelíes han intensificado ataques coordinados dirigidos contra infraestructuras militares iraníes, incluidos sistemas de misiles, instalaciones de mando e instalaciones estratégicas. La Casa Blanca ha descrito la campaña como necesaria para degradar la capacidad militar de Irán y disuadir una mayor agresión. Teherán, a su vez, ha respondido con ataques con misiles y drones dirigidos a posiciones estadounidenses y objetivos israelíes, prometiendo continuar con la represalia.

El coste humano ya está aumentando. Los informes de la región indican bajas tanto militares como civiles, con daños en infraestructuras que se extienden a varias provincias. Los militares estadounidenses destinados en todo Oriente Medio ahora enfrentan niveles de amenaza elevados, y los gobiernos regionales se preparan para la violencia de desbordamiento. Los mercados petroleros han reaccionado bruscamente y los canales diplomáticos parecen estar en gran medida congelados, ya que las reuniones de emergencia en las Naciones Unidas han dado pocos resultados.

Irán no es un adversario menor. Es una nación de casi 100 millones de habitantes, con capacidades convencionales significativas e influencia regional a través de milicias aliadas. Una campaña de bombardeos sostenida corre el riesgo de desencadenar represalias prolongadas, conflictos por poder y, potencialmente, una guerra más amplia que atraiga a más estados. Lo que comenzó como "ataques dirigidos" podría evolucionar hasta convertirse en una confrontación indefinida con consecuencias impredecibles.

Pero por dramática que sea la escalada militar en el extranjero, en Washington se está desarrollando una crisis igualmente grave.

La decisión del presidente Donald Trump de lanzar esta campaña de atentados sin antes solicitar autorización al Congreso ha encendido un intenso debate constitucional. Según el Artículo I de la Constitución de EE. UU., el poder de declarar la guerra recae en el Congreso. Aunque los presidentes han afirmado durante mucho tiempo la autoridad para llevar a cabo acciones militares limitadas, los críticos argumentan que iniciar hostilidades sostenidas contra una nación soberana supera con creces los límites del poder ejecutivo.

Legisladores de ambos partidos han expresado su preocupación de que saltarse al Congreso socava el equilibrio constitucional destinado a evitar la guerra unilateral. La Resolución de Poderes de Guerra fue diseñada precisamente para garantizar que los grandes enfrentamientos militares requieran debate y aprobación del Congreso. Al actuar primero y dejar que el Congreso reaccione después, la administración corre el riesgo de sentar un precedente en el que la acción militar a gran escala se convierta en una decisión ejecutiva en lugar de democrática.

Las apuestas no son teóricas. Cada día adicional de bombardeos aumenta la probabilidad de bajas estadounidenses, muertes civiles iraníes y escalada de represalias en toda la región. Las tropas estadounidenses destinadas en países vecinos son ahora posibles objetivos. Los civiles estadounidenses en el extranjero enfrentan un mayor riesgo. A nivel nacional, las familias de los militares se preguntan si sus seres queridos fueron enviados a peligro sin que se respetara el proceso constitucional completo.

Los partidarios del presidente argumentan que era necesaria una acción rápida para contrarrestar las amenazas iraníes y que el retraso habría envalentonado a los adversarios. Los críticos responden que la urgencia no borra los límites constitucionales. Si una guerra de esta magnitud es realmente necesaria, argumentan, la administración debería presentar su caso abiertamente ante el Congreso y el pueblo estadounidense.

La historia ha demostrado que las guerras lanzadas sin autorización clara a menudo se expanden más allá de sus objetivos iniciales. La cuestión ahora no es solo si esta campaña logrará sus objetivos estratégicos, sino si Estados Unidos está dispuesto a mantener sus propias barreras constitucionales mientras lo hace.

A medida que las bombas caen en el extranjero, el debate interno podría determinar el equilibrio futuro de la propia democracia estadounidense.

 

U.S.–Israel War with Iran Escalates as Constitutional Crisis Deepens at Home while in Iran its leader was killed during the attacks.

By Nuestra America Magazine News Desk

Iran's State Television announced this Saturday that the Leader of the Revolution and of the Islamic Republic, Sayyed Ali Khamenei, fell as a martyr at his workplace, the 'House of Leadership,' following a treacherous attack that occurred in the early hours of the morning while he was performing his duties in his office.

According to State Television, Khamenei's martyrdom refuted versions spread by media linked to the Zionist entity and reactionary currents in the region, which claimed that he lived in a safe and secret place.

Iranian authorities stated that the Leader remained until the end 'present in the field of responsibility alongside the children of his people.'

Similarly, they previously added that the daughter of the Leader of the Revolution, her son-in-law, and her grandson were martyred during the Israeli aggression.

The conflict between the United States, Israel, and Iran has entered a dangerous new phase, with sustained airstrikes, retaliatory missile launches, and rising casualties fueling fears of a broader regional war.

Over the past several days, U.S. and Israeli forces have intensified coordinated strikes targeting Iranian military infrastructure, including missile systems, command facilities, and strategic installations. The White House has described the campaign as necessary to degrade Iran’s military capacity and deter further aggression. Tehran, in turn, has responded with missile and drone attacks aimed at U.S. positions and Israeli targets, vowing continued retaliation.

The human cost is already mounting. Reports from the region indicate both military and civilian casualties, with infrastructure damage spreading across multiple provinces. U.S. service members stationed throughout the Middle East now face heightened threat levels, and regional governments are bracing for spillover violence. Oil markets have reacted sharply, and diplomatic channels appear largely frozen as emergency meetings at the United Nations have yielded little consensus.

Iran is not a minor adversary. It is a nation of nearly 100 million people, with significant conventional capabilities and regional influence through allied militias. A sustained bombing campaign risks triggering prolonged retaliation, proxy conflicts, and potentially a wider war drawing in additional states. What began as “targeted strikes” could evolve into an open-ended confrontation with unpredictable consequences.

But as dramatic as the military escalation is overseas, an equally serious crisis is unfolding in Washington.

President Donald Trump’s decision to launch this bombing campaign without first seeking authorization from Congress has ignited fierce constitutional debate. Under Article I of the U.S. Constitution, the power to declare war rests with Congress. While presidents have long asserted authority to conduct limited military actions, critics argue that initiating sustained hostilities against a sovereign nation far exceeds the boundaries of executive power.

Lawmakers from both parties have raised concerns that bypassing Congress undermines the constitutional balance intended to prevent unilateral war-making. The War Powers Resolution was designed precisely to ensure that major military engagements require congressional debate and approval. By acting first and leaving Congress to react later, the administration risks setting a precedent in which large-scale military action becomes an executive decision rather than a democratic one.

The stakes are not theoretical. Every additional day of bombing increases the likelihood of American casualties, Iranian civilian deaths, and retaliatory escalation across the region. U.S. troops stationed in neighboring countries are now potential targets. American civilians abroad face increased risk. Domestically, families of service members are left to wonder whether their loved ones were sent into harm’s way without the full constitutional process being honored.

Supporters of the president argue that swift action was necessary to counter Iranian threats and that delay would have emboldened adversaries. Critics counter that urgency does not erase constitutional limits. If a war of this magnitude is truly necessary, they argue, the administration should present its case openly to Congress and the American people.

History has shown that wars launched without clear authorization often expand beyond their initial objectives. The question now is not only whether this campaign will achieve its strategic goals, but whether the United States is willing to uphold its own constitutional guardrails while doing so.

As the bombs fall abroad, the debate at home may determine the future balance of American democracy itself.